El gobierno del presidente Daniel Noboa ha abierto una nueva fase en su estrategia de seguridad. Mediante el Decreto Ejecutivo 329, el Ejecutivo ordenó un toque de queda nocturno y el despliegue reforzado de fuerzas militares en varias provincias de la costa ecuatoriana, en lo que ha sido presentado como una “ofensiva total” contra el crimen organizado.
La medida, que comenzó a aplicarse a mediados de marzo, establece restricciones a la circulación entre las 23:00 y las 05:00 en territorios considerados críticos para la seguridad del país: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. En paralelo, las Fuerzas Armadas iniciaron operaciones en zonas urbanas especialmente conflictivas, entre ellas el cantón Durán, uno de los puntos más violentos del país.
La decisión forma parte del estado de excepción vigente en Ecuador y busca reforzar el control territorial en áreas donde el Estado reconoce haber perdido presencia frente a organizaciones criminales. Pero también ha abierto un debate profundo dentro del país sobre los límites de la militarización de la seguridad y la eficacia real de estas medidas.
La ofensiva contra el crimen
El decreto responde a un contexto que ha transformado radicalmente la percepción de seguridad en Ecuador durante los últimos años. El país, que durante buena parte del siglo XXI fue considerado uno de los más seguros de América Latina, experimenta desde hace algunos años un rápido deterioro de sus indicadores de violencia.
Las provincias incluidas en el toque de queda concentran la mayor parte de los homicidios del país. En ellas se encuentran los principales puertos y corredores logísticos que conectan las rutas del narcotráfico regional con los mercados internacionales.
En ese escenario, el gobierno ha decidido intensificar la presencia militar en las calles y en zonas estratégicas. Miles de efectivos fueron movilizados para realizar patrullajes, controles en vías, operaciones de vigilancia y acciones conjuntas con la policía.
Uno de los focos principales es Durán, ciudad ubicada frente a Guayaquil a orillas del río Guayas. Las autoridades la consideran un enclave logístico clave para el narcotráfico, debido a su cercanía con el principal sistema portuario del país.
Desde allí, según investigaciones policiales, operan redes que almacenan droga, coordinan cargamentos y facilitan la contaminación de contenedores destinados a exportaciones hacia Europa y Estados Unidos.
El despliegue militar busca, según el gobierno, recuperar el control territorial en barrios donde las bandas criminales han logrado consolidar presencia y reducir la actividad delictiva durante la madrugada, cuando se registra una parte significativa de los asesinatos.
El trasfondo: el “conflicto armado interno”
La medida también debe leerse dentro de la doctrina de seguridad adoptada por la administración de Noboa desde 2024, cuando el gobierno declaró que el país enfrentaba un “conflicto armado interno” contra organizaciones criminales.
En ese marco, varias bandas fueron catalogadas como grupos terroristas, lo que permitió ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. El enfoque implica tratar a estas organizaciones no solo como redes criminales, sino como actores armados que disputan territorio al Estado.
La lógica detrás del decreto es, en parte, operacional: reducir la circulación civil durante la noche permite realizar operativos más amplios, facilitar controles y concentrar recursos de seguridad en zonas específicas.
Pero también responde a una realidad geopolítica que ha cambiado la dinámica del narcotráfico regional. Ecuador se ha convertido en una plataforma estratégica para la exportación de cocaína, en gran medida por su ubicación entre los principales países productores y sus puertos con salida directa al Pacífico.
Un nodo del narcotráfico internacional
El crecimiento del narcotráfico en Ecuador ha estado acompañado por la expansión de bandas locales que funcionan como intermediarias para organizaciones criminales internacionales.
En ciudades como Durán, grupos armados disputan el control de territorios desde donde se protegen rutas de transporte, bodegas clandestinas y puntos de acceso a los puertos.
Investigaciones judiciales han vinculado a algunas de estas estructuras con redes transnacionales que incluyen carteles mexicanos y organizaciones criminales europeas, especialmente en el tráfico de cocaína hacia el mercado europeo.
La violencia generada por estas disputas ha contribuido al aumento de los homicidios y a la percepción de que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes en su historia reciente.
Las críticas internas
Aunque el gobierno ha defendido el decreto como una medida necesaria, la estrategia también ha generado críticas dentro de Ecuador.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han advertido sobre los riesgos de una militarización prolongada de la seguridad pública. Según estos grupos, el uso intensivo de fuerzas armadas en tareas policiales puede generar abusos y debilitar los mecanismos civiles de control institucional.
También se han planteado cuestionamientos sobre el impacto de las restricciones a la movilidad. El toque de queda afecta a trabajadores nocturnos, al comercio informal y a sectores económicos que operan durante la madrugada.
Otros analistas sostienen que la medida podría tener un alcance limitado frente al problema estructural del narcotráfico. Argumentan que las grandes redes criminales operan a través de cadenas logísticas complejas —puertos, empresas de transporte y estructuras financieras— que difícilmente se ven alteradas por restricciones horarias.
Desde el ámbito político, sectores de la oposición han expresado preocupación por el uso recurrente de estados de excepción y decretos ejecutivos en materia de seguridad, advirtiendo sobre posibles efectos en el equilibrio institucional.
Una estrategia en construcción
A pesar de las críticas, la política de seguridad del gobierno mantiene niveles importantes de respaldo en la opinión pública. El aumento de la violencia ha generado una demanda social por respuestas contundentes frente al crimen organizado.
El desafío para el Ejecutivo será demostrar que la estrategia produce resultados sostenibles y no se limita a respuestas coyunturales frente a una crisis que tiene raíces profundas.
La ofensiva en la costa ecuatoriana refleja la magnitud del problema que enfrenta el país: un Estado que intenta recuperar control territorial en un escenario donde el narcotráfico transnacional ha encontrado nuevas rutas y plataformas logísticas.
El decreto de Noboa es, en ese sentido, una señal de la dimensión del desafío. Pero también abre un debate sobre cuál debe ser el equilibrio entre seguridad, derechos civiles y gobernabilidad en un país que intenta contener una de las transformaciones criminales más rápidas que ha vivido la región en las últimas décadas.
En el fondo, el decreto de Noboa refleja una realidad incómoda para Ecuador: el país se encuentra en medio de una transformación profunda de su mapa criminal. Durante décadas, su posición geográfica lo mantuvo relativamente al margen de las dinámicas más violentas del narcotráfico regional. Hoy, en cambio, su infraestructura portuaria, su ubicación entre países productores y sus redes logísticas lo han convertido en un punto estratégico para el comercio global de cocaína.
La respuesta del Estado —militarizar territorios, restringir la movilidad nocturna y ampliar las operaciones de seguridad— busca recuperar el control en zonas donde las organizaciones criminales han ganado terreno. Pero el desafío trasciende la dimensión policial o militar. Implica reconstruir instituciones, fortalecer la presencia del Estado y enfrentar economías ilegales que operan a escala transnacional.
El éxito o fracaso de la estrategia de Daniel Noboa dependerá de si estas medidas logran algo más que contener momentáneamente la violencia. La verdadera prueba será si Ecuador consigue revertir la tendencia que lo ha llevado, en pocos años, de ser uno de los países más seguros de la región a convertirse en uno de los nuevos epicentros de la disputa criminal en América Latina.
