Las campañas presidenciales suelen medirse en encuestas, debates, recorridos territoriales y capacidad de movilización. Son espacios donde los candidatos intentan persuadir a los ciudadanos para obtener un voto. Sin embargo, a pocos días de la segunda vuelta presidencial de 2026, una parte creciente de la confrontación política colombiana parece estar ocurriendo en otro lugar: los despachos judiciales, los organismos de control y las instituciones llamadas a actuar como árbitros del sistema.
Lo ocurrido durante las últimas semanas revela una tendencia que va mucho más allá de una sucesión de decisiones aisladas. El Consejo de Estado limitó la difusión de propaganda electoral desde canales oficiales del Gobierno. La justicia intervino sobre elementos centrales de la campaña de Abelardo de la Espriella, primero respecto al uso de la camiseta de la Selección Colombia y después frente a símbolos patrios que se habían convertido en parte de su identidad política. Ahora, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara entra en escena con una decisión que pretende suspender provisionalmente al Presidente de la República por presunta participación en política.
Cada caso tiene fundamentos jurídicos distintos. Cada expediente responde a circunstancias particulares. Pero cuando se observan en conjunto, dibujan un escenario diferente: la campaña presidencial se está desarrollando simultáneamente en el terreno político y en el institucional.
Eso tiene consecuencias.
La primera es que modifica la conversación pública. Durante semanas, los candidatos habían intentado imponer temas relacionados con seguridad, economía, empleo, corrupción o gobernabilidad. Sin embargo, las decisiones institucionales comienzan a desplazar esas discusiones y a ocupar el centro del debate nacional. Los ciudadanos dejan de hablar de programas de gobierno para discutir autos, tutelas, competencias constitucionales y límites legales.
La segunda consecuencia es más profunda. Cada intervención institucional termina siendo reinterpretada políticamente por los sectores involucrados.
Cuando el Consejo de Estado llama la atención sobre la utilización de canales oficiales por parte del Presidente, la discusión jurídica gira alrededor de la neutralidad del Estado. Pero en el terreno político, la medida es presentada por muchos de sus seguidores como un intento de restringir la capacidad comunicacional del mandatario en la etapa decisiva de la campaña.
Cuando la justicia limita el uso de símbolos patrios en la campaña de Abelardo de la Espriella, la discusión jurídica gira alrededor de la apropiación de elementos que pertenecen a toda la Nación. Pero en el terreno político, la medida es presentada por sus simpatizantes como un intento de censurar una expresión legítima de patriotismo.
En ambos casos ocurre algo parecido: una decisión jurídica adquiere una segunda vida como instrumento de movilización política.
Y allí aparece un fenómeno que las democracias contemporáneas conocen cada vez mejor. Las instituciones ya no solamente producen efectos jurídicos. También producen efectos emocionales.
Cada decisión se convierte en un mensaje.
Cada providencia alimenta una narrativa.
Cada actuación termina siendo utilizada para reforzar identidades políticas previamente existentes.
Por eso resulta llamativo que ninguno de los sectores afectados parezca interesado únicamente en ganar la discusión jurídica. Lo que buscan es ganar la interpretación pública de esa discusión.
Petro necesita convencer a sus seguidores de que determinadas actuaciones institucionales forman parte de una estrategia para limitar su influencia política.
De la Espriella necesita convencer a los suyos de que las decisiones judiciales son evidencia de que su candidatura representa una amenaza para sectores del establecimiento.
La consecuencia es que las instituciones comienzan a ser observadas no como árbitros neutrales sino como actores dentro del conflicto.
Y cuando eso ocurre, el riesgo para una democracia no radica únicamente en el contenido de las decisiones, sino en la percepción que la ciudadanía desarrolla sobre quienes las toman.
El problema no es que existan jueces.
El problema no es que existan órganos de control.
El problema tampoco es que las campañas estén sometidas a reglas.
El desafío aparece cuando una porción creciente de la población deja de ver a esas instituciones como garantes de las reglas y comienza a percibirlas como participantes de la competencia electoral.
Esa es una frontera delicada.
Porque la legitimidad de una elección no depende solamente de que los votos sean contados correctamente. También depende de que los ciudadanos confíen en que las instituciones encargadas de vigilar el proceso actúan con independencia y son percibidas como tales.
A once días de la segunda vuelta, Colombia parece estar entrando precisamente en esa zona de tensión.
Los candidatos siguen compitiendo por los votos.
Pero paralelamente se desarrolla otra disputa, menos visible y posiblemente más trascendental: la disputa por la credibilidad de las instituciones.
Y esa batalla, a diferencia de la elección presidencial, no termina necesariamente el 21 de junio.
