La escena se repite. Un presidente frente al Congreso. Un hemiciclo crispado. La palabra “vacancia” flotando en el aire como una amenaza conocida. Y al final, el tablero vuelve a moverse.
El Congreso de la República del Perú aprobó la censura (vacancia por incapacidad moral) contra José Jerí apenas cuatro meses después de haber asumido el poder. Setenta y cinco votos bastaron para cerrar un capítulo que, en realidad, forma parte de una historia más larga: la de un país que en menos de una década ha visto pasar presidentes como si fueran estaciones de tránsito.
Pero para entender qué ocurrió —y por qué importa— hay que retroceder unos meses.
El presidente accidental
Jerí no llegó al poder por las urnas. Llegó por sucesión.
El 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte, el entonces presidente del Congreso juró como jefe del Estado. No era una figura carismática ni un líder con estructura partidaria sólida. Era, más bien, el resultado de la aritmética constitucional.
Su mandato tenía fecha de caducidad: debía conducir el país hasta las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026. En teoría, su misión era simple: administrar la transición, bajar la tensión y entregar el poder.
En la práctica, ocurrió lo contrario.
El “chifa-gate” y el desgaste acelerado
El punto de quiebre fue una serie de reuniones no registradas oficialmente con un empresario de origen chino vinculado a contrataciones estatales. La prensa bautizó el episodio como el “chifa-gate”.
Jerí defendió los encuentros como reuniones culturales. Sus críticos hablaron de tráfico de influencias. La Fiscalía abrió diligencias preliminares. El ruido político se volvió ensordecedor.
No era solo el contenido de las reuniones. Era el contexto: un país exhausto por escándalos de corrupción, con un Congreso fragmentado y con elecciones a la vuelta de la esquina.
En Perú, cuando la legitimidad se debilita, el Congreso actúa. Y lo hace rápido.
El día de la censura
La sesión fue extraordinaria, pero el desenlace parecía previsible.
Bancadas de izquierda, sectores de centro e incluso congresistas conservadores coincidieron en algo inusual: el presidente no podía llegar a abril en esas condiciones. Se presentaron siete mociones de vacancia.
El debate fue áspero. Unos apelaron a la ética pública. Otros denunciaron oportunismo político. Afuera del Congreso, la ciudadanía miraba con una mezcla de indiferencia y resignación: ya había visto esa película.
El resultado fue contundente: 75 votos a favor de la vacancia, 24 en contra y 3 abstenciones.
Con ese número, Perú volvió a cambiar de presidente.
¿Quién toma el mando ahora?
Según la Constitución, el titular del Congreso que resulte elegido como nuevo presidente de la Mesa Directiva asumirá interinamente la jefatura del Estado.
En los pasillos del Legislativo se mencionan nombres como María del Carmen Alva, José Balcázar y Roberto Chiabra.
Ninguno representa, por ahora, un proyecto político nacional robusto. Todos dependen de pactos parlamentarios. Y todos, si asumen, lo harán con un horizonte limitado: conducir el país hasta la instalación del próximo gobierno.
Abril en el horizonte
Las elecciones generales están fijadas para el 12 de abril de 2026. Se elegirá presidente y un nuevo Congreso bicameral.
La salida de Jerí no altera el calendario, pero sí el clima político.
La campaña ahora girará inevitablemente en torno a tres ejes:
- corrupción,
- estabilidad institucional,
- y seguridad.
Cada candidato intentará capitalizar el cansancio ciudadano frente a la inestabilidad. La pregunta es si el electorado castigará a los partidos que han promovido vacancias sucesivas o si, por el contrario, premiará la idea de “mano firme” frente a la sospecha de corrupción.
Las críticas: ¿control democrático o inestabilidad crónica?
Hay dos lecturas.
La primera sostiene que el Congreso actuó dentro de sus atribuciones. Que la incapacidad moral es un mecanismo constitucional legítimo para evitar que un presidente cuestionado concluya su mandato.
La segunda advierte que el uso recurrente de la vacancia ha erosionado la figura presidencial y convertido la política peruana en un ciclo de reemplazos exprés.
En los últimos diez años, Perú ha tenido una secuencia vertiginosa:
- Pedro Pablo Kuczynski: elegido en 2016, renunció en 2018 tras el escándalo Odebrecht.
- Martín Vizcarra: asumió por sucesión y fue vacado por el Congreso en 2020.
- Manuel Merino: duró cinco días tras masivas protestas.
- Francisco Sagasti: gobierno de transición.
- Pedro Castillo: elegido por voto popular, destituido tras intentar disolver el Congreso.
- Dina Boluarte: asumió por sucesión y fue vacada en 2025.
- José Jerí: cuatro meses en el poder antes de su censura.
Ocho presidentes en menos de diez años.
No es solo una estadística. Es un síntoma.
El fondo del problema
Más allá de Jerí, el debate de fondo es institucional.
La figura de la “incapacidad moral permanente” se ha convertido en un arma política. La fragmentación partidaria impide mayorías estables. El Ejecutivo gobierna sin base sólida. El Legislativo actúa con incentivos electorales inmediatos.
El resultado es un sistema donde el equilibrio de poderes existe, pero no necesariamente la gobernabilidad.
Para un país con desafíos estructurales —informalidad económica, inseguridad, debilidad institucional— la inestabilidad constante tiene costos reales: inversión que se posterga, políticas públicas que no maduran y una ciudadanía cada vez más desconectada de la política.
¿Qué viene ahora?
En lo inmediato, un nuevo presidente interino.
En abril, elecciones.
Después, la incógnita.
Perú no enfrenta solo la caída de un presidente. Enfrenta el desafío de romper un patrón.
La salida de José Jerí puede interpretarse como un acto de control democrático o como otro eslabón de una cadena de inestabilidad. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
La pregunta que queda abierta —y que abril deberá responder— es si el país está listo para cerrar el ciclo o si volverá, una vez más, al punto de partida.
