Bolivia atraviesa hoy su crisis política y social más delicada en años. El gobierno del presidente Rodrigo Paz admitió este fin de semana la muerte de un manifestante durante un operativo policial-militar en medio de protestas que ya completan casi un mes y mantienen parcialmente paralizadas varias regiones del país. La tensión escaló luego de que organizaciones sindicales, campesinas e indígenas denunciaran represión estatal y endurecieran los bloqueos que mantienen sitiada a La Paz y afectan el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

En respuesta, Paz anunció una reducción del 50% de su salario y del gabinete, prometió cambios ministeriales y reiteró que su administración enfrenta un intento de “desestabilización institucional” impulsado por sectores vinculados al expresidente Evo Morales.

Pero detrás del discurso oficial existe una realidad mucho más compleja: Bolivia no enfrenta solamente protestas coyunturales. Lo que se desarrolla es la convergencia de una profunda crisis económica, una fractura política acumulada tras casi dos décadas del Movimiento al Socialismo (MAS) y una disputa por el control del futuro político del país.

El origen de la crisis: economía, combustible y desgaste social

Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo impulsadas por reclamos económicos y sindicales. Los detonantes fueron claros:

• crisis de combustibles,
• inflación creciente,
• caída del poder adquisitivo,
• escasez de productos básicos,
• y rechazo a las políticas de ajuste económico impulsadas por el nuevo gobierno.

El gobierno de Rodrigo Paz, que llegó al poder en noviembre de 2025 tras derrotar al MAS y poner fin a casi veinte años de hegemonía de la izquierda boliviana, heredó una economía debilitada por déficit fiscal, reducción de reservas internacionales y dependencia de subsidios estatales.

Para estabilizar las cuentas públicas, el Ejecutivo impulsó medidas de austeridad, reducción de subsidios y reformas orientadas al mercado. Entre ellas destacó la polémica Ley 1720, rechazada por movimientos indígenas y campesinos por considerar que favorecía intereses agroindustriales y alteraba el régimen histórico de tierras en Bolivia.

La reacción fue inmediata.

La Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos mineros, maestros, trabajadores de salud y organizaciones campesinas iniciaron protestas y bloqueos de carreteras. Lo que inicialmente eran demandas salariales y sectoriales evolucionó rápidamente hacia consignas políticas que exigen la renuncia del presidente.

El país bloqueado

En pocas semanas, Bolivia quedó atrapada en un escenario que revive algunos de los episodios más críticos de su historia reciente.

Los bloqueos se multiplicaron en decenas de puntos estratégicos. La Paz comenzó a sufrir escasez de alimentos, largas filas por combustible y dificultades hospitalarias por falta de oxígeno y suministros médicos. Miles de vehículos quedaron atrapados en carreteras y las pérdidas económicas diarias ya se calculan en decenas de millones de dólares.

La situación se agravó cuando comenzaron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El gobierno negó inicialmente el uso de armas letales, pero terminó reconociendo la muerte de un joven de 24 años durante un operativo cerca de La Paz. Organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica exigieron investigaciones independientes mientras las protestas se radicalizaron aún más.

La respuesta oficial combinó intentos de diálogo con una narrativa de defensa institucional. Paz anunció la creación de un “Consejo Económico y Social”, ofreció alivios fiscales y reorganización ministerial, aunque mantuvo una línea roja: no negociar con sectores que exijan su salida del poder.

La sombra permanente de Evo Morales

Aunque las protestas tienen un componente social real y profundo, la figura de Evo Morales atraviesa toda la crisis.

El gobierno sostiene que sectores “evistas” participan activamente en la coordinación de movilizaciones y buscan debilitar al nuevo Ejecutivo. Paz denunció incluso ante la OEA un intento de desestabilización democrática.

Morales, por su parte, niega dirigir las protestas, pero ha mantenido un discurso de abierta confrontación con el gobierno. En medio de la crisis, incluso planteó adelantar elecciones en un plazo de 90 días.

El expresidente sigue siendo una figura con enorme capacidad de influencia política y simbólica en sectores campesinos, indígenas y sindicales, particularmente en regiones como Cochabamba. Además, mantiene una confrontación abierta con las instituciones judiciales bolivianas y enfrenta órdenes de captura y procesos judiciales que sus seguidores consideran persecución política.

Sin embargo, reducir toda la crisis a una operación impulsada por Morales sería simplificar un escenario mucho más estructural.

La crisis boliviana expresa también el agotamiento de un modelo económico sostenido durante años por subsidios estatales, altos ingresos de materias primas y fuerte gasto público. El deterioro económico venía acumulándose antes de la llegada de Rodrigo Paz, pero las reformas de choque aceleraron el malestar social.

Una fractura política y simbólica

La llegada de Rodrigo Paz significó un cambio político profundo en Bolivia.

Su triunfo representó el regreso de sectores más liberales y centristas al poder después de casi dos décadas de predominio del MAS. Desde el inicio, su gobierno tomó distancia de los símbolos políticos del ciclo anterior: restableció relaciones con Estados Unidos, endureció posiciones frente a gobiernos aliados del MAS y promovió una agenda más orientada al mercado.

Algunas decisiones tuvieron fuerte impacto simbólico, como la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente o el retiro de la wiphala —símbolo indígena— de edificios gubernamentales. Para amplios sectores populares e indígenas, estas medidas reforzaron la percepción de exclusión política y cultural.

Esa ruptura explica parte de la intensidad de las protestas actuales.

Bolivia no solo vive una disputa económica: atraviesa un conflicto sobre identidad política, representación social y modelo de Estado.

El riesgo para la región

La crisis boliviana ya comenzó a tener impacto regional.

Estados Unidos respaldó públicamente al gobierno de Paz y calificó las protestas como un intento de golpe de Estado impulsado por sectores radicales y estructuras criminales.

En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó duramente al gobierno boliviano y criticó la respuesta represiva frente a las movilizaciones, generando incluso tensiones diplomáticas entre ambos países.

La polarización regional alrededor de Bolivia refleja una realidad más amplia en América Latina: el regreso de la disputa ideológica entre gobiernos progresistas y administraciones de corte liberal o conservador, en un contexto de creciente fragilidad económica y malestar social.

El escenario que enfrenta Bolivia

Hoy Bolivia parece atrapada entre dos fuerzas.

Por un lado, un gobierno que intenta consolidarse en medio de una economía frágil y sin mayoría política sólida. Por otro, movimientos sociales con enorme capacidad de movilización que sienten amenazadas conquistas económicas y simbólicas construidas durante los años del MAS.

El problema para Rodrigo Paz es que el tiempo juega en su contra.

Cada día de bloqueos profundiza el deterioro económico, erosiona la legitimidad gubernamental y aumenta el riesgo de que la crisis escape del control institucional. Pero al mismo tiempo, los sectores movilizados tampoco parecen tener una conducción unificada ni una salida política clara.

Bolivia vuelve así a un patrón histórico que ha marcado buena parte de su vida republicana: gobiernos debilitados, protestas masivas, crisis económicas y una disputa permanente entre legitimidad institucional y legitimidad popular.

La gran incógnita ahora es si el país logrará encauzar el conflicto mediante negociación política o si terminará entrando en una fase todavía más peligrosa de confrontación y desgaste democrático.