12 de febrero al mediodía, Donald Trump decidió dejar algo por escrito en Truth Social que generalmente queda implícito en los despachos oficiales: “He has no authority, in any way, shape, or form, to act on behalf of the United States of America… Without this approval, no one is authorized to represent our Country.” Ese mensaje, aparentemente dirigido a una historia publicada en The Wall Street Journal, menciona a un hombre cuyo nombre hasta entonces circulaba principalmente en salas de trading, pasillos petroleros y despachos de ministros: Harry Sargeant III.
Para entender por qué un presidente de Estados Unidos sintió la necesidad de aclarar públicamente que un empresario no representa a su país, es necesario remontarse a una trayectoria que se extiende por más de tres décadas, abarcando relaciones comerciales, vínculos políticos con Caracas y conexiones personales con el corazón político de Washington.
La vinculación de Sargeant con Venezuela es histórica. Investigaciones del portal venezolano Armando.info revelan que comenzó a tener presencia comercial en el país a finales de los años ochenta, cuando los acuerdos energéticos entre Caracas y operadores extranjeros eran aún materia de transacciones directo a PDVSA y el mundo del oil trading era más flexible.
Esa relación se mantuvo durante años, aunque se interrumpió en 2005 cuando las condiciones regulatorias y de mercado hicieron inviable continuar operando con regularidad. Pasado ese bache, Sargeant no desapareció del mapa venezolano. En 2017, cuando la política venezolana ya comenzaba a polarizarse de manera más profunda, se entrevistó personalmente con Nicolás Maduro, quien, según reportes de prensa, lo apodó “el Abuelo” por su parecido físico con su progenitor, consolidando una relación personal más allá de las transacciones comerciales anteriores.
En 2019, pese a las sanciones más severas impuestas por la política de “máxima presión” de la administración de Donald Trump (primer mandato), Sargeant logró, mediante la compañía Erepla Services LLC, reanudar ciertas actividades relacionadas con la extracción de crudo venezolano. Sin embargo, fue un avance limitado: las sanciones prohibían a empresas estadounidenses colaborar directamente con la estatal PDVSA, bloqueando muchos esquemas de producción y exportación con participación de capitales de EE. UU.
Ese contexto de sanciones —una de las políticas exteriores más duras aplicadas contra Caracas— mantuvo a Sargeant en un segundo plano hasta que el paisaje cambió a comienzos de 2024. El 17 de abril de ese año, dos empresas relacionadas directamente con él —North American Blue Energy Partners (Nabep) y LNGEG Growth I Corp— se registraron en Caracas bajo la nueva figura jurídica de los “Contratos de Participación Productiva” (CPP), un esquema introducido por Delcy Rodríguez que ofrecía a inversionistas privados ventajas económicas superiores a las de las antiguas empresas mixtas.
Los CPP, diseñados para atraer capital extranjero en un momento de grave contracción de la industria petrolera venezolana, permitían que una parte significativa de la producción quedara en manos del socio privado. Según los documentos analizados para la investigación, Nabep obtuvo la facultad de retener hasta un 57 % del “valor total de la producción” y “plena libertad de comercializar” esa porción, un instrumento atractivo para cualquier operador con ambiciones comerciales en la región.
Ambas compañías —Nabep y LNGEG Growth I— aparecieron con apoderados e instalaciones registradas el mismo día, 17 de abril de 2024, y operaban con direcciones y representantes que ya habían figurado en otros negocios energéticos en el país. Armando.info documenta que los vínculos de estas firmas con Sargeant se extendían más allá de la representación formal: abogados y operadores locales actuaban como puntos de conexión entre las estructuras corporativas y los altos mandos de PDVSA.
Ese movimiento corporativo en el corazón de la industria venezolana llevó a que durante 2024 y buena parte de 2025, Sargeant y sus equipos buscaran no solo operar campos de petróleo sino influir en la política de sanciones desde Washington. Las empresas que él ayudó a crear, colocadas estratégicamente bajo CPP, habrían alcanzado combinadamente una producción bruta potencial muy significativa —según estimaciones internas— si se levantaban las barreras regulatorias.
La faceta más inesperada de esta historia ocurrió fuera de Caracas: Sargeant y su equipo comenzaron a reunirse con altos funcionarios de la administración estadounidense sobre el futuro de la industria petrolera venezolana. Según Reuters, esos encuentros incluyeron diálogos con el secretario de Energía, Chris Wright, y otros miembros del Gobierno sobre las condiciones que Venezuela estaría dispuesta a ofrecer para atraer inversiones, así como sobre la necesidad de modernizar la infraestructura energética venezolana tras décadas de declive.
Sargeant mismo confirmó que su hijo, Harry Sargeant IV, y el ejecutivo Ali Rahman mantuvieron conversaciones constantes con funcionarios en Washington, aunque recalcó que él no era asesor formal de la administración. Aun así, fuentes familiarizadas con la situación explicaron que su participación en esos diálogos era lo suficientemente frecuente como para colocarlo, de facto, en la órbita de quienes estaban diseñando la política energética estadounidense hacia Venezuela tras la detención de Maduro en una operación militar.
Ese contexto de diálogo privado, sumado a su larga historia de negocios energéticos con Caracas y su condición de donante republicano que comparte círculos sociales con Trump, puede explicar por qué surgió la necesidad de que el presidente aclarara públicamente que Sargeant “no tiene autoridad para actuar en nombre de Estados Unidos”.
En efecto, la relación entre Sargeant y Trump trasciende lo meramente transaccional. Reuters ha documentado que ambos comparten un pasado de reuniones sociales —incluido golf en Mar-a-Lago— y que su cercanía política data de años de relaciones dentro del Partido Republicano. Esa proximidad puede haber facilitado que figuras en la administración consideraran su perspectiva en momentos de realineación energética, aunque no existe evidencia pública de que haya sido nombrado oficialmente asesor por el Departamento de Estado o el Gobierno federal.
Más allá de la política, la figura de Sargeant ha generado cierto debate en medios y círculos políticos. Algunos lo describen como un operador pragmático con experiencia técnica en mercados de crudo pesado; otros advierten que su presencia en discusiones de política exterior sin cargo formal puede abrir interrogantes sobre la transparencia y los límites entre negocio privado e interés público, especialmente cuando se trata de relaciones con figuras del chavismo que han sido objeto de sanciones. Este escrutinio ya ha hallado eco en el Congreso estadounidense, donde legisladores han pedido mayor claridad sobre la naturaleza de los vínculos entre asesores no oficiales y la administración en temas tan sensibles como el petróleo venezolano.
En otras palabras, el regreso de Sargeant al escenario venezolano no fue simplemente un intento de retomar viejos negocios. Fue una jugada estratégica tanto en Caracas como en Washington, orbitando entre las necesidades de una industria petrolera venezolana rezagada y las prioridades políticas de una administración estadounidense que busca reconfigurar su enfoque latinoamericano.
Su nombramiento en el tuit de Trump no significa, ni de lejos, un viraje en la política exterior; pero sí es una señal de que en momentos de transición geopolítica, incluso los operadores privados más discretos pueden verse empujados al centro de la narrativa pública cuando sus intereses se cruzan con decisiones de Estado.
