Washington volvió a mover las piezas, pero sin hacer ruido. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este 19 de marzo la Licencia General 5V, con la que extiende hasta el 5 de mayo de 2026 la prohibición de ejecutar las acciones de CITGO comprometidas como garantía del bono PDVSA 2020. Sin embargo, más que una simple prórroga, la medida confirma algo más profundo: ninguna decisión sobre el destino del activo más importante de Venezuela en el exterior se tomará sin la aprobación directa de Estados Unidos.
“A partir del 5 de mayo de 2026, se autorizan todas las transacciones relacionadas con el bono Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 con cupón de 8,5%.”
La licencia, que sustituye a su versión previa (5U), mantiene congelada la posibilidad de que los tenedores del bono 2020 avancen sobre el colateral —acciones de CITGO—, a pesar de que ese derecho existe contractualmente. En términos prácticos, la OFAC vuelve a aplazar el momento en que esos acreedores podrían intentar ejecutar la garantía, al tiempo que deja abierta la puerta a nuevas extensiones o decisiones discrecionales .
“Esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad que esté prohibida por las Regulaciones de Sanciones a Venezuela u otras disposiciones del capítulo 31 del Código de Regulaciones Federales.”
Pero la clave no está únicamente en la GL 5V. Un día antes, el propio Tesoro había dejado aún más claro el marco real de control. En la actualización del FAQ 1246, OFAC estableció que incluso en el caso Crystallex —uno de los procesos judiciales más avanzados contra activos venezolanos— cualquier venta de acciones de CITGO requerirá una licencia específica. Es decir, ni siquiera una orden judicial es suficiente para ejecutar.
“No existe actualmente ninguna autorización vigente […] aplicable a los tenedores del bono PDVSA 2020 con cupón de 8,5%.”
Ver: Ni con la nueva licencia: Crystallex sigue sin poder tocar Citgo
Ese detalle modifica sustancialmente el escenario
Durante años, el debate sobre CITGO ha girado en torno a litigios en tribunales estadounidenses, derechos de acreedores y jerarquías de pago. Sin embargo, la posición actual de OFAC deja claro que ese marco es, en el mejor de los casos, incompleto. La arquitectura real de decisión no está en Delaware ni en los contratos de deuda, sino en Washington.
“Las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de CITGO […] están prohibidas, salvo que sean específicamente autorizadas por OFAC.”
En ese contexto, la GL 5V adquiere otro significado. No es una señal de apertura ni de endurecimiento, sino una pieza dentro de un sistema más amplio de control. Mientras la licencia ordena el calendario de un grupo específico —los bonistas del PDVSA 2020—, el principio establecido en el FAQ 1246 se impone sobre todos los actores: ninguna transferencia, ejecución o acuerdo que implique activos bloqueados podrá concretarse sin autorización expresa del gobierno estadounidense.
“OFAC alienta a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política favorable para otorgarla en el caso de un acuerdo de este tipo.”
El mensaje es inequívoco. Ni los bonistas, ni Crystallex, ni ningún otro acreedor tienen hoy la capacidad de forzar un desenlace.
“Se requerirá una licencia específica antes de que se ejecute cualquier venta en el caso Crystallex.”
Esto ocurre en un momento particularmente sensible para Venezuela, donde el control político interno sigue en reconfiguración y el frente externo —incluidos los procesos judiciales sobre CITGO— permanece abierto. En ese escenario, permitir una ejecución desordenada podría fragmentar el activo, generar conflictos entre acreedores y reducir el margen de maniobra para cualquier eventual reestructuración.
OFAC parece estar evitando precisamente eso.
De hecho, en la actualización del FAQ 595, el Tesoro no solo explica el alcance de la licencia, sino que deja entrever su preferencia: acuerdos de reestructuración o refinanciamiento que requerirían, nuevamente, su visto bueno. La señal es sutil, pero consistente con el resto del andamiaje regulatorio.
Más que habilitar acciones, Washington está delimitando el terreno.
La combinación de instrumentos —licencias generales que difieren decisiones y la exigencia de autorizaciones específicas para cualquier ejecución— configura un modelo de control total sobre el activo. En la práctica, CITGO no está en manos de los tribunales ni de los acreedores, sino sujeta a una supervisión política y financiera directa.
Así, la pregunta ya no es cuándo se ejecutará CITGO, sino bajo qué condiciones y con qué aprobación.
Por ahora, la respuesta sigue siendo la misma: ninguna sin Washington.
