La Asamblea Nacional venezolana avanza, sin estridencias pero con constancia, en una ley que puede redefinir uno de los sectores más sensibles —y menos transparentes— de la economía: la minería. En la última sesión aprobó más de la mitad del articulado, incluyendo regalías, impuestos y condiciones de explotación, pero decidió aplazar la votación final. La pausa ocurre en medio de un contexto que trasciende lo legislativo. La discusión ya no es únicamente interna. También tiene una dimensión internacional marcada por el renovado interés de Estados Unidos en el oro venezolano.
El proyecto no se limita a actualizar normas. Propone un rediseño del negocio minero que coincide, en tiempo y forma, con un cambio en la política de sanciones de Washington. En las últimas semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias que permiten a empresas estadounidenses participar en actividades vinculadas al oro venezolano. Ese movimiento, combinado con la reforma legal en Caracas, dibuja un escenario donde ambos lados parecen prepararse para una relación más fluida en este sector.
Un modelo que cambia sin romperse del todo
Durante años, el esquema venezolano en minería respondió a una lógica cerrada. La ley vigente desde finales de los noventa permitía participación privada, pero bajo condiciones controladas y con una fuerte intervención estatal. Ese marco se endureció con la normativa de 2015 sobre oro y minerales estratégicos, que reservó al Estado las actividades principales y obligó a que el oro fuera vendido al Banco Central de Venezuela.
La disposición era directa. El oro no podía circular libremente en el mercado. Su destino estaba definido desde el inicio de la cadena productiva, lo que dejaba poco margen de maniobra para operadores privados.
El proyecto que hoy se discute no elimina ese esquema de manera frontal, pero introduce ajustes que modifican su funcionamiento. Amplía los plazos de concesión hasta 30 años, con posibilidad de prórroga, define un régimen de regalías de hasta 13 % sobre la producción y establece un impuesto minero de hasta 6 %. Al mismo tiempo, reduce ciertas cargas fiscales, como tributos municipales y algunos impuestos nacionales, lo que mejora las condiciones económicas para los inversionistas.
Además, abre formalmente la participación a empresas privadas y extranjeras, junto a las empresas públicas y mixtas.
Ese conjunto de cambios no elimina el rol del Estado, pero sí altera el equilibrio dentro del sector.
El detalle que cambia la dinámica
Hay un elemento dentro del proyecto que resume bien esa transformación: la comercialización del oro.
El texto mantiene que el Banco Central de Venezuela tiene un derecho preferente de compra. Sin embargo, incorpora una condición que introduce flexibilidad:
«…si el BCV no manifiesta interés en cinco días, el mineral puede venderse a terceros»
En la práctica, esto abre una vía que antes no existía. El Estado conserva su posición, pero deja de ser un filtro obligatorio en todos los casos. El resultado es un sistema que puede operar con mayor fluidez, dependiendo de cómo se ejerza ese derecho.
El movimiento paralelo de Washington
Mientras Caracas ajusta su marco legal, Washington ha comenzado a flexibilizar su enfoque hacia la minería venezolana. En marzo de 2026, OFAC emitió nuevas licencias que autorizan a empresas estadounidenses a participar en la compra, exportación, transporte y refinación de oro venezolano, así como en servicios logísticos y financieros asociados.
Estas autorizaciones tienen límites definidos. No permiten la exploración ni la explotación directa de minas dentro de Venezuela. Aun así, abren un espacio para que el negocio se reactive en otras fases de la cadena.
Al mismo tiempo, otra licencia autoriza la negociación de contratos para futuras inversiones en el sector. Esto sugiere que las condiciones podrían ampliarse más adelante, dependiendo del contexto político.
Dos procesos que avanzan en paralelo
Al observar ambos movimientos, se percibe una coincidencia en la dirección que toman. Por un lado, Estados Unidos habilita operaciones vinculadas al oro. Por el otro, Venezuela adapta su legislación para hacer el sector más accesible.
El proyecto incorpora elementos que suelen buscar los inversionistas internacionales: mayor duración de los contratos, reglas más claras para la actividad y apertura a capital extranjero.
Ver: Oro y CITGO: la doble apuesta de Gold Reserve sobre Venezuela
Sin embargo, mantiene ciertos rasgos del modelo anterior. El Estado conserva presencia en la comercialización y no cede completamente la definición de las reglas del juego. A diferencia de lo que exige OFAC en sus licencias, la ley no establece que los contratos deban regirse por legislación extranjera ni que las disputas deban resolverse fuera del país.
El resultado es un esquema que intenta equilibrar apertura y control.
Una redacción más cuidadosa que en el petróleo
Si se compara con los cambios introducidos en el sector petrolero, este proyecto parece más medido. En el caso del petróleo, la flexibilización fue más evidente y directa en su diseño. Aquí, en cambio, la estructura mantiene el lenguaje de control estatal, pero incorpora mecanismos que permiten mayor margen de operación.
El papel del Banco Central ilustra bien esa lógica. Su derecho preferente se conserva, pero su ejercicio no es automático. Si no interviene dentro del plazo previsto, la operación puede continuar sin su participación.
Esto permite sostener la narrativa de control, al tiempo que se habilita una dinámica más abierta en la práctica.
Un giro que responde al contexto
Durante años, el discurso oficial venezolano estuvo marcado por la confrontación con Estados Unidos y la defensa de los recursos naturales como símbolo de soberanía. Hoy, ese discurso convive con decisiones que apuntan en otra dirección.
El interés de empresas estadounidenses en el oro venezolano, las licencias emitidas por OFAC y la reforma legal en discusión forman parte de un mismo momento. No se trata de un cambio abrupto en el discurso, sino de un ajuste en la forma de operar.
Lo que está en juego
La ley de minas no es solo un instrumento técnico. Define cómo se organiza un sector clave en la economía venezolana y cómo se relaciona el país con actores externos en ese ámbito.
El texto busca atraer inversión sin desprenderse del control estatal. Intenta abrir espacios al mercado sin modificar de manera explícita la narrativa política que ha predominado en los últimos años.
Queda por ver cómo se aplicarán esas reglas en la práctica. Ahí es donde se definirá si el cambio es solo formal o si realmente transforma el funcionamiento del sector.
Lo que sí parece claro es que la minería dejó de ser un asunto exclusivamente interno. Ahora forma parte de una conversación más amplia, donde confluyen intereses económicos, decisiones políticas y relaciones internacionales.
