La nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump amplía el alcance de las sanciones más allá de funcionarios cubanos e introduce medidas que podrían afectar a actores internacionales que mantengan vínculos económicos con la isla.
Estados U
nidos dio un nuevo paso en su política de presión contra el Gobierno de Cuba. El presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026 una orden ejecutiva que amplía significativamente el régimen de sanciones vigente, al incluir no solo a funcionarios y entidades estatales cubanas, sino también a terceros —incluyendo empresas y bancos extranjeros— que mantengan relaciones con sectores estratégicos de la isla.
La medida se enmarca en la emergencia nacional declarada previamente por Washington frente a lo que considera una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional y política exterior derivada de las acciones del Gobierno cubano.
Sanciones más amplias y con alcance global
Uno de los elementos más relevantes de la orden es la ampliación del espectro de actores susceptibles de sanciones. A partir de ahora, podrán ser objeto de medidas punitivas no solo funcionarios del Gobierno cubano, sino también:
- Empresas que operen en sectores clave como energía, defensa, minería, finanzas o seguridad
- Personas o entidades que hayan brindado apoyo financiero, material o tecnológico al régimen
- Actores vinculados a casos de corrupción o violaciones de derechos humanos en la isla
- Directivos, ejecutivos e incluso familiares de personas sancionadas
Estas sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
Presión directa sobre la banca internacional
El alcance extraterritorial de la orden ejecutiva introduce un factor de presión adicional sobre el sistema financiero global.
El Departamento del Tesoro queda facultado para sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas o entidades sancionadas.
Esto podría traducirse en la restricción o prohibición de acceso al sistema financiero estadounidense, una medida que históricamente ha tenido un fuerte efecto disuasivo sobre bancos internacionales.
Restricciones migratorias y sin previo aviso
La orden también contempla la suspensión de entrada a Estados Unidos para personas vinculadas a las actividades sancionadas, independientemente de su estatus migratorio.
Además, el documento establece que las designaciones podrán realizarse sin notificación previa, argumentando que el aviso anticipado podría permitir el traslado de activos y debilitar la efectividad de las medidas.
Prohibición de donaciones y cierre de brechas
Otro punto clave es la prohibición de donaciones —incluyendo dinero, bienes o servicios— hacia personas sancionadas, al considerar que estas podrían socavar los objetivos de la política de sanciones.
Impacto regional y paralelismos
La orden refuerza una estrategia de presión máxima que Estados Unidos ha aplicado en otros contextos, como Venezuela e Irán, y podría tener implicaciones más allá de Cuba.
En América Latina, donde múltiples empresas y entidades financieras mantienen algún grado de relación con la isla, la medida introduce un nuevo nivel de riesgo reputacional y operativo.
Para analistas, el mensaje es:
Washington busca no solo aislar al Gobierno cubano, sino también disuadir a cualquier actor internacional de sostener vínculos económicos con él.
