Washington. En el edificio de mármol blanco frente al Capitolio, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este lunes argumentos que podrían cambiar el alcance real de una ley aprobada hace casi 30 años contra el régimen cubano. En dos casos distintos, los magistrados analizaron si ciudadanos estadounidenses pueden demandar a empresas estatales de Cuba y a compañías extranjeras que operan sobre bienes confiscados tras la revolución de 1959.
La decisión, que se espera en los próximos meses, podría transformar el Título III de la Ley Helms-Burton en una herramienta mucho más poderosa dentro de la estrategia de presión que impulsa la administración de Donald Trump contra La Habana.
Una ley dormida que volvió al centro del tablero
La Ley Helms-Burton fue promulgada en 1996 para endurecer el embargo estadounidense contra Cuba. Incluía una disposición particularmente delicada: permitir que ciudadanos estadounidenses demandaran en tribunales federales a quienes “traficaran” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Durante más de dos décadas, presidentes demócratas y republicanos suspendieron esa cláusula cada seis meses para evitar conflictos diplomáticos con aliados cuyos empresarios tenían inversiones en la isla.
Todo cambió en 2019, cuando la administración Trump decidió activar plenamente el Título III. Desde entonces, decenas de demandas han sido presentadas contra navieras, hoteleras y empresas vinculadas a activos nacionalizados tras la revolución.
Ahora la Corte Suprema debe decidir qué tan lejos puede llegar esa herramienta.
El caso Exxon y la inmunidad del Estado
Uno de los expedientes más relevantes es el de Exxon Mobil, que reclama compensación por activos petroleros confiscados en 1960.
La cuestión jurídica es compleja pero crucial: ¿puede una empresa estatal cubana ser demandada directamente en Estados Unidos o puede escudarse en la inmunidad soberana que protege, en principio, a los estados extranjeros ante tribunales estadounidenses?
Si la Corte determina que el Título III elimina esa barrera en este contexto, se abriría la puerta a que más demandas contra entidades estatales cubanas avancen sin necesidad de superar filtros adicionales.
Eso no significaría confiscaciones automáticas ni pagos inmediatos. Pero sí implicaría que el litigio privado se convierta en un instrumento más activo dentro de la presión económica contra Cuba.
Cruceros y derechos confiscados
El segundo caso gira en torno a una empresa que tenía derechos sobre un muelle en La Habana antes de la revolución. Años después, varias líneas de cruceros utilizaron esas instalaciones. La pregunta es si el demandante puede reclamar aunque el derecho original —una concesión— hubiera expirado con el tiempo.
Si la Corte adopta una interpretación amplia, podrían reactivarse reclamaciones basadas en concesiones, arrendamientos y otros derechos históricos confiscados hace más de seis décadas.
En términos prácticos, el universo de posibles demandas crecería.
Tribunales como herramienta de presión
Lo que distingue este momento no es solo el debate legal. Es el contexto político.
La administración Trump ha defendido ante la Corte que estas demandas forman parte de los intereses de política exterior de Estados Unidos. Es decir, no se trata únicamente de compensación económica, sino de un mecanismo para aumentar la presión sobre el régimen cubano y desincentivar la inversión extranjera en activos vinculados a confiscaciones.
En los últimos años, Washington ha endurecido sanciones, restringido transacciones financieras y reforzado controles sobre el comercio con la isla. Si el máximo tribunal amplía el alcance del Título III, el litigio civil se integraría de manera más contundente a esa arquitectura de presión.
No sería un acto unilateral del Ejecutivo. Sería una herramienta respaldada por el poder judicial.
Ecos más allá de Cuba
Aunque los casos se refieren exclusivamente a Cuba, el debate no pasa desapercibido en otros escenarios donde la relación entre tribunales estadounidenses y disputas internacionales ha sido determinante.
En controversias recientes vinculadas con activos estatales y reclamaciones de acreedores en América Latina —incluidos procesos complejos que han involucrado bienes asociados a Venezuela— los tribunales de Estados Unidos han desempeñado un papel central.
La discusión actual sobre inmunidad soberana y sobre qué derechos sobreviven a una expropiación histórica puede convertirse en referencia jurídica para abogados y demandantes en otros litigios transnacionales.
No porque Helms-Burton se aplique fuera de Cuba —no lo hace—, sino porque la lógica con la que la Corte interprete el alcance de demandas contra empresas estatales podría influir en debates futuros sobre soberanía, ejecución de sentencias y responsabilidad estatal.
Para inversionistas y acreedores en la región, incluidos actores en Colombia y Venezuela, el precedente que surja será observado con atención.
Lo que realmente está en juego
Si la Corte Suprema adopta una lectura amplia del Título III:
- Las demandas contra entidades vinculadas al Estado cubano podrían multiplicarse.
- La presión económica indirecta sobre La Habana se intensificaría.
- Empresas internacionales enfrentarían mayor riesgo jurídico al operar en activos con pasado expropiatorio.
Si, en cambio, mantiene límites estrictos, el Título III seguirá siendo una herramienta con impacto más simbólico que estructural.
En cualquier caso, el fallo dirá algo más profundo sobre el momento actual de la política exterior estadounidense: hasta qué punto Washington está dispuesto a utilizar su sistema judicial como complemento de sanciones y presión diplomática.
Lo que comenzó como una ley de 1996 podría convertirse, casi tres décadas después, en una pieza central de la estrategia contemporánea hacia Cuba.
Y en una región donde la historia de expropiaciones, arbitrajes y disputas internacionales sigue abierta, esa señal jurídica no pasará inadvertida.
