El silencio que rodeó durante años al expediente de la valija con casi 800.000 dólares que ingresó a Argentina en 2007 —y por la cual en febrero de 2026 la Corte Suprema dejó firme la condena del exfuncionario argentino Claudio Uberti — parece un eco lejano. Sin embargo, esa historia, aparentemente extemporánea, se conecta con una pulsión más amplia y persistente del chavismo: la utilización de recursos públicos para incidir en la política exterior de otros países, a veces mediante mecanismos opacos y redes de influencia internacional.
La escena inicial es casi cinematográfica: en la madrugada del 4 de agosto de 2007, un vuelo privado proveniente de Caracas aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Entre los pasajeros iba el funcionario argentino Claudio Uberti, entonces director del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), y el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson. Luego de un control de rutina, agentes descubrieron US$790.550 en una valija no declarada, lo que desató uno de los escándalos judiciales y políticos más ruidosos de la década en Argentina.
Uberti fue condenado en 2023 y su pena fue confirmada en noviembre de 2024, un proceso que culminó cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de defensa en 2026 y ordenó su detención efectiva por contrabando agravado.
Pero esa condena apenas araña la superficie de una historia más profunda: una genealogía de recursos estatales —petróleo, dinero, influencias— que se han usado para influir en política extranjera y sostener redes de poder más allá de las fronteras venezolanas.
2007–2008: el “maletínazo” y sus sombras
El contenido y destino final de la valija nunca se esclarecieron del todo. Antonini Wilson aseguró que el dinero era para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner; fiscales argentinos más adelante lo interpretaron como parte de una red de financiamiento irregular desde la estatal petrolera PDVSA.
En Estados Unidos, varios venezolanos relacionados con Antonini también fueron acusados de operar como “agentes extranjeros no registrados”, entre ellos Moisés Maionica, un abogado implicado que terminó declarando su culpabilidad, y otros como Frankín Durán y Carlos Kauffmann, quienes estaban relacionados empresarialmente con Antonini y sus actividades petroleras en ese momento.
La causa radializó más allá de Buenos Aires: tribunales en Estados Unidos y acusaciones sobre canales de dinero vinculados presuntamente al gobierno de Hugo Chávez elevaron el caso a la condición de símbolo de cómo recursos petroleros podían usarse para mover influencias dentro y fuera de Venezuela.
Aquella trama quedó, para muchos analistas, como un primer indicio de algo más profundo: un patrón de uso de recursos estatales para incidir en campañas y políticas ajenas, un patrón que años después reaparecería con distintos actores e instrumentos.
la ruta del dinero venezolano hacia Ecuador
Un capítulo particularmente revelador en la historia reciente de la influencia financiera del chavismo fuera de Venezuela está documentado en la investigación “El corsé de Caracas: cómo se diseñó la ruta del dinero que terminó en la política ecuatoriana” publicada por Contexto.info. Este reportaje reconstruye un circuito financiero que conectó a Caracas con Quito, y que no puede ser entendido sin considerar una larga historia de operaciones económicas opacas, empresarios intermediarios y presencia directa de representantes del Estado venezolano en decisiones que influyeron en la política ecuatoriana.
¿De qué se trata ese circuito?
Según lo reconstruido, este entramado se originó en operaciones de comercio entre Venezuela y Ecuador, especialmente durante los años de mayor estrechez económica venezolana —cuando el país se encontraba bajo control de cambio rígido y dependencia de dólares petroleros— y que terminó, según fiscales de Ecuador, financiando a actores políticos dentro de aquel país, influenciando decisiones institucionales y generando mecanismos de corrupción que beneficiaron a ciertos funcionarios y grupos cercanos al poder.
Lo más relevante para contextualizarlo dentro del modelo de influencia política venezolana es entender que no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de mover recursos financieros a través de contrabandos de servicios, falsas exportaciones y empresas fachada que podían justificar salidas de capitales del sistema formal, y que terminaron con dinero canalizado hacia campañas o estructuras políticas en Ecuador. Esto fue confirmado por investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana relacionadas con financiamiento irregular y flujos sin justificar que llegaron al corazón de sus procesos políticos internos.
En algunos casos, exfuncionarios ecuatorianos han reconocido haber trasladado fondos desde Venezuela en medio de acuerdos con autoridades de ese país. Uno de ellos, el ex asambleísta Santiago Díaz, declaró en versiones judiciales que “trasladó dinero desde Venezuela por orden del presidente Rafael Correa”, lo que confirma la existencia de ese circuito transfronterizo de recursos con impacto político.
¿Quiénes fueron los actores venezolanos detrás de ese mecanismo?
En el centro de esas redes aparece la figura de Álex Saab, un empresario colombiano reconocido internacionalmente como uno de los principales intermediarios del chavismo para contratos de bienes y servicios, especialmente en el esquema de los CLAP (programa de alimentos). Saab fue investigado en múltiples países por presuntas operaciones de lavado de dinero, sobrefacturación y uso de recursos estatales para redes financieras opacas. Aunque el foco de la investigación en Ecuador no señala necesariamente a Saab en todos los hechos, la investigación publicada por Contexto.info une esa ruta de dinero con las estructuras económicas venezolanas que Saab y sus asociados ayudaron a articular, especialmente a través de acuerdos de comercio bilaterales con Ecuador y otras naciones.
Esa ruta implicó el uso de falsas exportaciones, empresas intermediarias y contratos inflados que permitieron que los recursos no quedaran del todo registrados como salidas oficiales de capitales, por lo que el dinero terminó “circulando” en circuitos ilegales o semi-legales que, en último término, llegaron a influir en la financiación de campañas y movimientos políticos ecuatorianos.
Impacto político en Ecuador
La investigación fiscal en Ecuador encontró evidencia de que dinero vinculado a Venezuela terminó en la política ecuatoriana de manera irregular, al punto de que el entonces presidente Daniel Noboa llegó a advertir públicamente sobre “movimientos de dinero” inusuales que apuntaban a financiamiento de campañas políticas desde fuera del país.
Ese episodio no solo confirmó que la red de dinero venezolano había tenido un impacto tangible en la política ecuatoriana, sino que varios exfuncionarios ecuatorianos siguieron manteniendo relaciones políticas e incluso contactos con representantes de Caracas años después, a pesar de los cambios de gobierno y las investigaciones judiciales en curso.
2010–2018: PDVSA, oro, financiamiento y polémicas transatlánticas
Durante la década siguiente, mientras Venezuela se sumergía en una crisis económica y política cada vez más profunda, emergieron otros casos y sospechas sobre cómo la petrolera estatal PDVSA —una fuente vital de ingresos para el chavismo— era también parte de circuitos financieros opacos que tocaban influencias europeas.
En España, por ejemplo, investigaciones judiciales han documentado la existencia de un “Caso Hidrocarburos” en el que un empresario, Víctor de Aldama, declaró ante la Audiencia Nacional que recibió un sobre procedente de PDVSA que le había sido entregado por Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina de Venezuela. Según esa declaración, el sobre contenía información relativa a una supuesta financiación irregular de partidos políticos como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Internacional Socialista, aunque Aldama no detalló el contenido.
Esa investigación sigue en curso y, aunque no ha generado aún un procesamiento formal por esos hechos, coloca a una figura que ahora está al mando de Venezuela —Delcy Rodríguez— en el centro de una trama que cruza fronteras y toca la política europea.
No se trata únicamente de ese episodio. Periodistas e informes de inteligencia han señalado desde hace años que Delcy Rodríguez ha estado en el radar de agencias como la DEA (Drug Enforcement Administration) estadounidense por supuestos vínculos con circuitos de dinero, oro y minería opaca, aunque esa designación no siempre ha resultado en cargos formales.
Mientras tanto, entre 2018 y 2024 Rodríguez acumuló roles clave en el gobierno venezolano: desde vicepresidenta hasta ministra de Economía, Finanzas y luego de Petróleo y Hidrocarburos, controlando sectores estratégicos del Estado bolivariano.
El caso de la ruta del dinero hacia Ecuador no solo enriquece tu reportaje con una dimensión más amplia y contemporánea, sino que ilustra cómo el chavismo ha evolucionado en su manera de proyectar influencia política y de financiar redes de poder regionales, siempre mediante mecanismos que ocultan la naturaleza real de los recursos movilizados. En Ecuador, investigaciones fiscales y periodísticas han señalado que desde Caracas se tejieron circuitos financieros destinados a influir en decisiones políticas internas, mediante contratos, facturaciones cruzadas y pagos que terminaron, según esas propias pesquisas, canalizando recursos vinculados a PDVSA hacia actores políticos ecuatorianos, al punto de que autoridades como el entonces presidente Daniel Noboa advirtieron públicamente sobre movimientos inusuales de dinero con posible impacto político.
Esta ruta diseñada no fue una improvisación: fue un proceso estructurado que aprovechó la institucionalización de recursos petroleros y redes empresariales de Venezuela para incidir en la política de otro país. Eso lo convierte en un paralelo más sofisticado del mismo patrón que había asomado en 2007 con el “maletínazo” del caso Antonini-Uberti, aunque en ese momento con recursos en efectivo y de manera más rudimentaria.
Integrar esta historia con el relato de Claudio Uberti y con la figura de Delcy Rodríguez —actual presidenta interina de Venezuela en 2026— permite ver que la práctica de mover dinero con fines políticos no se extinguió con Chávez ni con Maduro, sino que ha adoptado nuevas formas y ha continuado hasta nuestros días. La investigación que señala el vínculo de Delcy con un sobre de PDVSA entregado a un empresario en España dentro de una causa judicial que investiga presunta financiación irregular de partidos europeos —y las múltiples sanciones y monitoreos internacionales que han marcado su trayectoria— confirma que, más allá de quién esté sentado en Miraflores, la lógica de usar recursos del Estado con fines de influencia política externa permanece como un hilo persistente en el relato del chavismo contemporáneo.
