El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio esta semana un paso poco frecuente contra una entidad financiera europea: propuso aplicar la llamada “Sección 311” para excluir del sistema financiero estadounidense al banco suizo MBaer Merchant Bank AG, al considerarlo una institución de “preocupación principal por lavado de dinero”.
Si la medida se concreta, ninguna institución financiera en Estados Unidos podrá mantener cuentas corresponsales para el banco. En la práctica, eso significaría cortar su acceso al dólar y, con ello, limitar severamente su operatividad internacional.
La acusación del Tesoro es amplia pero contundente: MBaer habría facilitado más de 100 millones de dólares en transacciones a través del sistema financiero estadounidense en beneficio de “actores ilícitos”, incluyendo operaciones vinculadas con corrupción venezolana, Rusia e Irán.
No se mencionan nombres. No se detallan transacciones. Pero la referencia explícita a “corrupción venezolana” no es casual.
Un banco pequeño, un movimiento inusual
MBaer no es un gigante financiero. Es una entidad de banca privada con sede en Suiza. Precisamente por eso la decisión sorprende: la Sección 311 se ha aplicado históricamente contra bancos en jurisdicciones con débiles controles regulatorios, no contra instituciones en el corazón del sistema financiero suizo.
La autoridad supervisora suiza, FINMA, confirmó recientemente que había concluido un procedimiento contra MBaer por deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero y riesgos de sanciones. El banco apeló la decisión ante un tribunal administrativo.
Retroceder en el tiempo: la red petrolera sancionada
Para entender el contexto venezolano, hay que volver a 2021.
Ese año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al empresario italiano Alessandro Bazzoni, señalándolo como parte de una red que intentaba evadir las sanciones estadounidenses al sector petrolero venezolano.
Según el Tesoro, Bazzoni operaba junto a otros intermediarios en esquemas de comercialización de crudo de PDVSA diseñados para eludir restricciones financieras. En la misma arquitectura aparecían actores vinculados a Alex Saab y al entonces poderoso ministro venezolano, Tareck El Aissami.
OFAC también sancionó empresas controladas por Bazzoni y estructuras asociadas al empresario venezolano Francisco D’Agostino. La medida incluyó buques petroleros que habían transportado crudo venezolano tras la imposición de sanciones en 2019.
Es decir: Washington ya había identificado una red internacional para mantener vivo el flujo de petróleo venezolano pese al cerco financiero.
La pieza suiza: el vínculo con MBaer
En 2020, un año después del endurecimiento de las sanciones petroleras, la inversora noruega Siri Evjemo-Nysveen fue nombrada vicepresidenta del directorio de MBaer tras la adquisición de un paquete accionario relevante en la entidad: Evjemo-Nysveen es esposa de Bazzoni.
Investigaciones periodísticas en Europa y América Latina han señalado que ambos habrían utilizado estructuras financieras en distintas jurisdicciones para canalizar fondos derivados de operaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano.
No existe (hasta ahora) una acusación judicial pública que afirme que MBaer lavó dinero del caso PDVSA-Cripto. Pero la coincidencia es estructural:
El esposo es sancionado por evasión petrolera venezolana.
La esposa asume posición directiva en un banco suizo.
Años después, el Tesoro acusa al banco de facilitar transacciones vinculadas con corrupción venezolana.
El telón de fondo: el caso PDVSA-Cripto
En 2023 estalló en Venezuela el llamado Caso PDVSA-Cripto, una investigación por presunto desfalco multimillonario derivado de esquemas opacos de comercialización de crudo.
Entre los detenidos figuró el coronel Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de comercio de PDVSA. La trama reveló la existencia de intermediarios, contratos paralelos y pagos en estructuras financieras internacionales.
Aunque el expediente venezolano no menciona públicamente a MBaer, el ecosistema de intermediación petrolera coincide con el que ya había sido señalado por Washington en 2021.
El Tesoro ahora habla de “corrupción venezolana” en plural y sin precisar. Eso podría abarcar tanto esquemas de evasión de sanciones como redes de desvío de fondos estatales.
¿Deficiencia de cumplimiento o algo más?
La acción 311 no requiere condena penal. Se basa en análisis de riesgo sistémico y en evidencia financiera confidencial que FinCEN puede no hacer pública en detalle.
La pregunta clave es temporal:
¿Las transacciones cuestionadas ocurrieron antes o después de que Bazzoni fuera sancionado?
Si ocurrieron después, el problema sería de otra magnitud.
También queda abierta otra interrogante técnica: ¿qué bancos estadounidenses sirvieron como corresponsales de MBaer para procesar dólares? Porque sin esas conexiones, los flujos no habrían tocado el sistema estadounidense.
Para un banco suizo, perder acceso al sistema financiero estadounidense no es un evento administrativo menor. Es una señal de alerta reputacional global.
Y para Washington, aplicar la Sección 311 contra una entidad en Suiza envía un mensaje: el problema no es solo geopolítico (Irán o Rusia), sino también financiero, y puede incluir redes asociadas a la corrupción venezolana.
