Caracas vuelve a moverse en susurros.
Según fuentes con conocimiento directo del proceso, Estados Unidos envió formalmente una lista de nombres cuya extradición solicita a las autoridades venezolanas. No se trata de recompensas públicas —esas existen desde hace años— sino de un requerimiento concreto en el nuevo esquema político que se abrió tras la captura de Nicolás Maduro y la reconfiguración del poder bajo la conducción de Delcy Rodríguez.
Los nombres no son menores. Tampoco improvisados.
En la lista figuran:
Alex Saab
Raúl Gorrín
Tareck El Aissami
Samark López
Walter Gavidia Flores
Todos con expedientes abiertos en cortes federales estadounidenses. Todos sancionados por el Departamento del Tesoro. Todos piezas relevantes —aunque de distinta naturaleza— del engranaje financiero y político del chavismo.
Pero hay un problema, uno constitucional.
El artículo 69: el candado legal
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara.
El artículo 69 establece:
“…Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas…”
No hay matices. No distingue entre delitos. No contempla excepciones por narcotráfico, corrupción o terrorismo. Tampoco diferencia entre venezolanos por nacimiento o por naturalización.
Y allí está el dilema de Delcy Rodríguez.
Si Delcy Rodríguez acepta la solicitud de Washington, tendría que forzar una reinterpretación constitucional o, directamente, ignorarla.
Si la rechaza, enviaría una señal de resistencia a Estados Unidos en un momento en que el nuevo equilibrio político depende —en buena medida— de no romper la frágil relación con Washington.
Si Rodríguez acepta la solicitud de Washington, tendría que forzar una reinterpretación constitucional o, directamente, ignorarla.
Si la rechaza, enviaría una señal de resistencia a Estados Unidos en un momento en que el nuevo equilibrio político depende —en buena medida— de no romper la frágil relación con Washington.
El único caso “movible”: Alex Saab
Dentro de la lista hay un nombre que destaca por una razón técnica: Alex Saab no nació venezolano.
Empresario colombiano, su nacionalidad venezolana fue otorgada por naturalización en 2020, cuando se encontraba detenido en Cabo Verde. El decreto fue firmado por Nicolás Maduro en plena crisis diplomática.
Aquí surge el debate jurídico que hoy se discute en privado en el entorno presidencial:
¿Puede el Estado venezolano extraditar a un naturalizado si la nacionalidad fue otorgada bajo circunstancias excepcionales?
¿Puede alegarse que la protección constitucional fue posterior a los hechos investigados?
El artículo 69 no distingue, pero la práctica política rara vez ha sido literal.
Saab es, en términos estrictamente técnicos, el único que podría convertirse en una “válvula de presión” sin desmontar por completo la arquitectura constitucional.
Y hay un dato clave: tanto Saab como Raúl Gorrín permanecen bajo custodia del SEBIN.
La policía política —antes dirigida por Gustavo González López, hoy con mando en Casa Militar y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) — los mantiene bajo control directo del poder central.
Raúl Gorrín: el expediente que incomoda
Si Saab fue el operador financiero externo del chavismo, Gorrín fue el arquitecto interno del engranaje cambiario y mediático.
Propietario de Globovisión, asegurador, intermediario en operaciones de divisas que generaron miles de millones en ganancias durante la era CADIVI, Gorrín enfrenta en Estados Unidos acusaciones por lavado de dinero y sobornos a funcionarios venezolanos.
Pero su expediente va más allá.
En nuestra investigación sobre la “Flota Fantasma”, documentamos cómo su red no solo orbitaba alrededor de operaciones cambiarias, sino que tocaba estructuras opacas vinculadas al comercio petrolero en tiempos de sanciones.
Extraditar a Gorrín implicaría algo más que entregar a un empresario.
Sería abrir la puerta a declaraciones que podrían reconstruir el mapa financiero del chavismo durante la última década.
Y eso, en este momento de transición, es dinamita.
El Aissami y López: las fichas que ya cayeron
Tareck El Aissami fue durante años uno de los hombres más poderosos del régimen: vicepresidente, ministro de Petróleo, operador político y económico.
Samark López, su socio financiero.
Ambos están detenidos y procesados en Venezuela por el caso PDVSA-Cripto. Ambos tienen cargos abiertos en Nueva York por violación de sanciones y presuntas operaciones vinculadas al narcotráfico.
En términos políticos, son figuras que ya fueron sacrificadas dentro de la purga interna que siguió al colapso del núcleo duro de Maduro.
Pero extraditarlos tendría dos efectos inmediatos:
Deslegitimar el proceso judicial venezolano en curso.
Exponer a la nueva conducción del poder a revelaciones que podrían escalar hacia otras figuras aún activas.
Son fichas útiles. Pero también peligrosas.
Walter Gavidia Flores: el hijo
Walter Gavidia no es un operador técnico ni un alto funcionario. Es parte del núcleo familiar del poder, hijo de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, hoy detenida con el en una cárcel en Nueva York, EE.UU..
Su nombre apareció en sanciones del Departamento del Tesoro por su presunta vinculación con redes asociadas a Saab.
Representa la dimensión patrimonial del chavismo: la zona donde política y familia se fusionaron sin fronteras claras.
Extraditarlo sería una ruptura simbólica mayor.
No solo jurídica. También emocional dentro del entramado de poder.
Los que no están (por ahora) en la lista
Hay otro dato relevante:
ni Diosdado Cabello ni Vladimir Padrino López figuran —por ahora— en la lista formal enviada.
Ambos mantienen recompensas activas ofrecidas por Estados Unidos.
Pero en esta fase de transición cumplen una función clave: sostener estabilidad política y militar en medio del torbellino.
Washington parece haber calibrado el momento.
Desmantelar simultáneamente la estructura política y la militar podría generar un vacío impredecible.
La decisión que definirá el “Rodriguismo«
Delcy Rodríguez enfrenta una disyuntiva que no es solo jurídica.
Puede:
Apegarse al artículo 69 y negar todas las extradiciones.
Buscar una interpretación selectiva que permita mover solo el caso Saab.
O negociar discretamente condiciones que no se conocen públicamente.
El chavismo nunca ha sido estrictamente legalista.
Pero esta vez el margen es más estrecho.
Porque la Venezuela posterior a Maduro se construye bajo vigilancia internacional.
Y cada gesto —cada nombre entregado o retenido— redefine el equilibrio de poder.
La lista está sobre la mesa.
Lo que Delcy haga con ella marcará el rumbo del nuevo ciclo político venezolano.
