El gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en el complejo régimen de sanciones contra Venezuela. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió tres nuevas licencias —las General License 46B, 48A y 49A— que amplían las actividades permitidas en el sector energético venezolano, particularmente en petróleo, gas y petroquímica.
Las medidas, publicadas el 13 de marzo de 2026, autorizan desde operaciones comerciales con petróleo venezolano hasta la negociación de futuras inversiones en el país, aunque bajo condiciones estrictas y con múltiples restricciones. En esencia, Washington no está levantando las sanciones, pero sí está abriendo ciertos espacios limitados para la actividad empresarial vinculada al sector energético venezolano.
Un paso más en la flexibilización de sanciones
Las nuevas licencias forman parte de una serie de decisiones adoptadas por el Tesoro estadounidense durante las últimas semanas que buscan permitir algunas operaciones en el sector petrolero venezolano sin desmontar el marco general de sanciones impuesto a Caracas.
Las sanciones estadounidenses, vigentes desde hace varios años, restringen de forma amplia las transacciones con el gobierno venezolano y con Petróleos de Venezuela (PDVSA), lo que durante años limitó la participación de empresas internacionales en la industria petrolera del país.
Sin embargo, las licencias emitidas ahora introducen excepciones específicas.
Licencia 46B: operaciones con petróleo venezolano
La primera de las licencias, la General License 46B, autoriza a determinadas empresas estadounidenses a realizar una serie de operaciones comerciales relacionadas con el petróleo de origen venezolano.
En términos prácticos, permite actividades como la compra, venta, transporte, almacenamiento, refinación o comercialización de crudo venezolano y de algunos productos derivados. Estas operaciones también pueden incluir servicios logísticos como fletamento de buques, seguros marítimos y servicios portuarios.
Sin embargo, la licencia establece condiciones importantes. Solo pueden participar empresas estadounidenses “establecidas”, es decir, compañías constituidas antes de enero de 2025. Además, los contratos con el gobierno venezolano o con PDVSA deben regirse por ley estadounidense y cualquier disputa deberá resolverse en tribunales de Estados Unidos.
También existen prohibiciones claras. Las operaciones no pueden involucrar empresas vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, ni utilizar buques sancionados.
Licencia 48A: servicios y equipos para el sector energético
La segunda licencia, la General License 48A, apunta directamente al funcionamiento de la industria petrolera venezolana.
Esta autorización permite que empresas estadounidenses suministren bienes, tecnología, software o servicios necesarios para la exploración, desarrollo o producción de petróleo y gas en Venezuela. También incluye actividades vinculadas al sector petroquímico y al sistema eléctrico.
En la práctica, esto abre la puerta a trabajos de mantenimiento, reparación de equipos, servicios técnicos y operaciones logísticas para instalaciones energéticas.
El objetivo es permitir cierto nivel de operación y mantenimiento en una infraestructura petrolera que ha sufrido años de deterioro. Analistas del sector señalan que esta licencia facilita que compañías petroleras y empresas de servicios energéticos participen en actividades de soporte en Venezuela.
Sin embargo, la autorización no es total. La licencia no permite crear nuevas empresas o “joint ventures” en Venezuela, ni participar en operaciones que involucren a países bajo sanciones estadounidenses.
Además, las empresas que utilicen esta licencia deberán reportar periódicamente sus operaciones al gobierno de Estados Unidos.
Licencia 49A: negociar inversiones, pero no ejecutarlas
La tercera licencia, la General License 49A, es quizás la más reveladora desde el punto de vista estratégico.
Esta autorización permite que empresas extranjeras negocien y firmen contratos para futuras inversiones en el sector energético venezolano, incluyendo petróleo, gas, petroquímica o electricidad.
Pero existe una condición fundamental: esos contratos deben ser “contingentes”, es decir, no pueden ejecutarse sin una autorización adicional del gobierno estadounidense.
En otras palabras, las empresas pueden preparar acuerdos, memorandos de entendimiento o estudios de inversión, pero no pueden iniciar proyectos sin un permiso posterior de OFAC.
La licencia permite incluso realizar estudios técnicos, análisis legales y evaluaciones ambientales para eventuales proyectos en el país.
Fertilizantes y petroquímicos, un nuevo foco
Uno de los aspectos más llamativos de estas licencias es que amplían el concepto de productos autorizados para incluir fertilizantes y químicos petroquímicos, como urea, nitrato de amonio o fosfatos.
Esto abre la posibilidad de que Venezuela reactive parcialmente su industria petroquímica vinculada al gas natural, con impacto potencial en el sector agrícola regional.
Lo que significan estas licencias para Venezuela
Aunque las sanciones contra el gobierno venezolano siguen vigentes, las nuevas licencias muestran un cambio de enfoque en la política estadounidense.
En lugar de bloquear completamente el sector petrolero, Washington parece estar optando por una apertura limitada y controlada, que permite cierto nivel de actividad económica sin perder capacidad de presión política.
Para Venezuela, estas decisiones pueden traducirse en más oportunidades de comercio petrolero, mayor participación de empresas internacionales y posibles inversiones futuras, aunque bajo un marco regulatorio muy estricto.
Por ahora, el mensaje de Washington parece claro: el sector energético venezolano puede comenzar a reactivarse parcialmente, pero cada paso seguirá dependiendo de autorizaciones específicas del gobierno estadounidense.
