El viernes 6 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero volvió a Caracas y fue recibido por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, dos de los principales articuladores del poder chavista. El encuentro, presentado oficialmente como una iniciativa para “impulsar el diálogo”, tuvo lugar en un contexto marcado por negociaciones políticas sensibles, discusiones sobre presos políticos y el intento del poder venezolano de recomponer su imagen internacional.
La escena, sin embargo, no fue una novedad ni un hecho aislado. La presencia de Zapatero en la cúspide del poder venezolano responde a una relación construida durante más de una década, en la que el expresidente español ha pasado de mediador internacional a interlocutor permanente del chavismo. Para entender el alcance real de esta visita reciente, es necesario reconstruir el recorrido político, personal y económico que explica por qué Zapatero sigue siendo recibido en Caracas como un actor de plena confianza.
Durante más de una década, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido presentado ante la opinión pública internacional como una figura incómoda pero necesaria: el político europeo dispuesto a hablar con todos, incluso con los regímenes más cuestionados, en nombre del diálogo, la reconciliación y los derechos humanos. En Venezuela, sin embargo, ese relato se ha ido resquebrajando con el paso del tiempo. Lo que comenzó como una mediación política terminó revelándose como una relación estrecha, funcional y sostenida con el chavismo, marcada por gestos de complicidad, beneficios políticos concretos y una creciente zona gris en materia ética.
Zapatero irrumpe con fuerza en el tablero venezolano a partir de 2015, cuando la crisis institucional ya había dejado de ser un asunto interno para convertirse en una preocupación hemisférica. Desde entonces, su presencia fue constante: viajes recurrentes a Caracas, reuniones privadas con la cúpula del poder, interlocución directa con sectores de la oposición y un discurso público que insistía en la necesidad de acuerdos graduales. Mientras otros actores internacionales endurecían su postura frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, Zapatero optó por una estrategia distinta: permanecer dentro del sistema, aun cuando ese sistema reprimía, encarcelaba y torturaba.
Esa decisión tuvo un costo político evidente. A medida que avanzaban los años, la frontera entre mediación y cercanía comenzó a diluirse. Zapatero dejó de ser percibido como un facilitador externo para convertirse, en la práctica, en un actor integrado al ecosistema del poder chavista. Las imágenes, los encuentros y los gestos públicos así lo reflejan. Ningún episodio ilustra mejor esa intimidad que la relación con Delcy Rodríguez, hoy una de las figuras más influyentes del poder en Venezuela.
La familiaridad entre ambos quedó registrada en actos públicos y registros audiovisuales difundidos por la prensa. En una despedida captada por cámaras, Delcy Rodríguez se dirige a Zapatero con una frase que desbordó cualquier formalismo diplomático: “ciao, mi príncipe”. No se trató de una cortesía protocolar ni de una metáfora política. Fue una expresión personal, cargada de cercanía, que confirmó lo que ya era un secreto a voces en los pasillos del poder: Zapatero no era un visitante ocasional, sino alguien de plena confianza para la dirigencia chavista.
Esa cercanía no quedó confinada al terreno simbólico ni a gestos de afecto captados por las cámaras. Con el paso del tiempo, terminó teniendo consecuencias políticas concretas fuera de Venezuela. La más reveladora se produjo en enero de 2020, en Madrid, en un episodio que expuso hasta qué punto la interlocución con la cúpula chavista había sido normalizada en España: el caso conocido como Delcygate.
El Delcygate: la noche en que España rompió el cerco al chavismo
En la madrugada del 20 de enero de 2020, España protagonizó uno de los episodios diplomáticos más controvertidos de su historia reciente. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro y sancionada por la Unión Europea, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tenía prohibido pisar territorio Schengen. Aun así, fue recibida y atendida durante horas por autoridades españolas en una secuencia de hechos que el Gobierno intentó minimizar, explicar y, durante varios días, negar parcialmente.
El encuentro se produjo en plena madrugada. José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, se desplazó al aeropuerto para reunirse con Delcy Rodríguez en una zona restringida. La versión oficial inicial sostuvo que la vicepresidenta venezolana “no había entrado en España”, que se trató de una mera “escala técnica” y que el ministro acudió para “evitar un incidente diplomático”. Con el paso de las horas y la presión mediática, el relato fue mutando: primero se reconoció la reunión, luego se discutió su duración, después el lugar exacto y finalmente el contenido de la conversación.
Lo que nunca estuvo en duda era el dato central: Delcy Rodríguez figuraba en la lista de altos funcionarios del régimen venezolano sancionados por la Unión Europea desde 2017, con prohibición expresa de entrada y tránsito por territorio comunitario. La sola existencia de una reunión presencial, aun en zona aeroportuaria, representaba una quiebra política del régimen de sanciones, aunque jurídicamente se discutiera si había o no “entrada formal” al país.
El escándalo fue inmediato. La oposición española exigió explicaciones, se abrieron investigaciones parlamentarias y el caso escaló hasta el Tribunal Supremo. Aunque la justicia concluyó que no había base penal suficiente para imputar a Ábalos, el daño político ya estaba hecho. El Delcygate se convirtió en sinónimo de ambigüedad institucional, de diplomacia en la penumbra y de una relación con el chavismo gestionada por canales informales y opacos.
Más allá del aspecto jurídico, el Delcygate dejó al descubierto algo más profundo: la existencia de una política de hecho hacia el régimen venezolano distinta a la política declarada. Mientras España respaldaba oficialmente las sanciones europeas y condenaba las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en la práctica se permitía que una de las figuras más poderosas del chavismo encontrara interlocución directa en Madrid.
En ese punto, el episodio no puede analizarse como un acto aislado ni como una iniciativa personal de un ministro. Ocurrió dentro de un ecosistema político previamente construido, donde la interlocución con el chavismo había sido normalizada durante años. En ese marco, José Luis Rodríguez Zapatero aparece como una figura clave, aunque no operativa.
Zapatero no estuvo en Barajas aquella noche. No organizó el vuelo ni participó en la reunión. Pero durante años había sido el principal interlocutor político del chavismo en España, el puente informal con Europa y la voz que defendía el diálogo con Caracas incluso en los momentos de mayor represión. Su cercanía pública y personal con Delcy Rodríguez —documentada mucho antes del Delcygate— contribuyó a construir un clima en el que la presencia de una dirigente sancionada dejaba de ser impensable para convertirse en “gestionable”.
El Delcygate fue, en ese sentido, la consecuencia visible de una relación previamente legitimada. No fue necesario que Zapatero interviniera directamente para que ocurriera. Bastó con que existiera una red política, una narrativa de normalización y una tolerancia tácita hacia el régimen venezolano. Delcy Rodríguez no llegó a España como una figura aislada, sino como alguien que ya tenía canales abiertos, confianza construida y precedentes de trato directo con sectores influyentes del poder español.
Casi seis años después, el Delcygate sigue siendo un punto de referencia obligado para entender la política española hacia Venezuela. No por lo que se resolvió en los tribunales, sino por lo que reveló: que las sanciones podían flexibilizarse en la práctica, que las líneas rojas eran negociables y que el chavismo contaba con aliados dispuestos a abrirle puertas incluso cuando oficialmente estaban cerradas.
En retrospectiva, aquella madrugada en Barajas no fue un error administrativo ni un malentendido diplomático. Fue una señal. La confirmación de que, bajo el discurso formal de defensa de los derechos humanos, existía una diplomacia paralela con el régimen venezolano. Y el Delcygate fue la escena en la que esa realidad quedó expuesta ante la opinión pública.
En paralelo, el expresidente español construyó su principal activo discursivo: el de gestor de liberaciones. Durante años, su nombre fue asociado a excarcelaciones puntuales de presos políticos, especialmente ciudadanos europeos. En enero de 2026, tras la salida de Nicolás Maduro del poder, una nueva ola de liberaciones volvió a ubicar a Zapatero en el centro del relato. Medios europeos hablaron de su “trabajo discreto”, de llamadas silenciosas, de negociaciones complejas realizadas a puertas cerradas.
Sin embargo, ese relato comenzó a ser cuestionado desde dentro de las propias víctimas. Organizaciones de derechos humanos y ex presos políticos han señalado que esas liberaciones no respondieron a criterios universales ni transparentes, sino a una lógica selectiva, funcional al régimen. Algunos salían, muchos otros permanecían tras las rejas. Y en varios casos, la libertad habría tenido un precio adicional: el silencio.
El testimonio más contundente en ese sentido es el de Lorent Saleh, ex preso político y activista venezolano. Saleh ha denunciado públicamente que, durante su encarcelamiento, Zapatero presionó a su madre para que dejara de denunciar las torturas y abusos que él sufría si quería que intercediera por su liberación. No se trata de una acusación menor. Saleh habla de llamadas directas, de advertencias explícitas, de una mediación que —según su relato— operaba más como control del daño reputacional del régimen que como defensa real de los derechos humanos.
Ese señalamiento no quedó en una referencia aislada ni en una denuncia formulada en privado. Lorent Saleh lo ha reiterado públicamente, con nombre y apellido, en distintos espacios, desafiando a José Luis Rodríguez Zapatero a desmentirlo. En uno de esos pronunciamientos, difundido en redes sociales por el programa Brújula Cero de Onda, Saleh va más allá y formula una acusación directa sobre el uso político —y económico— del sufrimiento de los presos venezolanos.
La acusación es de una gravedad extrema. Saleh no habla como analista ni como adversario ideológico, sino como víctima directa de uno de los aparatos represivos más denunciados del continente. Al afirmar que Zapatero “hizo de la tragedia y del sufrimiento venezolano un negocio”, introduce una dimensión que atraviesa todo este reportaje: la posibilidad de que la mediación humanitaria haya servido no solo para administrar silencios y liberar selectivamente a algunos presos, sino también para construir capital político, simbólico —y eventualmente económico— alrededor del dolor ajeno.
En ese punto, el papel de Zapatero adquiere un matiz inquietante: no solo habría negociado libertades, sino también silencios. No solo habría hablado con carceleros, sino que habría contribuido a administrar políticamente la represión.
La cercanía del expresidente español con el chavismo no se limitó al terreno político y humanitario. También quedó reflejada en conversaciones privadas con aliados regionales del régimen. En una entrevista grabada, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba relató una conversación directa con Zapatero que resulta especialmente reveladora. En ese diálogo, Córdoba describe sin rodeos la existencia de un esquema de explotación minera paralelo al Estado venezolano.
“Se lo dije a Rodríguez Zapatero… a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá”, afirma Córdoba en el video, agregando que incluso habían adquirido implementos de minería en China y que ya estaban explotando esos recursos.
La frase es explosiva no por lo que prueba jurídicamente, sino por lo que revela políticamente. Zapatero aparece allí no como un mediador ingenuo, sino como un interlocutor al que se le hablaba abiertamente de estructuras económicas opacas, de flujos de dinero fuera del circuito nacional y de un sistema de financiamiento paralelo del poder chavista. Es decir, alguien que sabía.
Ese conocimiento previo sobre las estructuras económicas del chavismo no quedó circunscrito al plano de las conversaciones políticas ni a diagnósticos compartidos en privado. Con el tiempo, comenzó a proyectarse en el terreno más sensible de todos: el financiero. Es en ese punto donde la figura de José Luis Rodríguez Zapatero deja de ser solo la de un mediador político para entrar en una zona aún más delicada, vinculada a negocios, consultorías y operaciones económicas que hoy son objeto de investigación judicial en España. El caso más emblemático de ese tránsito es el de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas.
La salida del presidente electo y la mediación que volvió a unir a Zapatero con la cúpula chavista
José Luis Rodríguez Zapatero confirmó que participó en la “tarea de facilitación” para que Edmundo González, presidente electo en los comicios de 2024, pudiera abandonar Venezuela y viajar a España. La intervención del expresidente español se produjo en un momento de alta tensión política, cuando González se encontraba bajo resguardo en la sede diplomática española en Caracas tras el proceso electoral.
De acuerdo con reconstrucciones periodísticas, ese proceso se articuló en torno a la Embajada de España en Caracas y contó con la participación directa de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, dos de los principales operadores políticos del chavismo. La presencia simultánea del presidente electo y de altos representantes del régimen en una sede diplomática extranjera convirtió la operación en un episodio de enorme sensibilidad política.
Según diversas fuentes, durante esas negociaciones se produjeron reuniones y la firma de documentos dentro de la embajada, hechos que posteriormente dieron lugar a denuncias públicas del propio González. El presidente electo afirmó haber sido sometido a presiones y coacciones para aceptar determinados términos como condición para autorizar su salida del país.
La partida de González se concretó en septiembre de 2024 y fue presentada oficialmente como una medida para garantizar su seguridad y permitirle solicitar asilo en España. Sin embargo, la forma en que se produjo —con la mediación de Zapatero y la participación directa de figuras centrales del chavismo en territorio diplomático español— añadió un nuevo elemento de controversia sobre el papel del expresidente español y la naturaleza real de su interlocución con el poder venezolano.
Plus Ultra: el rescate que abrió la puerta al dinero venezolano en España
El rescate de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la gestión de fondos públicos en España durante la pandemia y, con el paso del tiempo, en una pieza clave para entender la relación política y económica entre sectores del poder español y el chavismo. Lo que comenzó como una operación presentada como “estratégica” terminó derivando en investigaciones policiales, detenciones y sospechas de blanqueo de capitales con ramificaciones internacionales.
En marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La decisión sorprendió desde el primer momento. Plus Ultra era una aerolínea pequeña, con una flota limitada, una cuota marginal del mercado español y una situación financiera muy deteriorada incluso antes de la pandemia. A diferencia de otras compañías del sector, no cumplía de forma evidente los criterios de “estrategicidad” que justificaban el uso de recursos públicos.
La polémica no tardó en crecer cuando se conoció la composición accionarial de la aerolínea. Plus Ultra mantenía vínculos históricos con capital venezolano y con empresarios próximos al entorno del chavismo. Aunque el Gobierno defendió que la operación cumplía con todos los requisitos legales, la oposición denunció desde el inicio que el rescate respondía más a consideraciones políticas que a una evaluación técnica de viabilidad.
Durante los primeros años, la causa judicial abierta por el rescate fue archivada en el ámbito administrativo. Sin embargo, el caso dio un giro decisivo en diciembre de 2025, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional reactivó la investigación desde una perspectiva penal. Agentes registraron instalaciones vinculadas a la aerolínea y detuvieron a varios de sus principales directivos, incluidos el presidente y el consejero delegado, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida y administración desleal.
El foco de la investigación se desplazó entonces del rescate en sí mismo a la ruta del dinero. Los investigadores comenzaron a rastrear qué ocurrió con los 53 millones de euros, cómo se movieron esos fondos y si fueron utilizados para fines distintos a los declarados. Una de las hipótesis que cobró fuerza fue la existencia de una red financiera internacional que habría aprovechado la ayuda pública para canalizar capitales de origen venezolano y darles apariencia de legalidad en Europa.
Es en ese contexto donde aparece el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente español no figura como accionista ni como directivo de Plus Ultra, ni ha sido imputado en la causa. Sin embargo, su entorno económico y profesional quedó vinculado a empresas y empresarios bajo investigación, lo que abrió un nuevo frente político y mediático.
Diversas informaciones periodísticas revelaron que empresarios relacionados con el entramado de Plus Ultra contrataron servicios de consultoría y comunicación a empresas del círculo cercano de Zapatero, en particular a la agencia de comunicación de sus hijas. El propio Zapatero reconoció haber cobrado importantes sumas por trabajos de consultoría privada, que defendió como completamente legales y desvinculados del rescate. Según sus declaraciones, se trató de asesorías internacionales realizadas a título personal, sin relación con decisiones gubernamentales.
Desde la apertura de investigaciones sobre Plus Ultra, también han surgido reportes de prensa que mencionan consultorías y pagos realizados por empresas vinculadas al presidente de la aerolínea a una sociedad vinculada al entorno de Zapatero, aunque el propio expresidente ha negado cualquier mediación directa en la ayuda estatal y defendió la legalidad de sus actividades privadas.
La defensa formal no disipó las dudas de fondo. El problema no es solo jurídico, sino ético y político. Mientras Zapatero actuaba como mediador privilegiado con el chavismo y defendía públicamente el diálogo con Caracas, su entorno económico mantenía relaciones contractuales con empresarios vinculados a ese mismo universo político y financiero. Esa doble condición —interlocutor político y beneficiario indirecto de relaciones económicas asociadas al chavismo— debilitó de manera significativa su papel como figura neutral.
El caso Plus Ultra también puso bajo escrutinio la actuación del Estado español. La UDEF investiga si la aerolínea carecía de capacidad real para devolver el dinero público, lo que refuerza la sospecha de que el rescate no solo fue innecesario, sino que pudo servir como vehículo para operaciones financieras opacas. En otras palabras, la ayuda estatal habría funcionado como una puerta de entrada para capitales que buscaban blanquearse en Europa bajo el amparo de una empresa formalmente española.
A nivel político, el escándalo tuvo consecuencias inmediatas. Partidos de la oposición reactivaron acciones judiciales y acusaciones parlamentarias, señalando directamente a Zapatero como una figura “determinante” en el clima político que hizo posible el rescate, aunque sin atribuirle responsabilidad penal directa. El expresidente respondió negando cualquier intervención en la decisión y acusando a sus críticos de instrumentalizar su nombre.
Con las detenciones de finales de 2025, el caso dejó de ser un debate político para convertirse en una investigación criminal en curso. La justicia española intenta ahora determinar si Plus Ultra fue simplemente una aerolínea mal gestionada que recibió una ayuda injustificada o si, por el contrario, fue una pieza dentro de una red de blanqueo de capitales con conexiones internacionales, entre ellas Venezuela.
Cinco años después del rescate, Plus Ultra se ha transformado en un símbolo incómodo. No solo del uso discrecional de fondos públicos, sino de cómo las relaciones políticas con el chavismo encontraron en España un terreno fértil para operaciones económicas opacas. Y aunque José Luis Rodríguez Zapatero no esté formalmente acusado, su figura aparece una y otra vez como parte del contexto que permitió que esas relaciones se desarrollaran sin levantar alarmas a tiempo.
El caso sigue abierto. Lo que ya es evidente es que Plus Ultra dejó de ser una aerolínea para convertirse en un expediente político y judicial que conecta dinero, poder y diplomacia paralela. Y en ese cruce de caminos, el nombre de Zapatero permanece, al menos, como una sombra persistente.
Zapatero ha reconocido haber cobrado importantes sumas por trabajos de consultoría privada, que defiende como legales. Nadie discute el derecho a cobrar honorarios. La pregunta es otra: ¿puede alguien que asesora, directa o indirectamente, a estructuras vinculadas al chavismo presentarse al mismo tiempo como árbitro moral en un país donde ese poder comete violaciones sistemáticas de derechos humanos?
El chavismo, sin duda, obtuvo beneficios claros de esta relación. La figura de un expresidente europeo dispuesto a dialogar, a relativizar denuncias y a presentar procesos de liberación parciales como avances estructurales contribuyó a suavizar la imagen internacional del régimen. Zapatero fue, en la práctica, un instrumento de legitimación externa, una voz amable que permitió al poder venezolano ganar tiempo, oxígeno político y margen de maniobra.
A estas alturas, la pregunta ya no es si Zapatero ayudó a liberar presos —algunos, sin duda—, sino a qué costo. Si su mediación contribuyó a la justicia o si, por el contrario, ayudó a hacer la represión más administrable y menos visible. Si fue un defensor de derechos humanos o un colaborador eficaz del chavismo bajo el disfraz del diálogo.
En ese nuevo contexto político, la posición pública de José Luis Rodríguez Zapatero también ha comenzado a ajustarse. Durante su reciente visita a Caracas, el expresidente español fue recibido en el Palacio de Miraflores por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. En medio de ese encuentro, Zapatero sostuvo un intercambio con la prensa que resulta especialmente revelador.
Consultado por la corresponsal de CNN en Español en Caracas, Osmary Hernández, sobre las críticas a su rol como mediador y acompañante internacional —en particular aquellas que cuestionan su falta de neutralidad y su cercanía con el gobierno venezolano—, Zapatero respondió apelando a una justificación de carácter moral. Señaló que su vínculo con Venezuela ha estado motivado por evitar que “se pierdan vidas” y que, a su juicio, la confrontación política termina provocando sufrimiento innecesario en la población.
La respuesta contrasta con el recorrido documentado en este reportaje. Durante años, Zapatero ha mantenido y consolidado vínculos políticos directos con la cúpula del chavismo, relaciones económicas a través de su entorno y una interlocución privilegiada con figuras centrales del poder venezolano. Ese historial no fue presentado como un problema mientras el chavismo ejercía el control absoluto del Estado y la represión marcaba el ritmo de la vida política.
Hoy, con Nicolás Maduro fuera del poder y Venezuela bajo una nueva tutela internacional encabezada por Washington, el discurso cambia. La apelación a “que la gente no sufra” sustituye cualquier referencia a responsabilidades concretas, decisiones pasadas o alianzas sostenidas. No es una negación de los hechos, sino una relectura del propio rol en función de una realidad política distinta.
El Zapatero que habló el viernes en Miraflores no es un actor nuevo en Venezuela. Es el mismo que durante más de una década fue parte del ecosistema de poder chavista, ahora expresándose en un escenario donde el lenguaje, las prioridades y los equilibrios han cambiado. El contraste entre ese pasado y el discurso actual queda a la vista. La interpretación final corresponde al lector.
Venezuela no necesitaba príncipes. Necesitaba justicia, verdad y reparación. Y la historia que hoy puede reconstruirse con testimonios, videos, investigaciones judiciales y gestos públicos sugiere que José Luis Rodríguez Zapatero eligió el lado del poder, no el de las víctimas.
