En apenas 30 días —y particularmente en su última semana— el Estado colombiano aceleró el ritmo de la contratación directa. Según cifras divulgadas por la Contraloría General de la República con base en el SECOP, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos por un valor total de $32,88 billones de pesos (aproximadamente US$8.400 millones).
La cifra no solo es alta en términos absolutos. También está concentrada en el tiempo. El 45% de ese monto se comprometió en la última semana de enero, y solo el 30 de ese mes se firmaron contratos por $5,7 billones (cerca de US$1.460 millones) en un solo día.
La fecha no es menor. El 31 de enero comenzó a regir la Ley de Garantías Electorales, la norma aprobada en 2005 para evitar que el Gobierno de turno utilice la contratación pública como herramienta de influencia política en vísperas de elecciones. La ley no prohíbe toda contratación, pero sí restringe la contratación directa y ciertos convenios interadministrativos durante el periodo preelectoral, precisamente para limitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
Que buena parte del gasto se haya ejecutado justo antes de que se activaran esas restricciones introduce inevitablemente una dimensión política en la lectura de las cifras.
El contraste con el último año electoral
La comparación con el ciclo anterior ayuda a dimensionar el movimiento.
En enero de 2022, también en vísperas de elecciones, el Estado firmó 495.527 contratos por un total de $25,22 billones (aproximadamente US$6.450 millones).
Cuatro años después, en enero de 2026, la cifra subió a 521.269 contratos por $32,88 billones (cerca de US$8.400 millones).
La diferencia no está tanto en la cantidad de contratos —que creció 5,2%— como en el dinero comprometido: el monto aumentó 30,4% entre un año electoral y otro. El salto es mucho más visible en los recursos que en el número de firmas.
El peso de las OPS
El detalle más sensible está en la modalidad contractual.
De los más de 521.000 contratos firmados en enero de 2026, 501.423 corresponden a Prestación de Servicios (OPS), por un valor total de $22,34 billones (aproximadamente US$5.700 millones). Es decir, el 96% de los contratos y casi el 68% del dinero comprometido en el mes se canalizó bajo esa figura.
En el orden nacional —directamente bajo el Gobierno central— el crecimiento frente a 2022 es aún más marcado: los contratos OPS aumentaron más de 64% en número y más de 75% en valor.
Las OPS no son ilegales ni excepcionales en el funcionamiento del Estado colombiano. Sin embargo, históricamente han sido objeto de controversia. No generan vínculo laboral formal, dependen de renovaciones periódicas y concentran un margen amplio de discrecionalidad administrativa. En distintos niveles de gobierno, esta figura ha sido señalada como susceptible de convertirse en red de apoyos territoriales, especialmente en contextos electorales.
El discurso y la práctica
El dato adquiere un matiz político adicional si se observa la trayectoria del presidente Gustavo Petro. Durante años, el hoy mandatario fue crítico de la tercerización laboral y cuestionó la precarización del empleo estatal a través de contratos de prestación de servicios. Su agenda de reformas ha defendido la formalización y la reducción de figuras contractuales inestables.
Las cifras de enero, sin embargo, muestran una expansión significativa de esta modalidad justo antes de que comenzaran las restricciones electorales.
No implica ilegalidad. Pero sí abre un debate sobre coherencia política y modelo de administración pública en un momento particularmente sensible del calendario democrático.
Año preelectoral y lectura política
Colombia ya se encuentra inmersa en el ciclo hacia las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. En ese escenario, el petrismo —la corriente política que respalda al actual Gobierno— tiene figuras visibles que encarnan la continuidad del proyecto. Entre ellas, el senador Iván Cepeda, considerado por amplios sectores como el abanderado natural del movimiento para la próxima contienda, aunque aún no exista inscripción formal de candidaturas.
En ese ambiente, cualquier expansión fuerte de contratación directa antes del cierre legal puede ser leída bajo múltiples interpretaciones. No se trata de afirmar compra de votos ni de establecer una acusación. Pero en política, la percepción pesa tanto como la norma.
La contratación pública, en Colombia, ha sido históricamente un espacio donde gestión administrativa y construcción territorial de poder conviven en tensión. Por eso, el momento en que se ejecuta el presupuesto también se convierte en mensaje político.
El contraste fiscal
El debate se vuelve más complejo cuando se observa el contexto macroeconómico.
Colombia enfrenta actualmente un déficit fiscal cercano al 6% del Producto Interno Bruto, uno de los niveles más altos de las últimas décadas. El Gobierno ha insistido en la necesidad de aumentar ingresos, impulsar reformas tributarias y ajustar las finanzas públicas para garantizar sostenibilidad.
En ese marco de advertencias sobre limitaciones presupuestales, la firma de contratos por $32,88 billones (US$8.400 millones) en un solo mes introduce una tensión evidente entre el discurso de escasez y la dinámica de ejecución del gasto.
El déficit implica que el Estado gasta más de lo que recauda, financiando la diferencia con deuda. Cada compromiso adicional, especialmente en gasto corriente como las OPS, impacta esa ecuación fiscal.
No es ilegal ejecutar el presupuesto aprobado. Pero sí es políticamente significativo hacerlo con intensidad justo antes de que entren en vigor restricciones diseñadas para blindar la competencia electoral.
Una pregunta que queda abierta
En años anteriores también se ha observado aceleración contractual antes de la Ley de Garantías. Es posible que se trate de un comportamiento estructural del Estado colombiano.
Sin embargo, el crecimiento en valor frente al último ciclo electoral, el peso predominante de las OPS y el contexto fiscal adverso hacen que enero de 2026 tenga características particulares.
La Contraloría General de la República no habla de ilegalidad. Habla de monitoreo preventivo. Pero al revelar cifras de esta magnitud, instala una pregunta inevitable en el debate público:
¿Se trata simplemente de gestión administrativa anticipada o de una decisión estratégicamente sincronizada con el calendario político?
Más de medio millón de contratos firmados en un mes.
Más de ocho mil millones de dólares comprometidos antes de que se cerrara la ventana legal.
En un país donde presupuesto y poder rara vez transitan por caminos separados, la discusión apenas comienza.
