Las nuevas licencias no levantan las sanciones, pero redefinen las reglas para operar en sectores estratégicos del país
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica un amplio paquete de medidas sobre Venezuela que actualiza siete licencias generales y emite dos nuevas preguntas frecuentes (FAQ) destinadas a aclarar aspectos clave sobre operaciones petroleras, minería, transporte aéreo y resolución de disputas contractuales.
A primera vista, la atención parece concentrarse en Chevron y en las actividades petroleras. Sin embargo, una revisión detallada de los documentos revela un alcance mucho mayor.
Las nuevas licencias abarcan petróleo, gas, diluyentes, petroquímica, electricidad, minería, oro, puertos, aeropuertos, servicios logísticos y mecanismos de contratación. Más que autorizaciones aisladas, conforman una arquitectura regulatoria diseñada para permitir determinadas actividades económicas en Venezuela bajo condiciones estrictamente definidas por Washington.
La medida no elimina el régimen de sanciones ni supone una normalización plena de las relaciones económicas con Caracas. Lo que hace es establecer nuevos carriles para actividades específicas, determinar quiénes pueden utilizarlos y fijar las condiciones jurídicas y financieras bajo las cuales podrán operar.
Siete licencias que funcionan como un sistema
Uno de los aspectos más llamativos del paquete es que las licencias parecen concebidas para complementarse entre sí.
La licencia 46C autoriza operaciones relacionadas con petróleo y productos petroquímicos venezolanos destinados al mercado estadounidense. La autorización incluye actividades como compra, venta, transporte, almacenamiento, comercialización y refinación.
La 47A permite la exportación de diluyentes de origen estadounidense hacia Venezuela, un elemento indispensable para procesar y transportar parte importante de los crudos pesados venezolanos.
La 48B amplía el alcance hacia bienes, tecnología, software y servicios vinculados con la exploración y producción de petróleo, gas, productos petroquímicos y electricidad. También permite actividades de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de equipos.
La 50B establece un régimen específico para un grupo de compañías energéticas occidentales que incluye a Chevron, BP, Shell, Repsol, Eni y Maurel & Prom.
La 52A autoriza determinadas transacciones con PDVSA y empresas controladas por la estatal venezolana.
La 51B abre espacios para la comercialización de minerales venezolanos, incluido el oro
La 54A, por su parte, autoriza el suministro de bienes, tecnología y servicios para actividades de exploración, extracción, procesamiento y producción minera.
Vistas individualmente, cada licencia parece abordar un sector específico. Leídas en conjunto, describen una cadena económica completa que abarca producción, suministro de insumos, logística, comercialización y servicios asociados.
No son licencias nuevas
Aunque la publicación ha sido presentada como un nuevo paquete regulatorio, los documentos sustituyen versiones anteriores que ya existían.
Las licencias 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A reemplazan respectivamente a las versiones 46B, 47, 48A, 50A, 51A, 52 y 54.
La decisión muestra que OFAC no está creando un esquema completamente nuevo, sino revisando y ampliando mecanismos que ya venían utilizándose para gestionar excepciones dentro del régimen de sanciones.
Los contratos salen parcialmente de Venezuela
Una de las novedades más relevantes aparece repetida en prácticamente todas las licencias.
Los contratos suscritos bajo estas autorizaciones deberán interpretarse conforme a las leyes de una jurisdicción estadounidense y cualquier controversia deberá resolverse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.
La aclaratoria incluida por OFAC en la FAQ 1260 busca disipar dudas sobre el alcance de esta exigencia.
La agencia precisa que la obligación se refiere a la relación contractual entre las partes y no significa que toda actividad desarrollada en Venezuela quede sometida al derecho estadounidense.
Permisos administrativos, licencias, concesiones, regulaciones laborales, normas ambientales y otras facultades soberanas continúan sujetas al ordenamiento jurídico venezolano.
La diferencia es importante porque traslada la seguridad jurídica de los contratos fuera de Venezuela sin eliminar la aplicación de la legislación venezolana sobre las actividades realizadas dentro del país.
La logística también forma parte del paquete
Las FAQ publicadas por OFAC revelan otro elemento poco comentado.
La agencia aclara que las operaciones ordinarias necesarias para el funcionamiento de aeropuertos venezolanos continúan autorizadas.
Eso incluye servicios de asistencia en tierra, manejo de equipaje, navegación aérea, abastecimiento de combustible, pagos de tasas aeronáuticas y otros servicios esenciales para la actividad aeroportuaria.
Asimismo, se mantienen autorizaciones relacionadas con sobrevuelos, aterrizajes de emergencia y evacuaciones médicas.
La aclaratoria puede parecer secundaria frente al tema petrolero, pero cumple una función clave: una apertura económica parcial requiere infraestructura logística capaz de sostener el movimiento de personas, equipos y mercancías.
El patrón que se repite
Más allá de las diferencias entre una licencia y otra, existe un elemento común que aparece de forma reiterada.
Las autorizaciones excluyen o limitan operaciones vinculadas con actores relacionados con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.
En varias de las licencias también aparecen restricciones específicas para determinadas estructuras societarias vinculadas con China.
La reiteración de estas exclusiones sugiere que el objetivo del paquete no consiste únicamente en flexibilizar ciertas actividades económicas.
También busca definir qué actores pueden participar en ellas.
Más que una flexibilización
La lectura más superficial de estas medidas lleva a concluir que Washington está relajando sanciones sobre Venezuela.
Sin embargo, los documentos apuntan hacia algo más complejo.
Estados Unidos no está desmontando el sistema de sanciones. Tampoco está devolviendo plena libertad de acción al mercado.
Lo que parece estar haciendo es construir un marco regulatorio que permita operaciones económicas en sectores estratégicos venezolanos mientras mantiene capacidad de supervisión sobre contratos, pagos, reportes y mecanismos de resolución de disputas.
La pregunta central deja de ser si existe una flexibilización.
La pregunta pasa a ser quién podrá aprovecharla, bajo qué condiciones y dentro de qué límites.
Y la respuesta parece estar contenida en las propias licencias: Washington está abriendo espacios económicos, pero también está definiendo las reglas de acceso a esos espacios.
