El 14 de abril de 2026, Delcy Rodríguez registró en Estados Unidos a Jihad M. Smaili como agente extranjero bajo el expediente FARA 7715. FARA significa Ley de Registro de Agentes Extranjeros y obliga a quienes actúan por cuenta de un “principal extranjero” a revelar públicamente su vínculo, sus actividades y sus ingresos ante el Departamento de Justicia; no prohíbe el lobby, pero sí lo vuelve transparente. El documento atribuye a Smaili una misión amplia: litigios relacionados con PDVSA y Citgo, reclamos de acreedores, asesoría diaria sobre asuntos ante el Departamento de Estado y la Casa Blanca, trabajo para una futura campaña política de Rodríguez y gestiones para levantar sanciones. El contrato, además, figura como un acuerdo oral fechado el 11 de abril.
Smaili no es un nombre de primera línea en el circuito de Washington. El registro del Colegio de Abogados de California lo muestra como abogado activo, radicado en Santa Ana, con áreas declaradas de práctica en derechos civiles, beneficios laborales, litigios y lesiones personales; también señala que habla árabe y que su equipo maneja farsi y español. La biografía publicada por su propio despacho añade que se graduó en Cleveland-Marshall College of Law, fue admitido en Ohio en 1998 y empezó su carrera en el sector público como asistente del fiscal general de Ohio.
Ese antecedente ayuda a entender por qué su nombre no encaja con el de un lobista clásico de Washington. Su historial público lo acerca más a la litigación sensible que a la política partidista. En 2012, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) lo citó como miembro de la junta directiva y abogado de KindHearts, una organización humanitaria que había sido objeto de un congelamiento de activos por parte del Tesoro estadounidense en una investigación vinculada al terrorismo (Hamas) tras el 11 de septiembre de 2001. Para una operación que ahora toca sanciones, activos congelados y pleitos de alto voltaje, esa experiencia vale tanto como una tarjeta de presentación.
La pregunta de fondo no es solo quién es Smaili, sino por qué Delcy Rodríguez lo necesita ahora. La respuesta está en el momento político y jurídico: Washington retiró a Rodríguez de la lista de personas sancionadas el 1 de abril, pero no desmontó el andamiaje completo de presión sobre Venezuela. Ese mismo mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió las Licencias Generales 56 y 57, que autorizan negociaciones comerciales contingentes con el gobierno venezolano y ciertas transacciones financieras con bancos estatales seleccionados. Es decir: hay alivio, pero no normalización plena.
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En ese marco, un abogado-lobista no sobra; se vuelve útil. Smaili no parece haber sido contratado para repetir la labor diplomática de Félix Plasencia, enviado como “representante diplomático” de Venezuela en Washington. La función de Plasencia es abrir y sostener un canal político formal; la de Smaili, en cambio, apunta al terreno legal, administrativo y de influencia sobre las agencias que realmente deciden licencias, excepciones, permisos y ritmos de implementación. Son dos carriles distintos para una misma agenda.
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El expediente FARA es revelador precisamente porque no habla solo de sanciones. También coloca a Smaili en la defensa de disputas ligadas a PDVSA y Citgo, además de reclamos de acreedores y asuntos que tocan el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Washington reconoció a Rodríguez como líder de Venezuela y presidenta legítima. Abrió la puerta para que su gobierno recupere control sobre compañías venezolanas en el exterior y señaló que Caracas se prepara para tomar las juntas de las filiales estadounidenses de PDVSA, incluida Citgo. En otras palabras, el movimiento de Smaili no responde a una sola urgencia, sino a varias al mismo tiempo.
También hay un componente político explícito. El registro menciona apoyo a la “futura campaña política” de Rodríguez. Ese punto no debe leerse como un gesto de propaganda electoral convencional, sino como una tentativa de construir respaldo, interlocución y margen de maniobra fuera del país mientras se resuelven los frentes legales y sancionatorios. La oposición venezolana, por su parte, mantiene un liderazgo simbólico fuerte en María Corina Machado, quien está fuera del país y ha dicho que piensa regresar en las próximas semanas; eso deja la competencia interna menos centrada en la calle y más conectada con el reconocimiento exterior, las sanciones y el control de activos.
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Por eso Delcy Rodríguez recurre a una figura como Smaili. No parece haberlo escogido por brillo público ni por una militancia partidista visible, sino por algo más práctico: perfil bajo, experiencia en litigios sensibles, conocimiento de casos donde el Estado estadounidense congela o discute activos, y una práctica profesional capaz de moverse entre pleito, negociación y representación. En este momento, lo que Caracas necesita en Washington no es un vocero más, sino alguien que pueda leer el lenguaje de las agencias, los tribunales y la política exterior sin hacer demasiado ruido.
La contratación de Jihad M. Smaili dice, en suma, que Delcy Rodríguez está jugando en varios tableros a la vez: el legal, el financiero, el diplomático y el político. Washington ya ha aflojado algunas tuercas, pero no ha desmontado la máquina. Y en un escenario así, lo que se necesita no es solo un levantamiento de sanciones, sino alguien que traduzca permisos parciales en poder real.
