En los salones alfombrados del Palacio de Miraflores, donde a menudo se decide más con plumas que con discursos, nació una ingeniería financiera que trascendió fronteras. No fue una política de emergencia, tampoco una fórmula académica: fue una arquitectura de poder diseñada para sostener un régimen bajo presión económica y, con el tiempo, proyectar su influencia más allá de Venezuela.
Hoy, bajo el nombre de Caso “Caja Chica”, esa estructura está en el centro de una investigación que sacude a Ecuador y pone en la mira una era de alianzas, redes opacas y dinámicas fiscales que operaron lejos de la transparencia y más cerca del control político.
Para entender cómo una serie de allanamientos en Quito y Guayaquil terminó conectando con las decisiones más altas del Estado venezolano, y cómo esa trama se enlaza con financiamiento político transnacional, es necesario reconstruir un proceso que comenzó hace casi dos décadas.
El andamiaje histórico (2007–2017): de la integración pública a los capitales opacos
La relación entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela se fortaleció en la escena pública entre 2007 y 2017. Aunque el expresidente Hugo Chávez falleció en 2013, su proyecto de integración regional quedó en manos de su sucesor, Nicolás Maduro, quien mantuvo y amplió los vínculos bilaterales con Quito tras ese año. El uso político de plataformas de cooperación, intercambio técnico y acuerdos comerciales fue un sello continuo de esa década.
Un ejemplo emblemático de esa relación fue la Refinería del Pacífico, un megaproyecto binacional ubicado en la provincia ecuatoriana de El Oro, en la costa pacífica de Ecuador. Concebido para convertir a Ecuador en un centro de refinación regional y operar con crudo venezolano de PDVSA, el proyecto recibió compromisos financieros de alrededor de 1.500 millones de dólares. Gran parte del financiamiento provino de créditos e acuerdos bilaterales entre las estatales Petroecuador y Petróleos de Venezuela, bajo la promesa de desarrollo compartido que nunca se materializó plenamente.
Junto a la retórica de la integración se creó en 2009 el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), promovido por países del ALBA como mecanismo alternativo de comercio regional. La idea oficial era reemplazar el uso del dólar en transacciones comerciales entre Estados aliados, pero en la práctica terminó siendo un canal opaco que permitió movimientos de dinero fuera de la supervisión bancaria internacional.
En ese ecosistema floreció la figura de Alex Nain Saab Morán, un empresario colombo-venezolano señalado desde diversas investigaciones como presunto testaferro del chavismo. Empresas vinculadas a Saab, entre ellas Foglocons —con operaciones en Ecuador y vinculaciones con transacciones SUCRE—, realizaron exportaciones ficticias por cientos de millones de dólares, aprovechando la opacidad del sistema para mover capital sin respaldo real de mercancías.
El rol de Saab en esta red fue doble: por un lado, se benefició de contratos y pagos con el Estado venezolano en sectores como la construcción y suministro; por otro, su empresa Foglocons utilizó estructuras de exportación simulada para generar flujos financieros que, según informes oficiales y legislativos, terminaron dispersándose fuera de los circuitos tradicionales.
Ese ecosistema opaco también quedó documentado el 13 de diciembre de 2021 en un informe oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador. La Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó el informe del caso Alex Saab, su empresa Foglocons–Ecuador y las exportaciones ficticias a través del Sistema SUCRE, con los votos de Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Bruno Segovia, Marco Troya y Fernando Villavicencio. En contra votaron los legisladores del bloque UNES.
El informe concluye que una red delictiva de carácter transnacional utilizó el Sistema SUCRE para acceder a dólares de la Reserva Internacional del Ecuador y financiar exportaciones ficticias hacia Venezuela. Entre 2010 y 2019, el mecanismo permitió el uso anticipado de aproximadamente 2.600 millones de dólares, configurando, según la Comisión, un posible delito de peculado.
La fiscalización determinó que el SUCRE no operó como un sistema regional de pagos, sino como un esquema casi exclusivamente binacional: el 99 % de las operaciones correspondieron a exportaciones desde Ecuador hacia Venezuela, sin flujos reales de compensación. En ese esquema, Foglocons, empresa vinculada a Alex Saab, fue identificada como uno de los principales vehículos para la fuga y lavado de capitales, con al menos 70 millones de dólares transferidos a cuentas en el exterior.
El informe parlamentario también señala que parte de esos recursos habría terminado en la campaña del binomio Correa–Glas en 2013, mediante un aporte identificado de 70.000 dólares.
El exilio técnico y la llegada de los “zares” (2018–2022)
Tras la salida del poder en Ecuador y la disputa interna del movimiento correísta, varios de sus cuadros técnicos más destacados se replegaron hacia Caracas. No llegaron como refugiados políticos, sino como piezas tácticas: profesionales que, en su tránsito por la gestión pública ecuatoriana, habían acumulado experiencia en el control de la caja fiscal, manejo de liquidez y políticas económicas contracíclicas.
Entre ellos sobresalen figuras como Patricio Rivera, economista reconocido por su habilidad para diseñar estrategias de liquidez durante los años de bonanza petrolera ecuatoriana, y Fausto Herrera, su sucesor técnico en el manejo de las finanzas públicas. Ambos destacaron por una aproximación pragmática a los recursos del Estado, con énfasis en el control de flujos y la administración rígida de la deuda y del gasto público.
A partir de mediados de la década de 2010, y con más fuerza después de 2018, Rivera y Herrera comenzaron a ser consultados en Caracas para asesorar en políticas fiscales y monetarias, particularmente en contextos de presión económica severa. No eran figuras con cargos formales dentro del Estado venezolano, pero sí operaron como parte de un círculo técnico que influyó en decisiones claves sobre el manejo del mercado de divisas y estrategias de sostenimiento del régimen.
Dentro de ese círculo emergió la figura de Delcy Rodríguez, entonces una de las figuras políticas más cercanas al poder central, y hoy presidenta interina de Venezuela. La integración de Rivera y Herrera en ese entorno respondió a una lógica técnica y política: evitar una dolarización formal de la economía venezolana, que podría haber erosionado aún más el control estatal sobre los flujos de capitales, y mantener instrumentos fiscales y tributarios que permitieran retener recursos en efectivo dentro del país.
El IGTF: el impuesto a la supervivencia
Una de las herramientas clave de esa ingeniería fue el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Aunque el tributo existe en la legislación venezolana desde 2016, fue con la llegada de asesorías técnicas externas y una reforma agresiva en 2022 que su uso se consolidó como mecanismo central de fiscalización indirecta en un contexto donde el bolívar había perdido su función como reserva de valor.
Bajo los cambios introducidos ese año, el IGTF gravó con hasta un 3% cada pago realizado en divisas, sin importar si se trataba de importaciones, servicios o compras cotidianas. En un país donde el dólar es ya una moneda de uso corriente para la población, ese gravamen funcionó como una captura constante de efectivo en circulación fuera del sistema bancario tradicional.
Para una familia venezolana que compra medicinas en dólares, por ejemplo, ese impuesto se traduce en un costo adicional directo, pero en términos sistémicos generó un flujo de efectivo paralelo al sistema SWIFT —la red global que registra todas las transferencias bancarias entre instituciones financieras. El resultado fue un nuevo punto ciego financiero, una masa de capital que se movía sin pasar por las redes internacionales de supervisión formal.
La explosión de la “Caja Chica” (2023–2026)
La tesis central de la Fiscalía de Ecuador sostiene que el favor técnico prestado para sostener la economía venezolana fue devuelto con un supuesto financiamiento irregular durante la campaña presidencial ecuatoriana de 2023.
Según declaraciones que han trascendido en sede judicial, el 30 de enero de 2026, Santiago Díaz Asque, exasambleísta y jefe de campaña de la Revolución Ciudadana, se acogió a la figura de cooperación eficaz desde prisión y afirmó:
“Yo trasladé, por disposición del presidente Correa, dinero desde Venezuela.”
"Yo trasladé por disposición del presidente (Rafael) Correa dinero desde Venezuela", asegura Santiago Díaz Asque tras su salida de la Fiscalía General del Estado, a donde fue llevado para rendir versión en el caso Caja Chica.
Basado en esa línea de investigación, la Fiscalía sostiene que la campaña encabezada por Luisa González y Andrés Arauz en 2023 fue financiada con aproximadamente 18,5 millones de dólares en efectivo procedentes de Venezuela. Días antes, el 28 de enero de 2026, las autoridades ecuatorianas ejecutaron una serie de allanamientos a residencias vinculadas a González y otros implicados, recolectando teléfonos, computadoras y dispositivos de almacenamiento para sustentar la investigación.
Este conjunto de operaciones marcó el inicio formal de una fase procesal que busca demostrar que la arquitectura financiera diseñada y perfeccionada en Caracas —desde mecanismos como el IGTF hasta rutas de efectivo fuera del sistema bancario internacional— terminó siendo utilizada para canales políticos transfronterizos.
El caso “Caja Chica” expone una dimensión poco visible de las relaciones financieras entre Estados y proyectos políticos en la región. La investigación permite observar cómo determinadas arquitecturas fiscales, diseñadas para operar en contextos de excepcionalidad económica, pueden habilitar flujosde capital de baja trazabilidad, al margen de los mecanismos habituales de supervisión financiera.
La reconstrucción de los hechos muestra que, en el eje Caracas–Quito, el dinero operó como algo más que un recurso económico. Formó parte de una infraestructura política, técnica y estratégica, concebida para sostener proyectos, alianzas y campañas, incluso más allá de las fronteras nacionales.
