El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en un tribunal federal de Nueva York ha tomado un giro determinante hacia la protección de fuentes. Según ha revelado la periodista de investigación Jessica Carrillo, especializada en la cobertura de procesos judiciales de figuras venezolanas en EE.UU., la Fiscalía ha solicitado al juez Alvin Hellerstein una orden de protección excepcional sobre la evidencia del caso.
La controversia, que Carrillo detalla como un punto de quiebre en la estrategia legal, se centra en el Párrafo 13. Aunque la defensa de la pareja Maduro – Flores aceptó la mayoría de las restricciones, se opone tajantemente a este inciso que les prohíbe compartir las pruebas con sus coacusados que permanecen prófugos.
Los prófugos en la mira
La información proporcionada por Carrillo destaca que la lista de individuos que la Fiscalía busca mantener al margen de las pruebas incluye a figuras clave del chavismo y del crimen organizado: Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Guerrero Flores (alias «Niño Guerrero»), líder del Tren de Aragua.
El argumento de los fiscales es contundente: permitir que estos sujetos accedan a los documentos facilitaría la identificación de testigos. La Fiscalía cita un precedente alarmante de 2006, donde el poder del Estado fue utilizado para encarcelar a militares inocentes con el fin de encubrir un cargamento de cocaína vinculado a la alta cúpula. El temor es que, de repetirse el patrón, los testigos actuales sean amenazados o desaparecidos sin que el tribunal estadounidense pueda intervenir.
Niveles de acceso y el riesgo de filtración
La periodista Jessica Carrillo desglosa los tres niveles de confidencialidad que propone la justicia norteamericana para este proceso:
Disclosure Material: Acceso para el equipo de defensa.
Attorney’s Possession Only: Material que los abogados pueden tener, pero que Maduro y Flores solo verían bajo supervisión legal.
Attorney’s Eyes Only: Restricción total donde ni siquiera los acusados pueden conocer el contenido de las pruebas.
De rechazarse el Párrafo 13, como pretende la defensa, se abriría una ventana peligrosa para que desde Caracas se coordine una estrategia de intimidación contra los cooperantes. La labor informativa de Carrillo pone de manifiesto que este juicio no solo se pelea en los estrados neoyorquinos, sino que depende de un frágil equilibrio de seguridad para quienes han decidido testificar contra el sistema de poder en Venezuela.
