Durante años, los hombres como alias Calarcá aprendieron a leer el mapa mejor que nadie. No el mapa oficial —el de las fronteras, los discursos o los tratados— sino el otro: el de los vacíos. En Colombia, ese mapa ofrecía negociación. En Venezuela, ofrecía profundidad. Entre ambos, un espacio donde era posible moverse, crecer y sobrevivir sin desaparecer del todo.
Ese equilibrio empezó a cambiar el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos. Desde entonces, el terreno dejó de ser predecible. Y para figuras como Calarcá —acostumbradas a operar entre la ambigüedad y la tolerancia— la pregunta dejó de ser cómo expandirse, para convertirse en otra: cuánto de ese mundo sigue en pie.
El poder que no se explica por las armas
Alias Calarcá —Alexander Díaz Mendoza— no es, en estricto sentido, el comandante más visible ni el más mediático de las disidencias de las FARC. Su nombre no suele aparecer con la frecuencia de otros jefes armados. Y, sin embargo, su trayectoria revela algo distinto: una capacidad sostenida para mantenerse operativo en contextos donde otros caen, se fragmentan o desaparecen.
Ingresó a la guerrilla siendo menor de edad, en las estructuras del Bloque Oriental. Tras el acuerdo de paz de 2016, decidió no acogerse. Mientras buena parte de la organización transitaba hacia la vida civil, él permaneció en la guerra. Con el tiempo, se convirtió en una figura clave dentro del llamado Estado Mayor Central, una estructura que agrupa a varios frentes disidentes.
Pero lo que define su perfil no es solo su permanencia en armas, sino su capacidad para habitar dos planos al mismo tiempo. Mientras lidera estructuras armadas activas en regiones como Meta, Guaviare o Caquetá, también ha sido reconocido como interlocutor en procesos de negociación con el Estado colombiano.
Esa doble condición —combatiente y negociador— no es inédita en el conflicto colombiano. Lo que sí resulta menos habitual es la simultaneidad con la que se ha mantenido. Según publicó El País el 27 de agosto de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro insistía en mantener diálogos con su facción, incluso en medio de tensiones con otras disidencias. En paralelo, autoridades locales seguían atribuyendo a sus estructuras hechos de violencia en distintas regiones.
Esa coexistencia —negociar mientras se mantiene capacidad armada— es la primera clave para entender su poder. Pero no la única.
Cuando el Estado aparece en los archivos
El elemento que más incomodó a las instituciones no fue una operación militar ni un ataque, sino una serie de documentos.
En noviembre de 2025, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló el contenido de computadores incautados a estructuras vinculadas a Calarcá. Según ese reporte, publicado el 23 de noviembre de ese año, los archivos incluían correos electrónicos, chats y registros que sugerían contactos con miembros de la Fuerza Pública y del sistema de inteligencia.
Días después, El País detalló el alcance de esos hallazgos. En una publicación del 24 de noviembre de 2025, el diario señaló que “decenas de correos y chats vinculan a las disidencias de alias Calarcá con un general del Ejército y un directivo de inteligencia”. Los mensajes, según ese mismo reporte, incluían referencias a movimientos operativos, alertas sobre acciones militares y posibles filtraciones de información sensible.
La reacción institucional fue inmediata, al menos en el plano formal. El 27 de noviembre, la Procuraduría anunció la suspensión de los funcionarios mencionados, mientras la Fiscalía abría líneas de investigación para determinar la autenticidad y el alcance de los vínculos.
Nada de esto prueba, por sí mismo, una estructura organizada de infiltración. Pero sí introduce un dato que cambia la lectura: el acceso. No se trata únicamente de presencia armada en territorios periféricos, sino de la posibilidad de establecer canales —directos o indirectos— con sectores del Estado.
Para un actor como Calarcá, ese tipo de acceso no sustituye la fuerza, pero la complementa. Permite anticiparse, moverse con margen, reducir riesgos. En un conflicto donde la información vale tanto como el territorio, esa ventaja es decisiva.
Venezuela: el espacio donde la guerra no se interrumpe
Si en Colombia su poder se explica por esa combinación de negociación y capacidad armada, en Venezuela se sostiene sobre otra lógica: la continuidad.
Desde hace años, organizaciones como InSight Crime y Human Rights Watch han documentado la presencia de disidencias de las FARC en estados venezolanos como Apure, Amazonas y, más recientemente, Delta Amacuro. No se trata de incursiones esporádicas, sino de estructuras que operan con estabilidad en zonas específicas.
En Apure, particularmente en municipios fronterizos como Páez, se han registrado enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas venezolanas, pero también períodos prolongados de coexistencia. En regiones más al sur, como Amazonas, la presencia se asocia a economías ilegales: minería, control de rutas fluviales y tráfico de insumos.
El Orinoco aparece en ese mapa como algo más que un río. Es una vía. A través de él se conectan territorios, se mueven mercancías, se articulan economías que no dependen de una sola frontera. Según reportes de Amazon Underworld, publicados en 2024, estructuras disidentes han logrado expandirse hacia el delta, controlando puntos estratégicos para el tránsito de bienes y personas.
Durante años, ese espacio funcionó bajo una premisa tácita: la ausencia de presión sostenida. No necesariamente una alianza formal, pero sí una condición que permitía operar sin la intensidad del conflicto colombiano.
Para Calarcá y estructuras similares, eso significaba algo fundamental: profundidad. La posibilidad de retroceder, reorganizarse y volver a avanzar.
El cambio de escenario
Ese modelo empezó a mostrar fisuras con la captura de Nicolás Maduro y la reconfiguración del poder en Caracas.
Con Delcy Rodríguez asumiendo funciones de gobierno en un contexto de presión internacional, el margen de autonomía del Estado venezolano se volvió más estrecho. No se trata de una intervención directa, pero sí de un entorno donde la influencia de Estados Unidos es más visible, especialmente en materia de narcotráfico y cooperación judicial.
Esa presión responde a una lógica distinta a la que predominó durante años en la región. La política estadounidense frente a estructuras criminales transnacionales no contempla zonas de tolerancia. Se basa, por el contrario, en la persecución judicial, la inteligencia compartida y la presión sobre redes financieras.
En ese contexto, el territorio venezolano deja de ser un espacio predecible. No porque haya desaparecido la presencia de grupos armados, sino porque las reglas que regían su operación pueden cambiar sin previo aviso.
Esa incertidumbre se reflejó en un episodio que, en otro momento, habría pasado desapercibido.
La reunión que no ocurrió
A comienzos de 2026, se planteó la posibilidad de un encuentro entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y Delcy Rodríguez en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana. La reunión tenía un valor simbólico: escenificar una nueva etapa en la relación bilateral.
No se realizó. Fue cancelada por razones de seguridad.
No hubo mayores explicaciones. Pero en el contexto actual, el hecho adquiere otra dimensión. No es solo una reunión suspendida, sino una señal de las tensiones que atraviesan la relación entre ambos países en un momento donde la influencia de Washington es más directa y donde los equilibrios regionales están en revisión.
Para actores estatales, eso implica recalibrar posiciones. Para actores armados, implica algo más básico: no saber a qué atenerse.
Entre tres presiones
En paralelo, el margen de maniobra del propio Petro también se ha estrechado. Según reveló The New York Times —en una investigación recogida por Reuters y publicada en 2026— fiscales federales en Manhattan y Brooklyn adelantan indagaciones preliminares sobre posibles vínculos entre narcotraficantes y la financiación de su campaña presidencial de 2022.
Ver: Una investigación en EE.UU. reabre interrogantes sobre la financiación de la campaña de Petro
No hay cargos. No hay imputaciones. Pero el hecho de que el caso esté siendo examinado en las mismas jurisdicciones donde se procesa a Maduro introduce un elemento adicional de presión.
Ese entorno no determina decisiones inmediatas, pero sí condiciona el contexto. En materia de seguridad y narcotráfico, la relación con Estados Unidos no es un factor secundario para Colombia.
Así, el escenario en el que opera Calarcá queda atravesado por tres fuerzas que no siempre se alinean:
En Colombia, un proceso de negociación que convive con exigencias de resultados.
En Venezuela, un territorio que deja de ofrecer certezas.
En Estados Unidos, un sistema judicial que avanza sin atender a consideraciones políticas locales.
Un «equilibrio» que ya no es el mismo
Durante años, el poder de alias Calarcá no se construyó únicamente sobre las armas. Se apoyó en su capacidad para moverse en espacios donde las reglas no eran del todo claras, donde la guerra podía coexistir con la negociación y donde las fronteras funcionaban más como corredores que como límites.
Ese entorno le permitió crecer sin exponerse completamente.
Hoy, ese mismo entorno muestra señales de cambio. No de manera uniforme ni definitiva, pero sí suficiente para alterar las condiciones que lo hicieron posible.
Lo que ocurra a partir de ahora no dependerá solo de su estructura o de sus decisiones. Dependerá, en buena medida, de cómo evolucionen esas tres presiones externas que empiezan a cruzarse sobre el mismo mapa.
Y en ese cruce, por primera vez en años, su margen de maniobra parece menos claro que antes.
