A menos de una semana de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Procuraduría General de la Nación dio un paso que aumenta la presión institucional sobre el presidente Gustavo Petro: el procurador Gregorio Eljach solicitó oficialmente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre todas las denuncias radicadas contra el mandatario por presunta participación indebida en política.
La petición, enviada este 25 de mayo a la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, exige información precisa sobre cada uno de los expedientes abiertos. Entre los datos solicitados están el número de radicación, fecha de presentación de las denuncias, identidad de los denunciantes, síntesis de los hechos investigados, etapa procesal y nombre del representante encargado de cada caso. Además, la Procuraduría fijó un plazo máximo de tres días para recibir la información.
Según explicó el Ministerio Público, el objetivo es ejercer funciones de “seguimiento y vigilancia” sobre el trámite de las actuaciones relacionadas con el jefe de Estado. Aunque la Procuraduría no tiene competencia para investigar disciplinariamente al presidente debido a su fuero constitucional, sí puede verificar el avance de los procesos que cursan en la Comisión de Acusación, organismo encargado de investigar al mandatario.
El origen de las denuncias
Las actuaciones contra Petro se han intensificado en las últimas semanas debido a publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales y pronunciamientos públicos relacionados con la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato respaldado por sectores del petrismo.
Uno de los episodios que generó más controversia fue la difusión de mensajes y contenidos electorales desde las cuentas oficiales del presidente, situación que sectores políticos y algunos candidatos interpretan como una vulneración al deber de neutralidad que tienen los funcionarios públicos durante campañas electorales.
De acuerdo con versiones conocidas por medios nacionales, la Comisión de Acusación tendría actualmente cerca de una docena de denuncias relacionadas con este tema.
La polémica escaló aún más luego de que la candidata presidencial Claudia López anunciara acciones ante la Comisión de Acusación y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que Petro habría intervenido de manera indebida en favor de Cepeda y afectado las garantías electorales.
Benedetti salió en defensa de Petro
En medio del creciente debate político, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió públicamente al presidente y cuestionó las críticas contra el Gobierno.
“Es una medida hipócrita de nuestro sistema”, afirmó Benedetti al referirse a las acusaciones de participación en política contra Petro y algunos miembros del gabinete.
El funcionario sostuvo que muchas de las declaraciones del mandatario corresponden a análisis políticos y no a actos de proselitismo electoral, insistiendo en que existe un “doble rasero” frente a las opiniones expresadas por otros actores políticos del país.
También investigan a ministros
El caso no solo involucra al presidente. La Procuraduría abrió recientemente una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación en política tras declaraciones públicas relacionadas con la campaña presidencial.
La situación ha encendido alertas en distintos sectores institucionales. Incluso la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para evitar mensajes que puedan interpretarse como respaldo a candidaturas específicas durante la recta final de la campaña.
Un debate recurrente en Colombia
La discusión sobre participación en política de los presidentes no es nueva en Colombia. La Constitución establece que los funcionarios públicos deben actuar con imparcialidad en los procesos electorales y les prohíbe intervenir en favor o en contra de candidatos mientras ejercen sus cargos.
Sin embargo, en los últimos años el debate se ha trasladado con fuerza a las redes sociales, donde los límites entre opinión política, libertad de expresión y proselitismo institucional se han vuelto cada vez más difusos.
Ahora, con el proceso electoral entrando en su fase definitiva, la actuación de la Procuraduría abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno Petro y sectores de oposición, en un momento marcado por la polarización política y las disputas sobre las garantías electorales de cara a los comicios presidenciales.
