En Colombia ya no es raro encontrar una panadería atendida por una familia venezolana, un taller de belleza administrado por una migrante de Maracaibo o una tienda de barrio que, en la práctica, opera con una lógica binacional: vende en pesos, ahorra en dólares cuando puede y resuelve buena parte de sus pagos en efectivo o por billeteras digitales. La paradoja es que esa economía sí existe, sí factura y sí contrata, pero todavía tropieza con un muro viejo y persistente: el sistema financiero formal sigue mirándola con desconfianza. La fotografía más reciente disponible en fuentes públicas muestra que en el país viven 2.815.611 migrantes venezolanos; de ellos, 1.939.987 ya están regularizados con PPT y otros 334.697 están en trámite, mientras Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali concentran los mayores asentamientos.
Bogotá encabeza ese mapa con 591.462 venezolanos. Detrás aparecen Medellín, con 239.555; San José de Cúcuta, con 215.580; Barranquilla, con 137.646; y Cali, con 129.669. No se trata de una migración dispersa ni marginal: está anclada en las principales ciudades del país y en los corredores económicos más dinámicos, donde el empleo, la vivienda, el comercio y los servicios básicos se vuelven el primer terreno de integración, pero también el primer filtro de exclusión.
Lo que está pasando: data, calle y supervivencia
Lo primero que hay que entender es que la migración venezolana no solo llenó vacíos laborales; también llenó nichos de consumo y de emprendimiento. La encuesta de caracterización de iNNpulsa sobre emprendimientos liderados por migrantes en Colombia encontró que el 53% ya cuenta con un modelo de negocio con ventas, que los sectores más representativos son comercio, manufactura, arte y entretenimiento, y que dentro de la manufactura sobresalen los alimentos y las confecciones. En paralelo, el 59% de esos emprendimientos genera al menos un empleo y el 39% genera más de dos; es decir, no estamos ante negocios de mera subsistencia, sino ante una base empresarial pequeña, frágil, pero real.
La calle, sin embargo, cuenta otra parte de la historia. El mismo informe de iNNpulsa muestra que el 82% de esos emprendimientos no está formalizado, que el 68% maneja medios de pago electrónicos, pero que los emprendedores siguen financiándose sobre todo con recursos propios y ayuda de familiares o amigos. Un 34% dice que le rechazaron crédito por falta de experiencia crediticia y otro 27% no logró financiación por falta de documentación. Esa combinación explica buena parte del ecosistema que se ha ido formando: negocios que venden, pero no despegan; negocios que crecen, pero sin espalda financiera; negocios que sostienen a una familia, pero aún no logran entrar del todo al circuito bancario.
El cuello de botella: el problema no es solo migratorio, es financiero
La barrera central no está únicamente en el permiso de residencia. El Permiso por Protección Temporal sí abrió una puerta importante. La Superintendencia Financiera dejó claro que el PPT debe ser admitido para la apertura y contratación de productos y servicios financieros, y entidades como Nequi y Nu ya anunciaron que aceptan personas con PPT en sus plataformas. Nequi lo hizo público en junio de 2024 y volvió a detallar en su centro de ayuda que el documento sirve para crear producto financiero, siempre que la persona tenga celular colombiano, documento vigente y reconocimiento facial. Nu, por su parte, comunicó en octubre de 2024 que las personas con PPT podían aplicar a sus productos.
El problema es que aceptar el documento no equivale a resolver la inclusión. De acuerdo con una medición del DANE citada por La República, el 73,7% de los venezolanos encuestados —más de 1,2 millones de personas— no tenía acceso a una cuenta en una entidad financiera, microfinanzas, fintech o billeteras. Solo el 26,3% sí contaba con algún acceso financiero, y dentro de ese grupo apenas 337.831 tenía cuenta bancaria. Dicho de otra manera: el PPT existe, pero la vida crediticia sigue siendo una ruta empinada para una mayoría enorme.
Esa realidad también se nota en cosas aparentemente menores, pero decisivas. Colombiacheck explicó que la “vida crediticia” es la hoja de vida financiera que miran bancos y entidades para determinar si alguien puede recibir crédito, y advirtió que, aunque hay ofertas para construir historial incluso mediante líneas telefónicas pospago, el acceso efectivo al crédito para la población venezolana sigue siendo muy bajo. En otras palabras, el umbral de entrada al sistema no siempre es una tarjeta o un préstamo; a veces es algo tan básico como lograr que un operador móvil te vea como cliente “confiable”.
La economía paralela que va naciendo
Cuando el banco no entra, entra la confianza. Y cuando la confianza sustituye al crédito, aparecen redes informales de financiación, préstamos entre migrantes, adelantos entre conocidos, giros por fuera del sistema y, en algunos casos, pagos en dólares como refugio de valor. No siempre eso toma la forma oscura del “gota a gota” tradicional; a veces es más sofisticado, más silencioso y más funcional, pero también más opaco para el Estado y más costoso para el negocio pequeño que depende de liquidez inmediata. Esta es la economía paralela que se va montando no por gusto, sino por exclusión. La evidencia sobre la baja bancarización, la informalidad de los emprendimientos y el rechazo crediticio ayuda a explicar por qué ese circuito alterno se vuelve una salida casi natural.
La paradoja, además, es que el mercado sí olfatea oportunidad. Nequi abrió la puerta al PPT; Nu hizo lo propio; y en 2026 la aplicación Monet lanzó microcréditos para migrantes con PPT, precisamente porque detectó una demanda no atendida por el sistema tradicional. Ese movimiento de fintechs y plataformas digitales sugiere algo importante: el segmento venezolano no es un riesgo homogéneo, sino una cartera potencial que algunos actores ya están leyendo mejor que otros.
La migración ¿Le cuesta mucho al Estado? Sí. ¿Le aporta poco? No.
En Colombia, la migración venezolana dejó hace tiempo de ser solo un tema social o humanitario. Hoy es, también, un fenómeno económico que se siente en el consumo diario, en la dinámica del comercio y en la caja del Estado. Está en el arriendo que se paga, en el mercado que se compra, en el transporte que se usa y en cada transacción que, aunque pequeña, termina sumando en la economía nacional.
Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones pone cifras concretas a ese movimiento. Según el informe, los hogares venezolanos generan más de 10.600 millones de dólares anuales en consumo en América Latina y el Caribe. Colombia no solo lidera ese impacto: concentra cerca de 3.000 millones de dólares, por encima de economías como Perú y Chile.
Ese gasto no se dispersa en lujos. Se concentra, sobre todo, en lo esencial: vivienda, alimentos, salud y educación. Es un consumo de supervivencia, pero masivo, constante y profundamente integrado a la economía local. Y aunque la capacidad de ahorro sigue siendo limitada, el flujo de dinero es suficiente para dinamizar sectores completos, especialmente en ciudades donde la migración se asentó con mayor fuerza.
Para la OIM, esa dinámica desmonta una idea que ha dominado buena parte del debate público. “La migración es una fuente de crecimiento económico, así como de creatividad y dinamismo. Cuando los gobiernos amplían las oportunidades para las personas migrantes a través de procesos de regularización e integración, toda la sociedad se beneficia”, afirmó Maria Moita, directora regional del organismo para América Latina y el Caribe.
Ese dinamismo tiene una traducción directa en impuestos. Cada compra paga IVA. Cada arriendo formal tributa. Cada servicio contratado deja un rastro fiscal. El mismo estudio estima que los migrantes venezolanos aportan alrededor del 1,2% de la recaudación tributaria total en los países analizados. En Colombia, ese impacto es particularmente visible: en un solo año, la contribución fiscal de esta población superó los 529 millones de dólares.
El contraste con el costo fiscal es inevitable, pero también matizado. El Banco de la República ha estimado que la atención en salud, educación y primera infancia para la población migrante representó cerca de 0,12% del PIB en años recientes. Es un gasto real, sostenido y necesario. Pero cuando se pone en la balanza con el consumo, los impuestos y la actividad económica que genera esta población, la historia deja de ser unidimensional.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo plantea en términos más amplios. En un escenario de integración socioeconómica moderada, proyecta que la migración venezolana podría impulsar el PIB colombiano en un 3,7% hacia 2030. La lectura es clara: el costo existe, pero el retorno depende de qué tan rápido y qué tan bien el país logre integrar a esta población en su economía formal.
Porque el verdadero problema no parece estar en cuánto cuesta la migración, sino en cuánto deja de producir cuando se mantiene a una parte importante de esa población en los márgenes del sistema.
La oportunidad que sigue abierta
La gran pregunta ya no es si la migración venezolana está en Colombia. Está. Tampoco es si mueve plata. La mueve. La pregunta relevante es por qué una parte del sistema financiero sigue tratando a esa población como una apuesta incómoda, cuando la evidencia muestra que el país ya recibe aportes fiscales, demanda, empleo y nuevos negocios. Si el sistema bancario y crediticio lograra leer mejor ese universo, el impacto podría ir mucho más allá de abrir cuentas: más capital de trabajo para microempresas, más formalización, menos dependencia del efectivo, más trazabilidad tributaria, más consumo visible y más capacidad de crecimiento para negocios que hoy operan con techo bajo. La inclusión financiera no resolvería todo, pero sí convertiría una economía tenue y parcialmente invisible en una economía más productiva y más fácil de medir.
La respuesta, entonces, no parece ser si Colombia está “llenándose” de negocios venezolanos. La respuesta es que ya se llenó. Lo que todavía no ha terminado de ocurrir es la aceptación plena de ese fenómeno por parte de la banca, el crédito y buena parte de la arquitectura financiera. Y en ese rezago hay una oportunidad enorme, pero también un riesgo: el de seguir empujando a cientos de miles de personas a una economía que funciona, pero fuera del radar.
