Hay decisiones judiciales que resuelven conflictos. Otras los crean. Y algunas, sin proponérselo, terminan transformando la realidad que intentaban corregir.
La decisión que prohíbe a Abelardo De La Espriella y a sus seguidores utilizar la camiseta de la Selección Colombia en actividades políticas parece pertenecer a esta última categoría. No porque vaya a definir el resultado de una elección presidencial ni porque altere de manera sustancial el curso de la campaña, sino porque ha provocado algo mucho más interesante: convertir una prenda deportiva en el centro de una discusión sobre libertad, símbolos y poder.
La intención detrás de la medida puede ser discutible o defendible, dependiendo de la posición política de cada quien. Lo verdaderamente llamativo es la premisa sobre la cual parece construirse: la idea de que la camiseta de la Selección Colombia debe ser protegida de la disputa política porque representa algo que pertenece a todos los colombianos.
Y es precisamente allí donde aparece la contradicción.
La camiseta de la selección no es un símbolo nacional. No tiene el estatus jurídico de la bandera, el escudo o el himno. No está definida por la Constitución ni forma parte de los emblemas oficiales de la República. Es una prenda deportiva que millones de personas compran, usan y sienten como propia porque durante décadas ha acompañado alegrías, frustraciones y momentos de identidad colectiva alrededor del fútbol.
Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. Los símbolos institucionales existen para representar a la Nación frente a sí misma y frente al mundo. Los símbolos populares, en cambio, nacen de la experiencia colectiva, de las emociones compartidas y de los afectos que una sociedad construye con el tiempo. Su legitimidad no proviene de una norma, sino del reconocimiento espontáneo de millones de personas.
Dicho de otra manera: la bandera pertenece al Estado; la camiseta pertenece a los colombianos. Y confundir una con la otra conduce inevitablemente a errores de interpretación como el que hoy alimenta esta controversia.
Quizás por eso resulta tan extraño que un tribunal haya terminado interviniendo en una discusión sobre quién puede utilizarla y en qué contexto.
Los jueces están llamados a interpretar normas, proteger derechos y resolver controversias jurídicas. Sin embargo, los símbolos obedecen a una lógica distinta. Su significado no se determina mediante sentencias ni puede ser administrado desde un despacho judicial. Los símbolos adquieren fuerza, evolucionan y cambian de significado a partir de la manera en que la sociedad los incorpora a su vida cotidiana.
Hasta hace apenas unos días, la inmensa mayoría de los colombianos veía la camiseta de la selección como lo que siempre ha sido: una camiseta de fútbol. Hoy, después de la controversia, muchos comienzan a verla también como un elemento de una disputa política. No porque así lo haya decidido la ciudadanía ni porque haya existido una campaña particularmente brillante para lograrlo, sino porque una decisión judicial la colocó en el centro del debate público.
La paradoja es evidente. En el intento por impedir una eventual apropiación política del símbolo, se terminó acelerando exactamente ese proceso.
Desde una perspectiva electoral, el error parece aún más profundo. La política moderna se mueve menos por argumentos jurídicos que por emociones, percepciones y símbolos. La mayoría de los ciudadanos no leerá el texto de una tutela ni estudiará los fundamentos de una decisión judicial. Lo que sí percibirá es algo mucho más simple: que existe una controversia alrededor de una camiseta que muchos consideran parte de su cotidianidad.
Y cuando la política se traslada al terreno de los símbolos, las consecuencias rara vez son las previstas por quienes activan la controversia.
Por eso cuesta entender el cálculo político detrás de este episodio. Si el objetivo era evitar que un sector se identificara con la camiseta de la selección, el resultado parece estar siendo exactamente el contrario. Miles de personas que probablemente nunca habían pensado en ella como una expresión política comienzan ahora a asociarla con una posición dentro de la actual contienda electoral.
En política, los símbolos funcionan de manera distinta a los argumentos. Un argumento puede ser refutado. Un símbolo puede ser apropiado emocionalmente por millones de personas. Por eso resulta tan llamativo que sectores que durante años han demostrado comprender el valor de los símbolos hayan terminado entregando uno de manera gratuita a sus adversarios. Lo que antes era una camiseta asociada exclusivamente al fútbol hoy corre el riesgo de convertirse en una expresión de identidad política para una parte del electorado.
Más que una victoria comunicacional de Abelardo De La Espriella, lo ocurrido parece un error de cálculo de quienes promovieron la controversia.
La historia política está llena de ejemplos en los que un intento de restricción termina fortaleciendo aquello que pretendía limitar. Lo que era cotidiano se convierte en extraordinario. Lo que pasaba inadvertido adquiere visibilidad. Lo que era una simple prenda termina cargándose de significados que antes no tenía.
Como extranjero radicado en Colombia desde hace varios años, hay algo particularmente llamativo en todo esto. Una de las cosas que más admiración genera de este país es la capacidad que tiene para encontrar puntos de encuentro en medio de profundas diferencias políticas, sociales y regionales. La camiseta amarilla ha sido uno de esos pocos espacios compartidos. No porque todos piensen igual, sino porque durante noventa minutos de fútbol las diferencias suelen quedar en segundo plano.
Porque el problema no es que un candidato use una camiseta. El problema es que una decisión judicial termine contribuyendo a que millones de personas la observen desde una lógica partidista.
A veces las instituciones producen efectos contrarios a los que buscan. Y pocas veces ese fenómeno resulta tan evidente como cuando intentan intervenir sobre símbolos que ya pertenecen al imaginario colectivo.
La camiseta de la selección seguirá siendo amarilla. Seguirá acompañando a Colombia en el Mundial de 2026 y seguirá representando para millones de personas mucho más que una simple prenda deportiva.
Lo que cambió esta semana fue otra cosa: un tribunal decidió entrar en una discusión que nunca pudo resolver mediante una sentencia. Porque las leyes regulan conductas, pero los símbolos pertenecen a una dimensión distinta de la vida colectiva. Y cuando ambos terrenos se confunden, las consecuencias suelen ser muy diferentes a las imaginadas por quienes tomaron la decisión.
Tal vez dentro de algunas semanas esta controversia sea apenas una anécdota de campaña. Pero deja una lección interesante sobre los límites de las instituciones frente a los símbolos que una sociedad construye para sí misma. Los tribunales pueden interpretar las leyes, proteger derechos y resolver controversias. Lo que difícilmente pueden hacer es administrar los afectos colectivos de una nación.
Porque la bandera pertenece al Estado. La camiseta pertenece a los colombianos. Y cuando se olvida esa diferencia, las consecuencias suelen ser muy distintas a las que se buscaban.
