WASHINGTON. La escena estaba servida antes de que comenzaran las preguntas. En la sala del House Judiciary Committee —el Comité Judicial de la Cámara de Representantes— se respiraba esa mezcla de formalidad institucional y electricidad política que suele preceder a las jornadas largas. Durante más de cinco horas, la fiscal general Pamela Bondi defendió la actuación del Departamento de Justicia (Ministerio de Justicia) en la divulgación de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein.
El nombre de Epstein arrastra una carga que excede a los tribunales. En los expedientes judiciales y testimonios desclasificados han aparecido menciones a figuras internacionales como el príncipe Prince Andrew; el empresario francés Jean-Luc Brunel; y referencias al expresidente Bill Clinton y al actual mandatario Donald Trump. En muchos casos se trata de menciones en agendas, vuelos o testimonios, no necesariamente de acusaciones formales. Pero el solo eco de esos nombres ha mantenido vivo el interés público y la sospecha política.
La audiencia no giró en torno a nuevas revelaciones, sino al modo en que el Ministerio de Justicia gestionó la publicación: qué se redactó, qué se omitió, qué pudo haber expuesto a víctimas y qué pudo haber protegido a terceros.
El primer cruce: preguntas sin respuesta directa
El congresista demócrata Jamie Raskin abrió uno de los intercambios más duros. Con tono jurídico, preguntó si todas las víctimas habían sido contactadas antes de la divulgación de ciertos documentos.
Bondi respondió describiendo protocolos, equipos de revisión y la magnitud del archivo. Habló de millones de páginas, de la complejidad del proceso y de ajustes posteriores.
Raskin insistió: necesitaba una confirmación inequívoca. La fiscal general no la ofreció.
El intercambio se volvió personal cuando Bondi acusó a la bancada demócrata de convertir la audiencia en un espectáculo político. En un momento que tensó aún más la sala, lanzó contra Raskin una descalificación en inglés: “washed-up loser lawyer”. El comentario provocó murmullos y obligó al presidente del comité a intervenir para restaurar el orden.
No fue solo una frase fuera de tono. Fue la evidencia de que la discusión había dejado el terreno estrictamente técnico.
Thomas Massie: la crítica desde dentro
El cuestionamiento más incisivo no provino únicamente de la oposición.
El republicano Thomas Massie, figura libertaria y frecuentemente independiente dentro de su partido, optó por una aproximación menos emocional y más técnica. Su preocupación no era el volumen del archivo, sino la coherencia del criterio aplicado.
“Si la prioridad es proteger a las víctimas”, planteó, “¿por qué algunas aparecen identificables en ciertos documentos mientras otros nombres están completamente cubiertos?”
Bondi reiteró que el proceso de redacción —la censura parcial de información sensible— es complejo y que se realizaron correcciones al detectarse inconsistencias.
Massie no elevó el tono, pero su insistencia dejó claro que la incomodidad no es exclusiva de la bancada demócrata. La discusión se desplazó del plano político al plano metodológico: estándares, controles internos, responsabilidades.
La negativa a disculparse
Uno de los momentos más sensibles se produjo cuando varios congresistas preguntaron si la fiscal general ofrecería una disculpa explícita a las víctimas que pudieron sentirse expuestas o revictimizadas por la publicación.
Bondi respondió que el Ministerio actuaría para corregir cualquier error identificado, pero evitó formular una disculpa directa. La distinción entre “corregir” y “reconocer responsabilidad” marcó una línea sutil pero significativa.
En la sala, el silencio de algunas víctimas presentes tuvo más peso que cualquier declaración.
Política y justicia: la línea borrosa
La audiencia dejó al descubierto una tensión estructural: la dificultad de separar justicia y política en un caso que involucra poder económico, redes sociales de élite y figuras públicas de alto perfil.
Los republicanos más alineados con la administración defendieron a Bondi y destacaron cifras de reducción de criminalidad bajo su gestión. Los demócratas insistieron en que el Ministerio de Justicia debe actuar con una transparencia irreprochable cuando se trata de un expediente que ha sacudido la confianza pública.
Entre preguntas técnicas y acusaciones cruzadas, la sesión se transformó en un espejo del momento político: polarización, desconfianza y un escrutinio permanente sobre las instituciones.
Lo que quedó
No hubo revelaciones explosivas. No se anunciaron nuevas imputaciones. Tampoco se produjo una retractación.
Lo que quedó fue una escena elocuente: una fiscal general defendiendo su gestión con firmeza combativa; congresistas —de ambos partidos— cuestionando procedimientos; y el caso Epstein, una vez más, funcionando como detonante de sospechas sobre cómo opera el poder cuando se entrelazan política, dinero y privilegio.
Cinco horas bastaron para confirmar que, más allá de los documentos, el debate central sigue siendo la credibilidad. Y esa, en Washington, es hoy uno de los bienes más escasos.
