En una sala federal de Manhattan, donde el protocolo impone silencio pero no logra contener la carga política del momento, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguieron la audiencia con auriculares, tomando notas de forma intermitente y cruzando breves palabras con su defensa. Afuera, desde la madrugada, ya había filas, manifestantes y una polarización que anticipaba lo que ocurriría dentro: un juicio que trasciende lo penal.
La segunda audiencia del caso, celebrada este jueves en Nueva York, no resolvió el futuro judicial del proceso, pero sí dejó al descubierto una tensión más profunda: el choque entre las sanciones impuestas por Estados Unidos y el derecho constitucional de los acusados a defenderse.
El juez Alvin Hellerstein lo advirtió desde el estrado: se trata de un caso “único”.
El núcleo del conflicto: quién paga la defensa
La discusión giró en torno a una pregunta que, en apariencia, es técnica, pero que encierra implicaciones políticas de gran escala: ¿puede el Estado venezolano pagar la defensa de Maduro y Flores?
Barry Pollack, abogado del ex dictador venezolano, insistió en que sí. Argumentó que sus clientes no solo tienen derecho a una defensa competente, sino a una defensa de su elección, y que ese derecho incluye el uso de fondos no contaminados, incluso si provienen de terceros.
Según explicó, Maduro y Flores no cuentan con recursos propios suficientes para cubrir los costos del proceso, por lo que el Gobierno venezolano debería poder asumirlos.
“Tienen el derecho absoluto a utilizar sus fondos para pagar su defensa”, sostuvo.
Pero ese argumento choca directamente con el régimen de sanciones vigente. Tanto Maduro como el propio Estado venezolano están sancionados, lo que obliga a obtener licencias específicas —emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— para cualquier transacción de este tipo.
La Fiscalía: sanciones como herramienta de poder
El Gobierno estadounidense defendió su posición sin matices. Los fiscales insistieron en que permitir el acceso a esos fondos socavaría el propósito mismo de las sanciones: influir en la política exterior y proteger la seguridad nacional.
Uno de los momentos más duros de la audiencia llegó cuando el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba acusó directamente a los acusados de haber “saqueado la riqueza de Venezuela”.
Desde esa perspectiva, permitir que esos mismos recursos financien su defensa no solo sería contradictorio, sino políticamente inviable.
Además, la Fiscalía sostuvo que:
- No existe un derecho claro de propiedad sobre esos fondos.
- Los acusados pueden utilizar recursos propios, si los tienen.
- El dinero en cuestión está fuera de Estados Unidos, lo que limita la capacidad del tribunal.
El juez incomoda al Gobierno: ¿siguen teniendo sentido las sanciones?
Sin embargo, el juez Hellerstein no se limitó a arbitrar el debate. En varios momentos, presionó a la Fiscalía con preguntas que apuntaban directamente al contexto político actual.
Si Maduro y Flores están bajo custodia en Estados Unidos, planteó, ¿qué amenaza concreta representan hoy para la seguridad nacional?
“Están aquí. No representan ninguna amenaza adicional”, apuntó.
La observación no es menor. Durante la audiencia, el propio juez dejó entrever que las condiciones que dieron origen a las sanciones —impulsadas durante la administración de Barack Obama— podrían haber cambiado.
En otras palabras, el tribunal se enfrenta a una contradicción incómoda: un sistema de sanciones diseñado para aislar a Venezuela, en un momento en que Washington ha retomado vínculos estratégicos, especialmente en el ámbito energético.
Un detalle que no pasó desapercibido
En medio de la discusión, hubo un gesto breve pero simbólico. Cuando la defensa se refirió a Cilia Flores como “Primera Dama”, el juez interrumpió:
“En este tribunal no se utilizarán títulos.”
Sin desestimación, pero con una advertencia
La defensa solicitó una medida drástica: la desestimación del caso, alegando que la imposibilidad de pagar a sus abogados vulnera derechos constitucionales fundamentales.
Hellerstein fue tajante:
“No voy a desestimar el caso”.
Sin embargo, dejó abierta una puerta que podría ser determinante más adelante. Si se demuestra que el Gobierno bloqueó de forma arbitraria la posibilidad de financiar la defensa, el escenario podría cambiar.
Por ahora, la decisión queda en pausa. El juez anunció que emitirá su resolución próximamente, sin fijar fecha para una nueva audiencia.
Un proceso marcado por la geopolítica
Más allá del intercambio jurídico, la audiencia dejó una imagen clara: este no es un caso penal convencional.
Los argumentos de ambas partes evidencian que el proceso está atravesado por factores que exceden el expediente:
- sanciones económicas,
- decisiones de política exterior,
- tensiones diplomáticas,
- y un contexto internacional en transformación.
Incluso fuera de la sala, el caso sigue cargándose de significado político. El presidente Donald Trump aseguró que “se presentarán otros cargos” contra Maduro, mientras en Caracas el oficialismo manifestaba respaldo y en Nueva York venezolanos protestaban tanto a favor como en contra del exmandatario.
El trasfondo: un juicio sin precedentes claros
En el fondo, lo que se está discutiendo no es solo cómo se financia una defensa legal, sino hasta dónde llegan los derechos constitucionales cuando chocan con herramientas de presión internacional como las sanciones.
El propio Hellerstein lo resumió durante la audiencia: no hay un caso como este.
Y en esa falta de precedentes se juega todo.
La decisión que tome el tribunal no solo definirá la estrategia de defensa de Maduro y Flores. También puede sentar una línea sobre cómo el sistema judicial estadounidense navega —o queda atrapado— cuando la ley, la política y la geopolítica convergen en un mismo expediente.
Por ahora, el fallo está pendiente. Pero el conflicto de fondo ya quedó expuesto.
Este reportaje fue elaborado con base en la cobertura en tiempo real de CNN y Inner City Press, ambos presentes en la sala durante la audiencia.
