La administración de Donald Trump dio este miércoles un nuevo paso en la expansión de su política de “visa bonds”, al ampliar de 38 a 50 el número de países cuyos ciudadanos deberán dejar un depósito de hasta 15.000 dólares para solicitar visas de turismo y negocios. La medida, que entrará en vigor el próximo 2 de abril, marca la consolidación de un programa que comenzó como piloto en 2025 y que ahora se integra de forma más amplia en la estrategia migratoria de Washington.
El anuncio, confirmado por un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, incorpora a 12 nuevos países al listado existente: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Con esta ampliación, el programa alcanza un total de 50 naciones, en su mayoría ubicadas en África, pero con presencia también en América Latina, Asia y Europa del Este.
La política exige que ciertos solicitantes de visas B1/B2 —las categorías destinadas a viajes de negocios y turismo— depositen una garantía económica que puede oscilar entre 5.000 y 15.000 dólares, determinada por el oficial consular caso por caso. El objetivo es disuadir la permanencia irregular en territorio estadounidense, una práctica conocida como “overstay”, que ocurre cuando un visitante permanece en el país más allá del tiempo autorizado por su visa.
El funcionamiento del mecanismo es, en esencia, financiero: el dinero es retenido por el gobierno estadounidense y devuelto íntegramente si el viajero cumple con las condiciones de su estadía o si finalmente decide no viajar. En caso contrario —es decir, si el visitante no abandona el país en el tiempo estipulado— el depósito se pierde.
El programa no sustituye el proceso tradicional de visado. La aprobación o rechazo de la visa sigue dependiendo de los criterios habituales, y el requerimiento del bono no garantiza la emisión del documento. Más bien, actúa como una capa adicional de evaluación aplicada a nacionalidades que, según datos oficiales, presentan mayores tasas de sobreestadía.
Antes de esta expansión, el listado incluía 38 países: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.
La inclusión de países latinoamericanos no es nueva dentro del programa. Venezuela ya formaba parte de la lista desde una ampliación anterior en 2026, y ahora se suma Nicaragua, ampliando la presencia regional en el esquema.
Desde su introducción como programa piloto el año pasado, la iniciativa ha sido presentada por la administración Trump como una herramienta para reducir las violaciones a las condiciones de las visas temporales. Según el funcionario del Departamento de Estado, los resultados iniciales han mostrado una disminución en los casos de sobreestadía, lo que ha respaldado su expansión progresiva.
La medida se inscribe dentro de un enfoque más amplio de endurecimiento de la política migratoria estadounidense, que en los últimos meses ha incluido mayores controles sobre solicitantes de visas, revisiones de antecedentes y otras restricciones de entrada. Sin embargo, el programa de “visa bonds” introduce un elemento distintivo: el uso de incentivos económicos directos como mecanismo de cumplimiento migratorio.
Con su entrada en vigor en abril, el esquema ampliado comenzará a aplicarse en consulados y embajadas de Estados Unidos en los países afectados, consolidando una herramienta que ha pasado, en menos de un año, de ser un experimento limitado a convertirse en una pieza más visible de la política migratoria del país.
