El 23 de febrero, desde su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que habló de “la persistencia del fraude electoral en Colombia”. No fue una declaración ambigua. Señaló empresas, mencionó una sentencia del Consejo de Estado, habló de “iteraciones de algoritmos” en 4.200 mesas y aseguró tener en su poder pruebas de que en 2022 se intentó alterar el resultado en su contra.
El mensaje, escrito con la premura y los habituales errores ortográficos que caracterizan su comunicación digital, instaló una idea de fondo: que el sistema de preconteo y escrutinio estaría estructuralmente comprometido y que, de no mediar vigilancia masiva de testigos electorales, podría repetirse un fraude en los próximos comicios.
Colombia se encamina a dos procesos electorales de enorme peso político: las elecciones legislativas y las presidenciales de 2026. En ese contexto, la afirmación del jefe de Estado no es menor. Por eso conviene ir punto por punto.
Petro abrió su hilo recordando la sentencia del Consejo de Estado sobre las elecciones al Senado de 2014, en el caso del partido MIRA. Es cierto que ese alto tribunal reconoció irregularidades en el escrutinio que afectaron a esa colectividad y ordenó la corrección de curules. Pero el fallo no declaró la existencia de un fraude estructural del sistema electoral colombiano. Se trató de inconsistencias específicas en actas y consolidación de datos, que fueron revisadas dentro del marco judicial previsto por la ley.
A partir de ese antecedente, el presidente sostiene que el “software de preconteo” actual sería el mismo que operó entonces y que existiría un desacato a lo ordenado por el Consejo de Estado. También cuestiona que empresas privadas —entre ellas ASD, vinculada a la estructura empresarial de Thomas Greg & Sons— participen en la logística electoral.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió de forma pública. El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la legalidad de la contratación, explicó que los procesos se adelantan mediante licitación pública y recordó que el preconteo es un mecanismo informativo, mientras que los resultados oficiales surgen del escrutinio judicial realizado por comisiones escrutadoras. También insistió en que el software y los procedimientos son auditables por los partidos políticos y los organismos de control.
La entidad ha señalado que en elecciones recientes la coincidencia entre preconteo y escrutinio definitivo ha sido superior al 99 %, una cifra que no excluye errores puntuales, pero que contradice la idea de una manipulación masiva automatizada.
El presidente fue más allá. Afirmó que en 2022, en Pereira, alrededor de 600 personas contratadas habrían llenado formularios con datos transmitidos por llamadas telefónicas, incluso antes del cierre de votación, y que esos documentos eran trasladados sin conocimiento de los operadores. También habló de “iteraciones de algoritmos” que habrían afectado 4.200 mesas y restado 400.000 votos al Pacto Histórico.
Hasta ahora, esas afirmaciones no han sido acompañadas de un expediente público que permita verificar mesa por mesa la supuesta alteración. No existe una decisión judicial que haya acreditado la manipulación de 4.200 mesas en la elección presidencial de 2022. Tampoco hay un fallo que certifique que se alteraron 400.000 votos mediante procesos informáticos.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación indicó que no ha encontrado evidencias que respalden la tesis de un fraude estructural. El procurador Gregorio Eljach, ternado por el propio presidente, señaló públicamente que no existen pruebas verificadas que sustenten las denuncias y expresó preocupación por la reiteración de acusaciones sin soporte técnico. Sus declaraciones marcaron distancia frente al discurso presidencial y dejaron ver inquietud por el impacto institucional de tales afirmaciones.
La Contraloría General de la República, por su parte, ha ejercido control fiscal sobre la contratación electoral, pero no ha emitido hallazgos que acrediten la existencia de un fraude masivo vinculado al software o a la logística contratada.
Mientras el presidente advierte sobre un sistema presuntamente diseñado para alterar resultados, otro frente institucional sigue abierto: el Consejo Nacional Electoral adelanta una investigación formal contra la campaña presidencial de 2022 por posibles irregularidades en la financiación y eventual superación de los topes legales de gasto.
Esa investigación no implica culpabilidad ni sanción definitiva, pero sí coloca al movimiento político del presidente bajo escrutinio por presunta violación de normas electorales. El contraste resulta inevitable: quien denuncia la vulnerabilidad del sistema enfrenta al mismo tiempo cuestionamientos dentro de ese sistema.
Hay además un dato político que completa el cuadro. El modelo electoral que hoy se cuestiona es el mismo bajo el cual Petro creció electoralmente desde 2010 hasta alcanzar la presidencia en 2022. No existe declaración judicial que haya invalidado su triunfo. Tampoco un informe internacional que haya calificado esa elección como fraudulenta.
Las denuncias sobre fraude no son nuevas en su discurso. Las ha mencionado en distintas coyunturas, incluso después de haber ganado procesos electorales. En un país que se aproxima a elecciones legislativas y presidenciales decisivas, la reiteración de esa narrativa introduce un elemento de tensión: anticipa dudas sobre la legitimidad de resultados futuros, que podrían ser desconocidos por quien hoy ocupa la primera magistratura del país.
Si las pruebas anunciadas existen —mesa por mesa, con trazabilidad técnica— corresponderá a las autoridades judiciales y electorales valorarlas. Hasta ahora, lo que se conoce públicamente son afirmaciones políticas y respuestas institucionales que las contradicen.
Colombia entra en un ciclo electoral determinante. La fortaleza o el desgaste de la confianza ciudadana en las urnas dependerá no solo de la transparencia técnica del proceso, sino también del peso de las palabras que circulen antes de que los ciudadanos vuelvan a votar.
