Estados Unidos dio este martes uno de los movimientos más delicados —y reveladores— dentro de su política de sanciones hacia Venezuela: autorizó a empresas negociar directamente con el Estado venezolano y, al mismo tiempo, abrió un canal para operaciones financieras con instituciones clave como el Banco Central. No es un levantamiento de sanciones. Es algo más complejo: la construcción de un sistema donde los negocios pueden prepararse y comenzar a tomar forma, pero siguen dependiendo, en última instancia, de la aprobación de Washington.
La decisión se materializó en dos nuevas licencias emitidas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control). La primera, la número 56, permite avanzar en negociaciones comerciales con el Gobierno de Venezuela; la segunda, la 57, autoriza una amplia gama de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos del país.
Leídas por separado, ambas decisiones parecen técnicas. Pero en conjunto revelan un cambio de fondo: Estados Unidos no solo está permitiendo que se diseñen negocios con Venezuela, sino que empieza a habilitar —aunque de forma parcial— el camino para que el dinero de esas operaciones pueda existir y moverse.
La Licencia 56 es, en esencia, una autorización para negociar. Permite que empresas extranjeras se sienten con el Gobierno venezolano, presenten propuestas, participen en procesos de contratación y firmen acuerdos preliminares. Incluso admite instrumentos más formales, como memorandos vinculantes o contratos listos para ejecutarse. Pero todo queda condicionado a una aprobación posterior. Ningún acuerdo puede ponerse en marcha sin una nueva luz verde de la propia oficina estadounidense.
El alcance de esa autorización es más profundo de lo que parece. Hasta ahora, muchas de estas conversaciones estaban limitadas o simplemente no ocurrían por el riesgo legal. Con esta licencia, ese obstáculo desaparece. Una empresa puede hoy estructurar completamente un negocio en Venezuela —definir términos, socios, condiciones— y dejarlo listo. Lo único que no puede hacer es activarlo.
La diferencia es crucial. No se trata de permitir operaciones, sino de reducir el tiempo entre la decisión política y su ejecución. Cuando —y si— llegue una autorización más amplia, esos negocios ya no tendrán que empezar desde cero.
Pero la otra mitad del movimiento está en la Licencia 57. Ahí es donde el esquema comienza a tomar una dimensión más estructural.
Por primera vez en este ciclo de flexibilizaciones, Estados Unidos autoriza de forma amplia servicios financieros hacia instituciones centrales del sistema venezolano, incluyendo al Banco Central de Venezuela, así como a bancos públicos como el Banco de Venezuela o el Banco del Tesoro. La definición de esos servicios es deliberadamente extensa: abarca desde transferencias y manejo de cuentas hasta pagos, préstamos, operaciones en dólares, uso de tarjetas, servicios digitales y procesamiento de nómina.
En términos simples, se empieza a abrir el circuito por donde el dinero puede circular.
Ese punto conecta directamente con uno de los principales problemas que ha enfrentado la economía venezolana en los últimos años. No se trataba solo de producir petróleo o extraer oro, sino de convertir esos recursos en ingresos utilizables y, sobre todo, de hacer que esos ingresos pudieran entrar y moverse dentro del sistema económico formal. Sin canales financieros operativos, buena parte de ese dinero quedaba atrapado o tenía que circular por vías complejas y opacas.
La nueva licencia no resuelve completamente ese problema, pero introduce un cambio significativo: permite que ciertas operaciones puedan apoyarse en instituciones que son, precisamente, las encargadas de canalizar el dinero dentro del país.
El propio diseño de las medidas muestra hasta qué punto Washington está administrando cada paso. El mismo día, la oficina emitió una aclaratoria sobre las obligaciones de reporte asociadas a este tipo de licencias. En ella establece que la responsabilidad de informar recae en quienes ejecutan la actividad principal autorizada —por ejemplo, una empresa que produce o presta un servicio—, mientras que los intermediarios financieros que solo procesan los pagos no tienen esa carga en la mayoría de los casos.
Ese detalle técnico tiene implicaciones prácticas importantes. Reduce la fricción para que bancos y operadores participen en estas transacciones y, al mismo tiempo, concentra la supervisión en quienes realmente están desarrollando el negocio.
Nada de esto ocurre en el vacío. Las nuevas licencias se insertan en una secuencia que Estados Unidos ha venido construyendo desde comienzos de este año. Primero autorizó operaciones vinculadas al petróleo y al gas. Luego amplió el esquema hacia el sector minero, incluyendo el oro. Más adelante permitió negociar inversiones y contratos en esos sectores. Ahora, con las licencias 56 y 57, completa dos piezas que faltaban: la posibilidad de negociar directamente con el Estado venezolano y la apertura parcial del sistema financiero.
Vista en perspectiva, la estrategia es coherente. Estados Unidos no elimina las sanciones, pero define con precisión creciente qué actividades se pueden realizar, quién puede hacerlas y bajo qué condiciones.
Al mismo tiempo, mantiene límites claros que delinean el alcance real de la apertura. Siguen prohibidas las operaciones con personas sancionadas, el uso de activos congelados, los pagos en oro o en monedas digitales emitidas por el propio Gobierno venezolano, y las transacciones que involucren a actores vinculados a países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como ciertas estructuras relacionadas con China.
Ese equilibrio —apertura operativa con control político— es el rasgo central del modelo que se está consolidando.
Si se conecta este movimiento con lo que ya venía ocurriendo en sectores como el oro, donde se ha buscado no solo permitir la comercialización sino también ordenar el flujo de ingresos, la dirección se vuelve más clara. Lo que está en juego ya no es únicamente la producción de recursos, sino la arquitectura completa que permite que esos recursos se transformen en dinero y que ese dinero pueda circular.
Las licencias anunciadas este martes no representan un cambio abrupto. Son, más bien, un ajuste fino dentro de un sistema que se está rediseñando en tiempo real.
Un sistema en el que Venezuela empieza a reinsertarse en ciertos circuitos económicos internacionales, pero bajo reglas que siguen siendo definidas, monitoreadas y, en última instancia, controladas desde Washington.
