En otro momento —no tan lejano— el chavismo resumía su política energética en una consigna que era, al mismo tiempo, ideológica y estratégica: “ni una gota de petróleo para el imperio”. Dos décadas después, y desde un escenario muy distinto, el mensaje ha cambiado de forma sustancial.
Este miércoles, en Miami, ante un auditorio compuesto por fondos de inversión, ejecutivos y responsables de política económica, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una oferta difícil de reconciliar con ese pasado: un sector petrolero abierto al capital privado, con flexibilidad fiscal, mecanismos de arbitraje internacional y hasta un 64% del valor del barril sujeto a negociación con inversionistas.
El contexto en el que se produce este giro es tan relevante como el contenido del mensaje. La intervención tuvo lugar en el FII Priority Summit, una plataforma impulsada por el Future Investment Initiative Institute, respaldada por el fondo soberano de Arabia Saudita y concebida como un espacio de alto nivel donde gobiernos, grandes corporaciones y capital global discuten hacia dónde se moverán las inversiones en un mundo marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de mercados. Desde su creación en 2017, el foro —frecuentemente comparado con el “Davos del desierto”— se ha consolidado como un punto de encuentro clave para la toma de decisiones económicas a escala global.
Que Venezuela haya vuelto a un escenario de este tipo no es un dato menor. Hasta hace pocos años, su presencia en este circuito era prácticamente inexistente, en medio de sanciones, aislamiento financiero y una narrativa política abiertamente confrontacional con los mismos actores que hoy intenta atraer.
Su participación, más que anecdótica, funciona como señal: no solo de un intento de reinserción económica, sino de una redefinición —forzada o estratégica— del lugar que el país busca ocupar en el tablero internacional.
Un país que vuelve al radar (bajo nuevas reglas)
El mensaje de Rodríguez no puede leerse aislado del momento político que atraviesa Venezuela. Intervino de forma virtual en el foro, como jefa de Estado, en un escenario impensable apenas meses atrás: Nicolás Maduro fuera del poder tras su captura por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, un reacomodo interno del chavismo y un proceso —todavía incipiente— de acercamiento con Washington que redefine los márgenes de maniobra del país.
Ese nuevo contexto ha obligado a Caracas a moverse en una dirección que durante años rechazó públicamente. La economía venezolana, aún golpeada por una contracción prolongada, sanciones y debilidad institucional, busca ahora reinsertarse en los circuitos financieros internacionales de los que estuvo prácticamente excluida. No se trata solo de atraer inversión: se trata de volver a ser elegible para ella.
En ese marco, Rodríguez optó por un mensaje sin ambigüedades.
“La desideologización debe ser una premisa para los entornos de inversión”
La frase, en apariencia técnica, encierra una ruptura política de mayor calado. Durante más de dos décadas, el chavismo construyó su identidad en oposición al capital internacional —y particularmente al estadounidense—, al que responsabilizó tanto de las crisis económicas como de las tensiones geopolíticas. Hoy, sin embargo, ese mismo aparato de poder —aunque condicionado por presiones externas y una nueva correlación de fuerzas— se presenta como garante de seguridad jurídica, estabilidad y retorno de inversión.
La transición, no obstante, dista de ser lineal. Aunque el gobierno ha promovido señales de apertura y busca reconstruir canales con actores internacionales, persisten dudas sobre la solidez institucional y la profundidad real de los cambios.
En ese equilibrio entre discurso y realidad se mueve hoy Venezuela: un país que intenta proyectar normalización hacia afuera —incluso a través de intervenciones remotas en foros globales— mientras internamente aún arrastra las estructuras, prácticas y desconfianzas acumuladas durante años de confrontación.
El petróleo como ancla… y como contradicción
Si hubo un eje dominante en la intervención, fue el energético. Venezuela volvió a presentarse, una vez más, como potencia petrolera en espera de reactivación, pero esta vez con un matiz distinto: no desde la soberanía cerrada, sino desde la apertura negociada. Rodríguez expuso los alcances de una nueva Ley de Hidrocarburos que, según dijo, permite una participación mucho más amplia del sector privado en toda la cadena de valor.
“Un 64% de ese barril tiene espacio para la negociación con el inversionista”.
El mensaje apunta directamente a los fondos presentes en Miami: hay margen para La frase no fue casual. En un auditorio compuesto por capital global, el mensaje era claro: Venezuela está dispuesta a ofrecer condiciones competitivas —incluso agresivas— para atraer inversión al sector que históricamente ha sostenido su economía.
Sin embargo, ese planteamiento convive con una realidad más compleja. La industria petrolera venezolana opera hoy muy por debajo de su capacidad histórica, tras años de caída sostenida en la producción, pérdida de talento humano y deterioro de infraestructura crítica. Aunque en los últimos meses se ha registrado cierta recuperación, esta ha estado estrechamente vinculada a licencias específicas y flexibilizaciones otorgadas en el marco de negociaciones internacionales, más que a un cambio estructural interno.
A eso se suma un factor menos visible, pero determinante: la necesidad de inversión inicial. Reactivar campos, modernizar refinerías y recuperar capacidad de exportación requiere niveles de capital y tecnología que el país, en su estado actual, no puede aportar por sí solo. En ese sentido, la apertura que hoy se ofrece no es únicamente una decisión política, sino también una imposición de la realidad económica.
El giro también tiene implicaciones geopolíticas. Rodríguez calificó a Estados Unidos como un “mercado natural” para el crudo venezolano, retomando una lógica de complementariedad energética que el chavismo intentó desmontar durante años en favor de alianzas alternativas. Volver a ese punto implica reconocer, de facto, que la diversificación impulsada en el pasado no logró sustituir la centralidad del mercado estadounidense.
En ese cruce entre necesidad y discurso se mueve hoy el sector petrolero venezolano: presentado como motor de crecimiento y oportunidad de negocio, pero aún condicionado por restricciones operativas, dependencia externa y una credibilidad que el país todavía está intentando reconstruir.
Crecimiento, cifras y narrativa
El capítulo de cifras fue, quizá, el más ambicioso del discurso. Rodríguez insistió en que Venezuela encadena más de 19 trimestres de crecimiento y que, en los últimos años, ha liderado la expansión económica en Suramérica, incluso en un entorno de sanciones.
“Estamos sembrando el futuro”, afirmó.
Hay elementos de verdad en esa afirmación, pero también matices relevantes. Datos de organismos como la CEPAL y el propio Banco Central venezolano apuntan a un repunte reciente —con crecimientos cercanos al 6% u 8% en 2025— que, en efecto, ubican al país entre las economías de mayor expansión relativa en la región . Sin embargo, ese crecimiento debe leerse en contexto: ocurre después de una de las contracciones más profundas registradas en América Latina en tiempos recientes. En términos reales, la economía venezolana sigue operando muy por debajo de su tamaño histórico, con estimaciones que la sitúan apenas como una fracción de lo que fue hace una década .
El mismo patrón se repite en otros datos presentados por la funcionaria. Rodríguez aseguró que Venezuela registra una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que la ubicaría entre los países más seguros de la región. No obstante, mediciones independientes muestran una realidad distinta: aunque la violencia ha disminuido significativamente en los últimos años, las tasas recientes se sitúan muy por encima de ese nivel —alrededor de 20 a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes—, todavía entre las más altas del continente .
Algo similar ocurre con la afirmación de autosuficiencia en combustibles. Si bien ha habido mejoras puntuales en la producción interna, el país arrastra desde hace más de una década problemas estructurales de refinación, desinversión y fallas operativas que han derivado en escasez recurrente de gasolina y dependencia de importaciones o esquemas de suministro externos .
Más que datos aislados, lo que emerge es una narrativa: la de una economía que busca proyectar estabilidad, recuperación y normalización hacia el exterior. El problema es que, al contrastarla con indicadores independientes, esa narrativa aparece todavía incompleta, atravesada por brechas entre el discurso oficial y las condiciones reales del país.
En ese terreno —entre cifras que muestran recuperación y una estructura que aún evidencia fragilidad— se juega buena parte de la credibilidad del mensaje que Venezuela intenta vender al mundo.
El giro hacia Washington
El componente más revelador del discurso no fue estrictamente económico, sino geopolítico. Más allá de las cifras y las promesas de apertura, Rodríguez confirmó que Caracas ha retomado contactos directos con Washington y que delegaciones venezolanas ya se dirigen a la capital estadounidense para restablecer canales de comunicación.
“Estamos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva”.
La frase, medida pero explícita, marca un punto de nuevo. Durante años, la relación entre ambos países estuvo definida por sanciones, desconocimiento mutuo, acusaciones cruzadas y una narrativa de confrontación permanente que se convirtió en uno de los pilares del discurso chavista. Washington, en ese marco, era presentado no solo como adversario político, sino como responsable directo de la crisis económica venezolana.
Lo que se observa ahora es otra cosa. Sin abandonar del todo su retórica soberanista, el gobierno venezolano parece reconocer —de forma implícita pero inequívoca— que cualquier proceso de recuperación económica pasa necesariamente por algún grado de entendimiento con Estados Unidos. No solo por el levantamiento o flexibilización de sanciones, sino por el acceso a mercados, financiamiento y actores corporativos que siguen teniendo en ese país su principal centro de decisión.
El viraje, sin embargo, no responde únicamente a una decisión política voluntaria. Está condicionado por la nueva realidad de poder tras la salida de Nicolás Maduro y por una economía que, tras años de aislamiento, depende en buena medida de factores externos para sostener su incipiente recuperación. En ese contexto, el acercamiento con Washington no es solo una opción estratégica: es, en muchos sentidos, una necesidad.
Aun así, el proceso está lejos de ser lineal. Persisten interrogantes sobre el alcance de las negociaciones, las condiciones que podrían imponerse desde Estados Unidos y la capacidad del gobierno venezolano para cumplir compromisos en un entorno institucional todavía frágil.
Lo que sí parece claro es que el eje de la relación ha cambiado. De la confrontación ideológica a una etapa de negociación pragmática, en la que ambos actores exploran márgenes de entendimiento en función de intereses concretos.
América Latina: integración pendiente y diagnóstico parcial
En su lectura regional, Rodríguez amplió el foco más allá de Venezuela y planteó un diagnóstico que, en términos generales, es compartido por distintos organismos multilaterales: América Latina sigue siendo una de las regiones con menor integración económica y de infraestructura a nivel global.
“Somos la región más desconectada del mundo”
Señaló, al tiempo que advirtió que las remesas enviadas por migrantes ya superan a la inversión extranjera directa en la región.
El dato, aunque presentado de forma agregada, apunta a una realidad estructural: la dificultad de los países latinoamericanos para atraer capital sostenido y generar dinámicas de crecimiento intrarregional, en contraste con su creciente dependencia de flujos externos —ya sea de inversión o de remesas.
Sin embargo, el planteamiento adquiere un matiz particular viniendo de una figura central del chavismo. Durante años, Venezuela impulsó esquemas de integración con un fuerte componente político, como Petrocaribe o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que buscaban construir un bloque alternativo al modelo económico tradicional de la región.
Hoy, esos mecanismos tienen un peso significativamente menor, tanto por las limitaciones económicas de Venezuela como por los cambios políticos en varios países que formaban parte de esas iniciativas. En ese sentido, el llamado actual a una mayor integración —centrada ahora en inversión, infraestructura y conexión económica— refleja no solo un diagnóstico regional, sino también una adaptación del propio discurso venezolano a un entorno donde las herramientas del pasado han perdido tracción.
Más que una ruptura, lo que se observa es una reconfiguración: de una integración ideológica a una integración pragmática, alineada con los mismos principios de apertura económica que Rodríguez intentó posicionar a lo largo de su intervención.
La invitación… y el silencio
El cierre de la intervención mantuvo la misma línea discursiva: una combinación de invitación directa y cuestionamiento a las narrativas externas sobre el país. Rodríguez apeló a los inversionistas presentes —aunque fuera a través de la pantalla— con un mensaje que buscaba desmontar la percepción de riesgo que aún pesa sobre Venezuela.
“Los invito a Venezuela, que vengan a ver la verdad”.
Aseguró haber sostenido más de 200 reuniones con empresas energéticas en un corto período de tiempo y pidió que el diálogo con el país no estuviera mediado por lo que calificó como “transnacionales de la comunicación”, sino por el contacto directo entre gobiernos, empresarios e inversionistas.
El planteamiento encaja con una estrategia más amplia: reposicionar a Venezuela en el mapa global no solo como destino de capital, sino como un actor cuya narrativa —según el propio gobierno— ha sido distorsionada durante años. Sin embargo, esa apuesta convive con antecedentes de opacidad en la gestión del sector energético y con advertencias recurrentes de analistas sobre la falta de transparencia institucional, factores que siguen pesando en la percepción de riesgo país .
Pero el momento más elocuente no estuvo en lo que se dijo, sino en lo que no ocurrió después.
Rodríguez se desconectó antes de que comenzara la ronda de preguntas. No hubo espacio para repreguntas, ni para contrastar cifras, ni para precisar el alcance real de las reformas anunciadas. Tampoco para aclarar cómo se implementarán, en la práctica, las garantías ofrecidas a los inversionistas en un entorno institucional aún bajo escrutinio.
En un foro diseñado precisamente para el intercambio directo entre capital y poder político, la ausencia de ese diálogo terminó dejando una imagen ambivalente: un país que busca abrirse al mundo, pero que aún controla cuidadosamente los términos en los que está dispuesto a ser cuestionado.
Una economía en transición… y un discurso en mutación
La intervención en Miami deja una imagen relativamente clara, aunque no exenta de tensiones: Venezuela intenta reinsertarse en el circuito global de inversiones, pero lo hace desde una posición estructuralmente frágil. Tras más de una década de colapso económico —que redujo el tamaño de su economía en cerca de 70% desde su punto más alto en 2012— el país enfrenta el reto de reconstruir no solo su capacidad productiva, sino también la confianza de los actores internacionales .
Ese punto de partida condiciona todo lo demás. Las instituciones siguen debilitadas, la economía continúa dependiendo en gran medida del sector petrolero y de decisiones externas —como licencias, sanciones o acuerdos políticos— y los indicadores sociales aún reflejan las secuelas de una crisis prolongada. Incluso en medio del reciente repunte, los niveles de ingreso, productividad y tamaño económico permanecen lejos de los estándares previos a la crisis.
En ese contexto, el discurso que hoy presenta Caracas hacia el mundo también ha mutado. Lo que antes era confrontación ideológica se ha transformado en pragmatismo económico; lo que se defendía como soberanía energética hoy se traduce en incentivos fiscales y garantías para el capital extranjero. No es solo un ajuste de narrativa, sino un cambio de posición frente al sistema internacional.
El giro, sin embargo, abre una pregunta más compleja que la propia transformación: no si Venezuela puede cambiar, sino si puede sostener ese cambio en el tiempo. La historia reciente del país —marcada por volatilidad política, giros abruptos de política económica y dependencia de factores externos— obliga a mirar con cautela cualquier promesa de estabilidad.
Porque, en última instancia, el desafío no está en atraer inversión en un foro internacional.
Está en construir las condiciones para que esa inversión, si llega, decida quedarse.
