Por la Redacción de Contexto.info
La cifra no deja espacio para la indiferencia. A casi dos semanas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, el balance oficial asciende a 3.535 personas fallecidas, más de 16.700 heridos y cerca de 18.000 ciudadanos que siguen sin hogar, mientras unas 12.800 personas permanecen en 80 refugios temporales distribuidos en distintas zonas del país.
Detrás de esos números hay familias enteras que perdieron todo, comunidades que desaparecieron bajo los escombros y un país que, una vez más, descubrió que la tragedia natural encontró un terreno fértil en décadas de deterioro institucional.
Porque el terremoto dejó edificios destruidos. Pero también dejó al descubierto las grietas de un Estado que, pese a haber administrado durante años una de las mayores bonanzas petroleras del continente, llegó a una de las peores emergencias de su historia sin la capacidad de respuesta que una nación con esos recursos pudo haber construido.
Dos terremotos casi consecutivos
No fue un solo movimiento telúrico.
Venezuela fue golpeada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos prácticamente uno detrás del otro. Esa secuencia constituye uno de los escenarios más complejos que puede enfrentar cualquier sistema de gestión del riesgo.
El primer sismo ya había comprometido estructuras, vías, puentes y edificaciones. Segundos (39 para ser precisos) después, el segundo movimiento terminó de colapsar construcciones que habían quedado debilitadas, multiplicando el número de víctimas y dificultando enormemente las labores de rescate.
Especialistas en ingeniería sísmica coinciden desde hace años en que una infraestructura puede resistir un gran evento dependiendo de su diseño, mantenimiento y cumplimiento de normas de construcción. Sin embargo, cuando dos terremotos de semejante magnitud ocurren con una separación mínima, incluso edificaciones modernas pueden sufrir daños severos.
Ese contexto ayuda a comprender la magnitud de la catástrofe, pero no explica por sí solo todo lo ocurrido.
La tragedia que puso a prueba al Estado
Los terremotos no solo derrumbaron edificios. También sometieron a examen la capacidad del Estado venezolano para enfrentar una emergencia de dimensiones extraordinarias. Conforme avanzaban las horas, la realidad que emergía desde Caracas, La Guaira y otras de las zonas más golpeadas era la de un sistema ampliamente superado por la magnitud del desastre.
Mientras miles de familias recorrían hospitales, improvisaban listas de desaparecidos o removían escombros con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, la red de atención sanitaria trabajaba bajo una presión cada vez mayor. En pocos días, cerca de 18.000 personas quedaron sin hogar y unas 12.800 tuvieron que ser albergadas en 80 refugios temporales, donde la prioridad dejó de ser únicamente asistir a los sobrevivientes para convertirse también en evitar una crisis de salud pública.
La dimensión de la emergencia obligó a una movilización internacional pocas veces vista en la historia reciente de Venezuela y la región. Equipos de búsqueda y rescate, personal médico, hospitales de campaña, toneladas de ayuda humanitaria, perros especializados y asistencia logística comenzaron a llegar desde Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador, Panamá, República Dominicana, El Salvador, España, Suiza, Alemania, Francia, Italia e India, además del despliegue coordinado de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones humanitarias. En total, las autoridades venezolanas informaron haber recibido apoyo de 30 países, que enviaron más de 3.600 rescatistas, alrededor de 1.000 toneladas de suministros y 118 perros especializados en búsqueda y rescate.
A medida que la fase de rescate daba paso a la atención de los sobrevivientes, surgió una segunda preocupación. La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre el riesgo de brotes epidemiológicos derivados del hacinamiento y de las limitaciones en las condiciones de saneamiento dentro de los refugios, un escenario frecuente cuando miles de personas deben permanecer durante semanas en instalaciones provisionales.
Ningún país está completamente preparado para enfrentar dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la capacidad de respuesta durante las primeras horas suele marcar la diferencia entre una tragedia y una catástrofe de mayores proporciones. En Venezuela, la magnitud del despliegue internacional terminó reflejando otra realidad: la emergencia había rebasado las capacidades nacionales y obligó al mundo a acudir en auxilio de un país que alguna vez contó con recursos suficientes para haber construido un sistema mucho más robusto frente a desastres de esta naturaleza.
La bonanza que nunca se convirtió en país
Toda gran catástrofe deja una pregunta suspendida entre los escombros: ¿cuánto del dolor era inevitable y cuánto pudo haberse evitado?
En Venezuela esa pregunta resulta especialmente incómoda.
Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, el país iniciaba el mayor ciclo de ingresos petroleros de su historia contemporánea. Durante los años siguientes, impulsado por un precio internacional del crudo que alcanzó niveles récord y por una industria que todavía conservaba una elevada capacidad de producción, el Estado venezolano administró una riqueza difícil de encontrar en cualquier otro momento de América Latina. Solo PDVSA registró ingresos cercanos a 635.000 millones de dólares entre 1999 y 2017, mientras distintas estimaciones económicas sitúan la renta petrolera total administrada por el Estado durante el ciclo chavista en más de un billón de dólares, al incorporar regalías, impuestos y otros mecanismos extraordinarios de captación de recursos.
Era una oportunidad histórica.
Con una fracción de esos recursos, Venezuela habría podido desarrollar una red hospitalaria moderna, fortalecer los cuerpos de bomberos y Protección Civil, establecer sistemas nacionales de alerta temprana, crear unidades especializadas de búsqueda y rescate urbano, actualizar sus normas de construcción sismorresistente y mantener una infraestructura crítica preparada para enfrentar emergencias de gran magnitud.
Nada de eso habría impedido que el 24 de junio la tierra se moviera. Ninguna inversión puede detener un terremoto de magnitud 7,2 seguido apenas 39 segundos después por otro de 7,5. Pero sí puede reducir el número de víctimas, acelerar el rescate de sobrevivientes, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y ofrecer una respuesta mucho más eficaz durante las horas que suelen definir la diferencia entre la vida y la muerte.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Mientras el país recibía ingresos petroleros sin precedentes, la propia industria que los generaba comenzó a deteriorarse. La producción de crudo cayó de más de 3 millones de barriles diarios a alrededor de un millón, reflejando años de desinversión, problemas de gestión y pérdida de capacidad operativa. La misma riqueza que pudo financiar un Estado más fuerte terminó sin evitar el deterioro de la principal fuente de ingresos del país.
Por eso, cuando el terremoto puso a prueba la capacidad de respuesta de Venezuela, la discusión ya no se limitó a la fuerza de la naturaleza. También alcanzó a las decisiones tomadas durante décadas sobre el destino de una riqueza extraordinaria que pudo transformar al país y que, a la luz de esta tragedia, dejó una pregunta imposible de esquivar: ¿qué habría ocurrido si una parte significativa de esa bonanza se hubiese invertido en construir instituciones e infraestructura capaces de proteger a los venezolanos cuando más las necesitaban?
Vargas: la lección que nunca se convirtió en política de Estado
Para Venezuela, el terremoto del 24 de junio no fue la primera gran tragedia natural de las últimas décadas.
En diciembre de 1999, apenas semanas después de la llegada de Hugo Chávez al poder, lluvias torrenciales desencadenaron deslaves e inundaciones que devastaron el entonces estado Vargas, hoy La Guaira. La catástrofe arrasó poblaciones enteras, destruyó carreteras, puentes y viviendas, y dejó un número de víctimas que, más de un cuarto de siglo después, sigue siendo objeto de debate. Las estimaciones más aceptadas sitúan el saldo entre 10.000 y 30.000 fallecidos, mientras distintos estudios académicos han señalado que nunca llegó a consolidarse un registro oficial definitivo.
Aquella tragedia pudo convertirse en el punto de partida para construir un sistema nacional moderno de gestión del riesgo. Era el momento de reforzar las normas de construcción, profesionalizar los organismos de emergencia, desarrollar sistemas de alerta temprana, invertir de forma sostenida en infraestructura crítica y preparar al país para enfrentar futuros eventos de gran magnitud.
Sin embargo, el terremoto de 2026 sugiere que esa transformación nunca terminó de consolidarse.
Entre ambos desastres transcurrieron veintisiete años. Durante ese mismo período, Venezuela recibió la mayor bonanza petrolera de su historia contemporánea. De acuerdo con análisis económicos y registros de la propia industria, el país obtuvo ingresos superiores al billón de dólares derivados del petróleo, mientras la estatal PDVSA llegó a registrar ingresos cercanos a 635.000 millones de dólares entre 1999 y 2017. Paralelamente, investigaciones periodísticas, organizaciones como Transparencia Venezuela y numerosos procesos judiciales dentro y fuera del país documentaron centenares de casos de corrupción asociados a la administración pública y al sector petrolero, así como el progresivo deterioro de la propia industria que financiaba esos recursos.
El contraste resulta difícil de ignorar. El país que en 1999 prometió aprender de Vargas enfrentó en 2026 otra tragedia nacional dependiendo nuevamente de una amplia operación internacional de ayuda humanitaria. La diferencia entre ambos episodios no fue únicamente el fenómeno natural que los desencadenó, sino la oportunidad perdida de convertir la experiencia de una catástrofe en una política de Estado orientada a reducir la vulnerabilidad de las siguientes generaciones.
La ciencia había identificado el riesgo
Una objeción suele aparecer cada vez que ocurre un gran terremoto: nadie puede predecir cuándo volverá a temblar la tierra.
Es cierto.
La ciencia todavía no puede establecer la fecha, la hora o el lugar exacto donde ocurrirá un terremoto. Pero esa imposibilidad nunca ha significado que los Estados deban permanecer a la espera de que ocurra el siguiente desastre. Por el contrario, el objetivo de la investigación sismológica es identificar las zonas de mayor amenaza, comprender el comportamiento de las fallas geológicas y proporcionar información que permita reducir la vulnerabilidad de la población mucho antes de que ocurra una emergencia.
Desde mucho antes de que el terremoto del 24 de junio sacudiera a Venezuela, los científicos ya sabían que buena parte del centro y occidente del país estaba atravesada por algunos de los sistemas de fallas geológicas más activos del norte de Suramérica. Durante décadas, investigadores de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) desarrollaron estudios geológicos, paleosismológicos e históricos que permitieron reconstruir el comportamiento de esas fallas y comprender mejor el riesgo que representaban para millones de venezolanos.
Entre los trabajos más relevantes destacan las investigaciones lideradas por el geólogo Franck Audemard, quien desde la década de los noventa documentó la actividad de la Falla de Boconó, uno de los principales sistemas tectónicos del país. A través de excavaciones paleosísmicas, análisis geológicos y la reconstrucción de terremotos históricos, los investigadores concluyeron que esa falla había generado algunos de los eventos sísmicos más destructivos registrados en Venezuela, entre ellos el gran terremoto del 26 de marzo de 1812, que devastó ciudades como Caracas, Barquisimeto, Mérida y San Felipe.
Aquellas investigaciones no anunciaban que un terremoto ocurriría el 24 de junio de 2026. Ningún científico serio podía hacerlo. Lo que sí demostraban era que el riesgo existía, que las fallas permanecían activas y que, tarde o temprano, volverían a liberar la energía acumulada durante décadas o siglos.
FUNVISIS fue incluso más allá de la investigación geológica. Durante años elaboró mapas nacionales de amenaza sísmica y escenarios de daños para ciudades como Caracas, con el propósito de estimar el impacto que tendría un gran terremoto sobre la infraestructura, los servicios públicos y la población. Ese conocimiento no estaba destinado a permanecer en publicaciones científicas. Su objetivo era orientar la toma de decisiones del Estado: actualizar los códigos de construcción, reforzar hospitales y escuelas, planificar el crecimiento urbano, fortalecer los organismos de protección civil, diseñar protocolos de emergencia y priorizar inversiones allí donde el riesgo era mayor.
En gestión del riesgo existe un principio ampliamente aceptado: los fenómenos naturales son inevitables, pero los desastres no dependen únicamente de la fuerza de la naturaleza. Son el resultado de la interacción entre una amenaza conocida y el grado de vulnerabilidad de la sociedad que la enfrenta. Cuanto más sólidas son las instituciones, más moderna es la infraestructura y mejor preparados están los sistemas de respuesta, menores suelen ser las pérdidas humanas y materiales.
Eso explica por qué terremotos de magnitud similar producen consecuencias tan distintas alrededor del mundo. La intensidad del movimiento sísmico puede ser la misma; lo que cambia es la capacidad de un país para resistir el impacto, rescatar a los sobrevivientes, mantener operativos sus servicios esenciales y acelerar la recuperación.
El conocimiento, por tanto, existía. La amenaza también. Lo que el terremoto de 2026 volvió a poner sobre la mesa no fue un fracaso de la ciencia para anticipar lo impredecible, sino la incapacidad del Estado para transformar décadas de conocimiento técnico en políticas públicas sostenidas de prevención, resiliencia e inversión en infraestructura crítica. Porque los terremotos no pueden anunciarse. Pero un país sí puede prepararse para ellos cuando conoce, desde hace décadas, dónde están las fallas que algún día volverán a moverse.
La prueba de fuego de un modelo de Estado
Las grandes tragedias tienen una particularidad: terminan revelando aquello que durante años permaneció oculto bajo la rutina cotidiana.
Antes del 24 de junio, el deterioro de la infraestructura, las limitaciones de los servicios públicos y las debilidades institucionales podían analizarse por separado. El terremoto las reunió todas en un mismo escenario y las sometió a una prueba extrema.
La respuesta de un Estado frente a una catástrofe no se improvisa cuando ocurre la emergencia. Es el resultado de décadas de decisiones sobre qué se construye, qué se mantiene, qué se moderniza y cuáles son las prioridades del gasto público. Cada hospital reforzado, cada puente inspeccionado, cada cuerpo de bomberos equipado y cada protocolo actualizado forman parte de una misma política: proteger vidas antes de que ocurra el desastre.
La emergencia sísmica obligó, inevitablemente, a revisar ese balance. Durante más de un cuarto de siglo, los gobiernos chavistas administraron una riqueza petrolera extraordinaria y concentraron en el Estado un nivel de recursos pocas veces visto en la historia del país. Al mismo tiempo, Venezuela fue perdiendo capacidad institucional, su infraestructura pública mostró un deterioro progresivo y la propia industria petrolera —la fuente de esa riqueza— terminó produciendo apenas una fracción de lo que producía al inicio del siglo.
Ese contraste resulta imposible de ignorar. La tragedia no solo dejó miles de víctimas; también expuso el desenlace de un modelo de gestión pública que, pese a disponer durante años de recursos excepcionales, no logró consolidar instituciones lo suficientemente sólidas para enfrentar una emergencia de esta magnitud.
La discusión sobre las responsabilidades individuales corresponde a los órganos de investigación y a la justicia. Pero el balance sobre las políticas públicas pertenece al debate democrático. Y, bajo esa perspectiva, el terremoto dejó una conclusión difícil de rebatir: la mayor bonanza petrolera de la historia contemporánea de Venezuela no terminó convirtiéndose en un Estado más resiliente, ni en una infraestructura más segura, ni en un sistema de protección civil acorde con los riesgos que enfrenta un país ubicado en una región de alta actividad sísmica.
Cuando la tierra dejó de temblar, no solo quedaron al descubierto las fallas de edificios y carreteras. También quedaron expuestas las fisuras acumuladas durante décadas en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en el momento en que más lo necesitaban.
