Hay decisiones de gobierno cuyo efecto práctico es limitado, pero cuyo peso simbólico resulta inmenso. La ceremonia de posesión de un presidente pertenece a esa categoría. No define una política pública, no modifica el presupuesto nacional ni altera el rumbo de la economía. Sin embargo, dice mucho sobre la manera como un gobierno entiende el poder y sobre la imagen que desea proyectar desde su primer día.
Si, como se ha conocido, Abelardo de la Espriella toma posesión el próximo 7 de agosto en una instalación militar del Cauca, con el Congreso desplazándose hasta ese lugar para recibir su juramento, Colombia no estará simplemente frente a un cambio de escenario. Estará frente a una decisión cargada de significado político.
No es difícil comprender las razones que podrían motivarla. Colombia enfrenta uno de los momentos más complejos en materia de seguridad de los últimos años. El deterioro del control territorial, el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y el retroceso de la presencia efectiva del Estado son una realidad que difícilmente admite discusión. Después de años en los que buena parte del país sintió que el monopolio legítimo de la fuerza volvía a fragmentarse, resulta natural que el nuevo gobierno quiera enviar una señal de autoridad.
El problema no es la autoridad.
El problema es el lenguaje con el que esa autoridad decide expresarse.
Las democracias también hablan mediante símbolos. Y los símbolos tienen memoria. La posesión presidencial es uno de los rituales más importantes de la vida republicana precisamente porque recuerda que el poder político nace de la voluntad ciudadana expresada en las urnas y se somete al orden constitucional representado por las instituciones civiles. No es casualidad que la Constitución establezca que el Presidente preste juramento ante el Congreso de la República. Allí no solo se cumple una formalidad jurídica; se representa una idea mucho más profunda: el poder civil recibe el mandato democrático y, desde ese momento, ejerce la conducción del Estado, incluida la Fuerza Pública.
Ese equilibrio ha sido una de las mayores conquistas de las democracias modernas.
Las Fuerzas Militares existen para defender la Constitución. No para compartir el protagonismo político con ella. Su prestigio descansa precisamente en su carácter profesional, en su disciplina y en su subordinación al poder civil. Cada vez que esa frontera simbólica comienza a difuminarse, aunque sea por razones legítimas o bien intencionadas, conviene detenerse a reflexionar.
La historia latinoamericana ofrece suficientes lecciones. No porque los gobiernos militares hayan sido todos iguales ni porque los proyectos políticos que recurrieron a la fuerza hayan respondido a una misma ideología. Al contrario. Desde distintas orillas, numerosos liderazgos terminaron descubriendo una misma tentación: buscar en el uniforme una fuente adicional de legitimidad política. Esa fascinación por el orden armado ha debilitado, una y otra vez, la fortaleza del civilismo.
Las consecuencias rara vez aparecen de inmediato. Empiezan mucho antes, cuando los símbolos alteran lentamente la percepción colectiva sobre quién protege a quién. En una democracia madura, el uniforme protege a la República; no la representa políticamente. El poder no descansa sobre las botas. Descansa sobre la Constitución.
Precisamente por eso, el próximo gobierno no necesita demostrar su determinación desde un cuartel. Nadie desconoce el desafío de recuperar territorios donde durante años el Estado cedió espacio frente a organizaciones criminales y grupos armados. Tampoco sería razonable exigir que la nueva administración ignore esa realidad. La seguridad volverá a ser una prioridad nacional y probablemente una de las principales medidas con las que será evaluada.
Pero una cosa es gobernar con firmeza y otra distinta es construir la narrativa del poder alrededor del escenario militar.
La fortaleza de un presidente no aumenta por la cercanía de los fusiles, sino por la confianza que inspira en las instituciones. Un gobierno puede apoyarse plenamente en sus Fuerzas Militares sin convertirlas en el eje simbólico de su legitimidad. De hecho, cuanto más fuerte es el liderazgo civil, menos necesita recurrir a esa imagen.
Las repúblicas sobreviven gracias a un delicado equilibrio entre autoridad y libertad, entre seguridad y legalidad, entre fuerza e instituciones. Ese equilibrio no se rompe únicamente cuando se vulnera la Constitución. También comienza a erosionarse cuando los símbolos dejan de recordar quién manda a quién.
Quizá la posesión del 7 de agosto termine siendo apenas una fotografía distinta. O quizá inaugure una narrativa política que acompañe todo un gobierno. Es demasiado pronto para saberlo.
Lo que sí vale la pena recordar, desde el primer día, es que las democracias no solo deben ejercer correctamente el poder. También deben representarlo correctamente. Porque los símbolos, aunque silenciosos, también gobiernan.
