En un nuevo giro de la política de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió este viernes la Licencia General 49, una autorización que, en términos prácticos, permite a empresas internacionales avanzar en la negociación y firma de contratos contingentes para nuevas inversiones en el sector petrolero y gasístico venezolano. La decisión forma parte de un paquete más amplio de flexibilización —aunque todavía controlada— de las restricciones que en lo fundamental mantienen intacto el régimen de sanciones impuesto desde 2019.
La GL 49, como se conoce en el lenguaje técnico del Tesoro, no autoriza por sí misma la ejecución de proyectos; lo que habilita es el diálogo vinculante entre empresas y el Estado venezolano o entidades como Petróleos de Venezuela (PDVSA) para estructurar inversiones que, en el futuro, puedan ser aprobadas por la OFAC mediante nuevas licencias específicas.
Un contexto creciente de licencias para el crudo venezolano
La GL 49 se suma a una serie de acciones de la OFAC que, desde finales de 2025 y en lo que va de 2026, han marcado un cambio profundo en el enfoque estadounidense. Esta política se ha movido desde una postura de “máxima presión” hacia una articulación más pragmática, que combina sanciones con incentivos limitados para reactivar la industria petrolera venezolana bajo estrictas condiciones.
Entre las autorizaciones recientes más relevantes están:
- Licencia General 46 — emitida el 29 de enero de 2026 — que permitió a entidades estadounidenses establecidas participar en la comercialización, exportación y otras transacciones directamente relacionadas con el petróleo venezolano, incluida su refinación, pese a las prohibiciones generales del régimen de sanciones.
- Licencia General 47, que abrió una vía para la exportación de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela, insumo esencial para transportar y procesar el crudo pesado que produce el país.
- Otras autorizaciones (GL 48, 30B, 46A, etc.) que han buscado facilitar el suministro de bienes, servicios y actividades logísticas relacionadas con el sector energético y la operación de infraestructuras petroleras y portuarias, aunque siempre bajo condiciones que evitan beneficios directos al régimen sancionado.
Estos pasos reflejan un enfoque más matizado: Washington no ha levantado las sanciones, pero ha ido abriendo grietas que permiten cierta normalización de actividades económicas con fines comerciales y de inversión, siempre sujetas a control y supervisión estadounidense.
¿Por qué ahora? El trasfondo del cambio
El giro de la OFAC sucede en un momento de presión internacional, cambios internos en Venezuela y recalibración de prioridades energéticas globales. El propio Tesoro ha vinculado estas licencias a una serie de transformaciones en la Ley de Hidrocarburos venezolana, aprobada en enero y que busca hacer el sector más atractivo a capital extranjero tras años de control estatal rígido.
Al mismo tiempo, desde dentro del ámbito político y diplomático estadounidense se escucha cada vez más la idea de que Estados Unidos puede recuperar influencia en la industria petrolera venezolana, en competencia con actores como Rusia y China — posiciones que precisamente han reaccionado con críticas a algunas de las condiciones impuestas por las nuevas licencias.
¿Qué cambia — y qué no?
Las nuevas licencias, incluida la GL 49, no representan una eliminación de sanciones. Persisten los bloqueos sobre activos del Estado venezolano, PDVSA y particulares vinculados, y las operaciones económicas siguen sujetas a fuertes controles, incluyendo:
- requisitos estrictos de reporte,
- imposición de leyes y tribunales estadounidenses para controversias contractuales,
- exclusiones de entidades de países bajo sanciones como Rusia, Irán y Corea del Norte, entre otros.
Además, el avance de estas autorizaciones ha sido acompañado por pasos concretos, como la reciente concesión de licencias a grandes empresas petroleras globales para retomar operaciones o firmar contratos — decisiones que también han resonado en los mercados energéticos internacionales.
Una política en transición
La sucesión de licencias y autorizaciones de la OFAC en 2026 constituye, sin duda, uno de los cambios más significativos en la política estadounidense hacia Venezuela en años recientes. Desde una política casi absoluta de bloqueo económico en torno al petróleo, hoy Washington transita hacia un modelo híbrido: mantiene sanciones duras, pero permite grados crecientes de participación internacional bajo condiciones de supervisión estricta.
Para Venezuela, con su producción petrolera lejos de sus picos históricos y su economía aún profundamente impactada, estas decisiones representan potenciales ventanas de reactivación económica. Para la política exterior de Estados Unidos, significan la permanente tensión entre sanciones como herramienta de presión y incentivos como mecanismo de influencia.
