La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó este 27 de marzo tres nuevas licencias sobre Venezuela que, leídas en conjunto, hacen algo que no había ocurrido hasta ahora: abren, de forma simultánea, la operación, comercialización e incluso la negociación de inversiones en el oro venezolano, pero bajo un sistema completamente controlado por Estados Unidos.
La medida llega en un momento político excepcional. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la llegada al poder de Delcy Rodríguez, Washington ha comenzado a rediseñar su esquema de sanciones hacia Caracas, combinando presión judicial con aperturas económicas selectivas.
Lo novedoso no está en cada licencia por separado, sino en cómo encajan.
Por un lado, la Licencia General 54 autoriza a empresas estadounidenses a suministrar bienes, tecnología y servicios para actividades mineras dentro de Venezuela, incluso en operaciones vinculadas al Estado o a Minerven. Pero lo hace imponiendo condiciones estrictas: los contratos deben regirse por leyes estadounidenses, las disputas resolverse en tribunales de ese país y los pagos no van directamente a actores sancionados, sino a cuentas controladas por el Departamento del Tesoro.
En paralelo, la Licencia General 51A permite algo que había estado en el centro de las sanciones durante años: comprar y comercializar oro venezolano. La autorización cubre exportación, transporte y venta, pero solo para empresas estadounidenses ya establecidas antes de 2025 y bajo un requisito clave: demostrar la trazabilidad completa del mineral, desde su origen hasta su destino final. Además, endurece restricciones geopolíticas, bloqueando cualquier participación directa o indirecta de actores como China o Rusia en la cadena.
La tercera pieza, la Licencia General 55, abre la puerta a algo aún más sensible: permite negociar y firmar contratos para nuevas inversiones en el sector minero venezolano. Sin embargo, esos acuerdos no pueden ejecutarse. Todo queda condicionado a una autorización futura de la propia OFAC.
Vistas en conjunto, las tres licencias dibujan un esquema claro. Las empresas pueden explorar oportunidades, participar en operaciones y comercializar el oro, pero siempre dentro de un marco donde Estados Unidos controla las reglas, los flujos financieros y la resolución de conflictos.
También hay líneas rojas consistentes. Ninguna de las licencias permite pagos en oro, criptomonedas o esquemas financieros opacos. Tampoco se autorizan transacciones con actores vinculados a países como Rusia, China, Irán o Cuba. Y, salvo en el terreno de la negociación, se mantiene el veto a la creación de nuevas empresas o joint ventures dentro de Venezuela.
Este rediseño ocurre mientras Washington mantiene intacto el frente judicial contra Maduro, quien sigue enfrentando cargos por narcoterrorismo en Nueva York, en un proceso donde incluso el acceso a fondos para su defensa ha estado condicionado por las propias sanciones.
Al mismo tiempo, el gobierno interino de Rodríguez ha comenzado a ofrecer garantías a inversionistas internacionales y a promover reformas para atraer capital extranjero, especialmente en sectores estratégicos como petróleo y minería.
En ese contexto, las nuevas licencias parecen responder a una lógica doble: permitir que el negocio del oro venezolano vuelva a moverse —tras años de opacidad y redes informales—, pero hacerlo dentro de un sistema donde cada contrato, cada pago y cada gramo exportado pueda ser rastreado y, en última instancia, supervisado desde Estados Unidos.
