Mientras Donald Trump la describe como una “terrific person” y asegura que mantiene con ella una “very good relationship”, documentos internos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) revelan que Delcy Rodríguez ha sido durante años objeto de un interés investigativo sostenido por parte de autoridades federales estadounidenses.
La escena es reveladora.
Puertas afuera, la Casa Blanca proyecta cooperación. Trump ha reiterado —en al menos tres declaraciones públicas recientes— que la relación con la dirigente venezolana es “great”, que han tenido una “very good talk” y que trabajan “very well together”. El tono no ha sido ambiguo ni circunstancial: ha sido consistente.
Puertas adentro, según documentos obtenidos por la prensa estadounidense, el aparato federal ha mantenido activo un expediente que la coloca en el radar de la DEA desde hace al menos ocho años.
Esa coexistencia de gestos políticos y presión judicial potencial no es contradictoria: es estratégica.
El reportaje que reconfiguró el tablero
El 17 de febrero de 2026, la agencia Associated Press publicó un reportaje titulado: “AP obtains documents showing Venezuelan leader Delcy Rodríguez has been on DEA’s radar for years”
La investigación, basada en registros internos y en testimonios de más de media docena de funcionarios actuales y retirados, reveló que Rodríguez fue catalogada en 2022 como “priority target”, una designación que la DEA reserva para personas consideradas de alto impacto en el entramado del narcotráfico.
AP fue cuidadosa en sus conclusiones. Señaló que esa etiqueta no equivale a una acusación penal. No implica que exista un escrito de cargos presentado ante un tribunal federal. Tampoco confirma que se haya activado un gran jurado. Pero sí documenta un interés profundo y sostenido.
Los archivos revisados por la agencia muestran que la DEA acumuló un expediente que incluye señalamientos que van desde presuntas conexiones con tráfico de drogas hasta contrabando de oro. Un informante confidencial afirmó en 2021 que hoteles en la Isla de Margarita eran utilizados como fachada para lavar dinero —una afirmación que AP aclara no pudo corroborar de manera independiente.
Además, el nombre de Rodríguez habría aparecido en casi una docena de investigaciones en distintas oficinas de la DEA, desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York. Algunas seguirían abiertas.
Y, sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos nunca la ha acusado formalmente de delito alguno.
Ese dato no es menor.
El frente que asoma
En paralelo, Reuters informó en uno de sus espacios informativos que el Departamento de Justicia de la administración Trump estaría “preparando discretamente una acusación penal” contra Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela. Según el reporte, esa acusación la señalaría por corrupción y lavado de dinero y contaría con el respaldo del propio presidente.
En el texto difundido por la agencia se señala que la administración podría estar utilizando esa eventual acusación como “palanca” para avanzar su agenda en Venezuela. Es decir, no solo como instrumento judicial, sino como herramienta de presión política.
La versión describe un proceso en desarrollo, no la existencia de cargos ya formalizados ante un tribunal. No hay número de caso, ni comunicado oficial del Departamento de Justicia, ni un escrito de acusación accesible en registros federales.
Sin embargo, la sola referencia a que un expediente podría estar avanzando alteró el tablero político.
El desmentido
La reacción oficial no tardó. El Deputy Attorney General de Estados Unidos, Todd Blanche, desmintió públicamente la información y la calificó como “completely FALSE from @Reuters”, agregando que no entendía cómo una “fake news” de ese tipo podía llegar a publicarse.
El pronunciamiento no es menor. Blanche no es un portavoz periférico, sino el segundo funcionario más alto del Departamento de Justicia. Su intervención introduce una dimensión adicional: ya no se trata únicamente de una versión periodística sobre un eventual expediente, sino de una tensión visible entre la narrativa mediática y la posición oficial del aparato judicial.
El desmentido no invalida el historial documentado por Associated Press sobre el interés sostenido de la DEA en Rodríguez, ni borra su condición de “priority target” desde 2022. Pero sí marca una línea clara entre investigación e imputación formal, y deja en evidencia que dentro del propio sistema estadounidense las señales no necesariamente son unívocas
La utilidad política
Desde el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington ha impulsado un nuevo esquema para Venezuela en el que los hermanos Rodríguez —Delcy y Jorge— han resultado funcionales a las prioridades estratégicas de la Casa Blanca. Han mantenido abiertos los canales institucionales, han acompañado la reconfiguración del poder y han evitado fracturas que pudieran desestabilizar la transición, algo que el propio Trump ha reconocido públicamente en más de una ocasión.
Sin embargo, la política exterior estadounidense rara vez se sostiene únicamente en la confianza personal; suele apoyarse en mecanismos de presión que equilibran la interlocución política. Si efectivamente existiera la intención de presentar una acusación contra Delcy Rodríguez —o si el simple avance de un expediente hiciera creíble esa posibilidad— su filtración operaría como un recordatorio de que la cooperación tiene límites y condiciones.
No hace falta una condena para generar influencia. Tampoco es indispensable que exista una acusación formal presentada ante un tribunal. Basta con que la amenaza sea plausible para alterar cálculos. Una eventual acusación implicaría restricciones de movilidad, exposición patrimonial y riesgos jurídicos internacionales, pero sobre todo enviaría un mensaje político interno claro: el nuevo equilibrio en Caracas sigue, en buena medida, condicionado por Washington.
Diplomacia y Expediente
La política estadounidense hacia Venezuela ha demostrado en el pasado que diplomacia y justicia federal pueden avanzar en paralelo. Las acusaciones contra figuras del entorno de Nicolás Maduro y los procesos abiertos en tribunales de Nueva York y Miami evidencian que el instrumento judicial ha sido, más de una vez, parte del repertorio de presión de Washington.
Bajo esa lógica, la dualidad actual en torno a Delcy Rodríguez no resulta extraña. Mientras Donald Trump la elogia públicamente y habla de una relación “very good”, en paralelo circula la versión —atribuida a Reuters— de que la Fiscalía federal estaría adelantando la preparación de una acusación por corrupción y lavado de dinero. No hay cargos formales presentados, pero la sola posibilidad modifica el equilibrio.
Desde el 3 de enero de 2026, los hermanos Rodríguez han sido funcionales al esquema que la Casa Blanca busca consolidar en Caracas. Sin embargo, esa funcionalidad no elimina la asimetría de poder. Si existiera la intención real de acusar, incluso el solo “leak” cumple una función clara: recordar que la cooperación tiene condiciones y que el carril trazado desde Washington no es optativo.
En ese tablero, un expediente en desarrollo puede ser tan influyente como una acusación ya presentada.
